No habían pasado 24 horas desde que los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica acordaran un plazo de sesenta días para definir cómo se hará la vigilancia conjunta de la papelera UPM (ex Botnia), cuando el canciller uruguayo, Luis Almagro, salió a aclarar que su gobierno “no permitirá el ingreso a la planta para monitorearla”. El argumento es que se trata de “un tema de soberanía”.

Almagro hizo declaraciones a la radio El Espectador, de Montevideo. “Nuestra posición tiene una firmeza mayor en cuanto a no permitir el ingreso a la planta para monitorearla”, dijo, taxativo. Al mismo tiempo, puso en potencial la realización de un control compartido. “En los próximos sesenta días vamos a tener que sentarnos los dos cancilleres, con el fin de ver si tenemos la posibilidad de un trabajo común que nos permita el monitoreo de acuerdo con como lo entendemos uno y otro.”

El canciller ya había rechazado la propuesta de que los técnicos de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) tomen muestras de los efluentes de la papelera en el lugar donde el caño vertedero los vuelca al río. Ayer, la sorpresa fue que Almagro insistiera en esa posición justo un día después de que los presidentes se reunieran, en lo que se supone una demostración de buena voluntad para destrabar el conflicto.

Para los integrantes de la asamblea de Gualeguaychú, la postura es un indicador de que los funcionarios uruguayos “saben que Botnia contamina”. Así lo señaló Oscar Bargas: “Lo que rescatamos (del encuentro entre Cristina Kirchner y José “Pepe” Mujica) es lo que hablaron de que hay que controlar a Botnia, que hay que controlar el río Uruguay, aunque pareciera que Uruguay no interpreta de la misma manera el fallo de La Haya”, señaló. Y consideró que “Botnia no admite un control desde adentro porque si a cuatro kilómetros hemos encontrado lo que se ha encontrado, cuando se empiece a analizar lo que sale de la chimenea y los efluentes que tira al río no va a resistir los análisis de contaminación. Significaría la tarjeta roja”.

Del lado del gobierno argentino, mientras tanto, hubo un visible cambio frente al corte del puente internacional San Martín. Si bien el martes la Presidenta volvió a decir que “la represión no es la solución” para despejar la ruta, ayer dos funcionarios de la primera línea del Gobierno salieron a decir que “si la Justicia actúa” se podrá levantar el bloqueo. El primero en señalarlo fue el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien afirmó que se podrá resolver el bloqueo “si la Justicia actúa en consecuencia”, es decir si aparece un juez que dé la orden de desalojo. “No creo que tengamos que lastimar al prójimo para cumplir con una orden de la Justicia”, agregó Fernández, al confirmar que el Gobierno actuará en caso de que haya un fallo judicial que ordene el levantamiento del corte.

También habló del tema el ministro de Interior, Florencio Randa-zzo. Consideró que es tiempo de “normalizar la situación con mucha inteligencia, responsabilidad, entendiendo que hubo un fallo de (el Tribunal Internacional de) La Haya, que estamos frente a una nueva realidad, frente a un nuevo presidente uruguayo, y que debemos ir inteligentemente normalizando esta situación”.

Randazzo recordó que “hay muchos ciudadanos que están en contra del corte y que han hecho denuncias a la Justicia para que intervenga en su levantamiento”. Al ser consultado sobre qué actitud asumiría la Gendarmería en caso de que la Justicia ordenara el desalojo de la ruta, Randazzo respondió que “debería cumplir con la orden judicial”, aunque destacó la necesidad de “ser prudente”. “Hay que ser respetuoso de las órdenes que emanan de la Justicia y lo suficientemente inteligente para no derivar en un conflicto aún mayor –advirtió–. No es el camino terminar en un conflicto con lastimados y heridos.”