Con la lectura del requerimiento fiscal de elevación a juicio comenzó ayer en Chaco el proceso oral y público por la Masacre de Margarita Belén, ocurrida el 13 de diciembre de 1976, cuando un grupo de oficiales del Ejército Argentino arrancó de la cárcel y fusiló en un paraje de la ruta 11 a una veintena de militantes políticos. Familiares de las víctimas y miembros de organizaciones sociales y estudiantiles colmaron la sala de audiencias, otra sala contigua y también la calle, donde el Tribunal Oral Federal de Resistencia instaló pantallas para seguir el proceso. La nota de color la aportó el abogado y ex defensor oficial Carlos Martín Pujol, quien primero fracasó en su intento de postergar el inicio del juicio y luego fue echado de la sala por el tribunal, porque tiene una condena firme por estafar a un cliente. En solidaridad con los imputados estuvo presente en Resistencia la apologista del genocidio Cecilia Pando, quien luego de afirmar que “los crímenes de lesa humanidad no existen”, no soportó la lectura del requerimiento y durmió una larga siesta.

El rol protagónico le cupo ayer a Pujol, quien como defensor oficial en la etapa de instrucción presentó un famoso hábeas corpus que les permitió recuperar la libertad a los imputados y derivó en un juicio político a los camaristas chaqueños. Poco después de las nueve, el abogado pidió la palabra para decir que acababa de asumir la defensa de cuatro acusados y reclamó la suspensión del juicio para poder “conocer el expediente”. Con criterio práctico, el tribunal le advirtió que lo conocía de memoria y que podría repasarlo mientras continuara la lectura de la elevación.

A las cuatro de la tarde, tras el cuarto intermedio para el almuerzo, Pujol volvió a la carga: planteó que en realidad no había aceptado aún el cargo de defensor y que se tomaría “unos días” para hacerlo. La advertencia generó la inmediata reacción del fiscal general Javier de Luca, quien viajó a Chaco para respaldar a sus colegas luego de obtener la condena de Bignone & Cía. por crímenes en Campo de Mayo. De Luca exigió en primer término que si Pujol no era defensor no volviera a hacer uso de la palabra. Luego, alertado por los fiscales chaqueños, recordó que Pujol tiene una condena firme del Superior Tribunal de la provincia por robarle una indemnización a un cliente y, en base al antiquísimo artículo 364 del Código Procesal Penal, recordó que como condenado no podía presenciar la audiencia. El papelón concluyó con Pujol mudo, saliendo de la sala por una puerta lateral ante la mirada atónita de los imputados, que por el momento seguirán en manos del defensor oficial Juan Manuel Costilla.

La audiencia inicial del juicio, que continuará hoy, se desarrolló durante casi siete horas, con un cuarto intermedio de tres. El único episodio para lamentar tuvo lugar al mediodía, cuando la policía provincial avanzó a empujones con sus escudos para dispersar a los manifestantes que intentaron acercarse al camión del Servicio Penitenciario Federal que trasladó a los imputados a almorzar en la cárcel.

La lectura de la requisitoria del fiscal Gustavo Corregido fue seguida con atención tanto por familiares de las víctimas como por una treintena de allegados a los acusados, entre quienes se encontraba la apologista de la dictadura Cecilia Pando. No bien ingresó al recinto, Pando reiteró ante los periodistas que “todos estos juicios son ilegales” porque “se están violando garantías, se aplica la ley con retroactividad”, y afirmó que “los crímenes de lesa humanidad no existen”.

Los ocho militares acusados (Horacio Losito, Jorge Carnero Sabol, Athos Gustavo Rennes, Ricardo Reyes, Aldo Martínez Segón, Germán Riquelme, Ernesto Simoni y Luis Alberto Patteta) y el único policía (Alfredo Chas) se ubicaron a la izquierda del tribunal, detrás de una fila de penitenciarios con boinas y chalecos antibalas. El único con experiencia en procesos orales es Losito, condenado a 25 años de prisión como autor de crímenes de lesa humanidad en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes. El gran ausente fue Norberto Raúl Tozo, quien se fugó luego de la liberación concedida por la Cámara Federal chaqueña y ahora está preso en Brasil, mientras se sustancia a paso lento el trámite de extradición.

Ante la posibilidad de que se colmara la sala, con capacidad para un centenar de personas, el tribunal instaló una pantalla en un ambiente contiguo, con sesenta sillas, y otra en la vereda de la calle Yrigoyen, que ayer estuvo repleta de militantes de organizaciones políticas, sociales y estudiantiles con banderas y pancartas con las fotos de los fusilados. También se pintaron en la calle siluetas con los nombres de los ejecutados.

El titular de la Comisión Provincial por la Memoria, Emilio Goya, calificó la jornada como “histórica”. “Creo que esto es mérito del gobierno nacional, con un fuerte acompañamiento del gobierno provincial, pero sobre todo es el trabajo consolidado que realizan los organismos de derechos humanos que hace más de veinte años bregan por la memoria, la verdad y la justicia”, manifestó Goya, miembro de Hijos Chaco. En representación del gobierno de Jorge Capitanich estuvieron los ministros de Gobierno, Juan Manuel Pedrini; de Educación, Francisco Romero; la presidenta del Instituto de Cultura, Silvia Robles, y el subsecretario de Derechos Humanos, José Luis Valenzuela, los dos últimos ex presos políticos durante la dictadura.