“Ahora, más que nunca, la lucha debe continuar y continuará.” Félix Díaz, líder de la comunidad toba-qom La Primavera, en el departamento formoseño de Pilcomayo, anunció que seguirán luchando para recuperar las 612 hectáreas que “nos fueron arrebatadas”. Como se sabe, el martes, una violenta represión policial derivó en un enfrentamiento que terminó con la muerte de dos personas, uno de los manifestantes que cortaban la ruta 86 a la altura del kilómetro 1341, y uno de los uniformados. Díaz, sobre quien pesaba un pedido de captura, ahora fue excarcelado, pero igual está preocupado por “la gran cantidad de causas acumuladas” en su contra, por ser quien encabezó el corte de ruta, que había comenzado en julio pasado. Díaz se quejó porque “nunca hubo un acercamiento de parte del gobierno provincial” y también manifestó su preocupación porque “nadie del gobierno nacional salió a repudiar la represión de la que fuimos víctimas”. Están llegando a Formosa diputados que están solicitándole al gobierno nacional que disponga la intervención de la provincia (ver aparte).

El ministro de Gobierno, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge González, salió a justificar el accionar policial y aseguró que “los manifestantes fueron los primeros en recurrir a la violencia”. Antes, por separado desde Buenos Aires, la titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe Bonafini y el dirigente social Luis D’Elía, acusaron al gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, de ser “el responsable ideológico” de lo sucedido.

El conflicto en La Primavera comenzó el 27 de julio pasado, con el corte de la ruta 86, luego de que Pedro Celías, que dice ser dueño de una parte de las cinco mil hectáreas en la que viven históricamente los miembros de la comunidad toba-qom, le vendió 612 hectáreas al estado provincial para la construcción del Instituto Universitario, que dependerá de la Universidad de Formosa.

Félix Díaz y su abogada, Roxana Silva, informaron ayer que se notificaron de la causa abierta en contra del dirigente toba-qom. Silva explicó que la Justicia de Clorinda, que interviene en la investigación de los hechos del martes, “le concedió la excarcelación y por lo tanto, ya no hay ninguna orden de captura en su contra”. Díaz se mostró “preocupado por la gran cantidad de causas que me han abierto sólo por pelear por nuestros derechos”. Lo acusan, entre otras cosas, de resistencia a la autoridad, usurpación e incluso de asesinato.

Díaz se quejó porque desde el comienzo del reclamo “que siempre fue pacífico por nuestra parte”, nunca pudieron lograr “un acercamiento con el gobierno provincial”. Recordó que lo buscaron “por intermedio de párrocos y hermanas que han solicitado el diálogo con el gobierno, pero nunca se dio. Fracaso por no pertenecer a las filas del Partido Justicialista ni aceptar las imposiciones del gobierno de la provincia”. Sobre los incidentes del martes en la ruta 86, Díaz aseguró que intentaron matarlo.

“Nosotros no disparamos, sólo le tiré con una honda al caballo de Pedro Celías, mientras que él me disparó como siete veces, pero no pudo pegarme.” Díaz sostuvo que lo ocurrido el martes “no se ajusta a lo que contó la policía”, que le adjudicó responsabilidad a los manifestantes en los hechos de violencia, incluso en el supuesto abuso que habría sufrido una mujer policía que participó en el operativo.

“Todo esto fue armado para perjudicarnos”, dijo Díaz en relación a los hechos en los que murieron el manifestante toba-qom Roberto López y el oficial principal de la policía local Eber Falcón. La diputada del Partido Justicialista Graciela de la Rosa replicó que a nivel nacional “hay una desinformación muy grande sobre lo ocurrido” en la provincia. Según De la Rosa, el corte de la ruta fue decidido por Díaz, en soledad, “sin la aceptación del resto de la comunidad”.

Para la legisladora, se trató de “un hecho doloroso que tuvo intenciones políticas para producir un hecho en contra de la provincia y en contra del gobernador Insfrán”. La Defensoría del Pueblo provincial anunció, por su parte, que pedirá a una fiscalía penal que investigue la responsabilidad que les cabe “a los instigadores del corte de ruta”, causa que de hecho ya está abierta en los tribunales de Clorinda.

El defensor José Gialluca aseguró que vio cerca de la colonia La Primavera, en el día de los hechos, a personas que “incitaban a los aborígenes a la violación de normas constitucionales y legales” para cortar rutas y luego de los incidentes “persistían en su actitud de incitar a la violencia”. Además de la excarcelación de Díaz, la Justicia dejó en libertad a Eugenio Fernández, el único miembro de la comunidad toba-qom que seguía detenido. A él lo acusan de haber “manoseado” a una mujer policía que intervino en el operativo del martes.