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Formosa es una de las varias provincias de marcada predominancia justicialista por las que no pasaron los contenidos más interesantes del peronismo. Hablamos de la industrialización, el estado benefactor, la sindicalización masiva, el igualitarismo, la irrupción plebeya reivindicando derechos. Las administraciones ulteriores a 1983 consolidaron el atraso relativo de la provincia, las del gobernador Gildo Insfrán no hacen excepción.

Formosa tiene penosos índices sociales y de salud, que son aún más afligentes entre los aborígenes que la pueblan.

La agresión y represión contra ellos es constante. Hace ya varios años, una razzia policial brutal determinó que la comunidad qom (que otros denominan toba) iniciara un reclamo que llegó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se caratula “Nam Qom contra Estado argentino”, expediente 273/2005.

En ese terrible contexto ocurrió el sangriento ataque policial a integrantes de la comunidad qom toba que realizaban una protesta pacífica. Hay dos muertos, el manifestante Roberto López y el policía Eber Falcón.

Todo asesinato es una afrenta y toda muerte debe ser investigada. El problema es que el gobierno formoseño, que desató un ataque violento e ilegal, sólo carga contra la comunidad qom.

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La protesta se viene realizando desde hace meses, en defensa de tierras que la comunidad considera propias. La ley nacional de relevamiento de tierras 26160, prorrogada por Ley 26.554 prohíbe (en cualquier circunstancia) el desalojo de territorios ocupados por comunidades de pueblos originarios. Fundados en ese derecho, los ciudadanos qom accionaron de distintas maneras. Interpelaron a organismos del gobierno nacional y consiguieron apoyo de la Defensoría General y del Instituto Nacional contra la discriminación (Inadi). En otras reparticiones fueron ignorados. El Inadi incluso nombró representante en Formosa a Félix Díaz, principal referente comunitario (los “hermanos” qom, que así se nombran entre sí, prefieren no llamarlo “cacique”). Era una forma de investirlo de autoridad y tutelarlo.

La provincia y su universidad reclaman las tierras que ocupan pacíficamente los qom, supuestamente para instalar un centro de estudios agropecuarios. Ese es el móvil del desalojo, que contraría la ley vigente. Los damnificados recurrieron a los tribunales federales y obtuvieron una medida cautelar favorable del juez Carlos Skidelsky.

La provincia y la universidad apelaron la medida, que no ha sido revocada. Pero, émulos del Viejo Vizcacha, al mismo tiempo buscaron a un juez provincial amigo para que ordenara el desalojo. La existencia de magistrados incompetentes en toda la acepción del término es una de las constantes del Poder Judicial, tanto como la relación amical con las policías bravas.

La protesta social se expresó en un corte de ruta, práctica tradicional en toda la Argentina. Este era moderado, comparado con otros. Se levantaba en los horarios de mayor ajetreo, se dejaba pasar a las ambulancias.

La policía, con orden de un juez prevaricador, atacó a sangre y fuego.

A su vera, miembros de una familia terrateniente, los Celía, usaron armas y dispararon. Hubo muertos, heridos graves. No conformes, los uniformados quemaron viviendas y pertenencias de los ciudadanos atacados. Detuvieron por casi 24 horas a mujeres y niños menores de edad. La denuncia se puede seguir en el blog comunidadlaprimave ra.blogspot, de recomendable lectura. Félix Díaz, funcionario nacional, fue baleado y debió ocultarse en el monte. Su compañera estuvo entre los arrestados que padecieron malos tratos surtidos.

Según la propia información del gobierno provincial, toda la investigación recae sobre el grupo agredido.

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Como ya se dijo, hubo funcionarios nacionales que se comprometieron con los argentinos que sufrieron terribles violaciones de derechos humanos. El defensor del Pueblo adjunto de la Nación, Juan Mínguez, viajó a la provincia, le pidió audiencia a Insfrán, quien no se la concedió.

También denunciaron a Insfrán y reclamaron intervención del gobierno nacional referentes sociales y de organismos de derechos humanos, como Hebe de Bonafini y Luis D’Elía. La diputada nacional Silvia Vázquez (de origen radical, bloque Concertación Forja) trató, sin éxito, que el tema se discutiera en la Cámara. El partido del Frente Grande también comunicó repudio y exigencias al ejecutivo.

La conducta de estos protagonistas revela que el kirchnerismo y sus aliados no conforman un colectivo sumiso, que aprueba a libro cerrado cualquier cosa que provenga del gobierno nacional o de sus aliados de la primera hora, como es Insfrán. Su acompañamiento responde de acuerdo con las líneas básicas y admite discrepancias drásticas.

En contraste, preocupa la pasividad del gobierno nacional, en especial del Ministerio de Justicia y de la Secretaría de Derechos Humanos, que deberían estar presentes para compensar la asimetría de poderes propia del escenario provincial.

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El oficialismo se precia, con buena parte de razón, de haber frenado la criminalización de la protesta social. Esa ha sido su consigna y en buena medida su conducta desde el comienzo del mandato de Néstor Kirchner, continuada por la actual Presidenta. Pero en los últimos meses ha habido asesinatos afrentosos, ligados a la represión ilegal de movilizaciones sociales.

Lo fue el asesinato de Mariano Ferreyra. El ejemplar auto de procesamiento de la jueza Wilma López desbarata la idea de que hubo un enfrentamiento entre dos grupos de militantes. Parafraseemos su notable reconstrucción. Sólo un colectivo protestaba: el de los tercerizados y militantes de izquierda. Los patoteros de la Unión Ferroviaria y los barras que conchabaron, en verdad, se arrogaron el ejercicio de la violencia legítima, que es monopolio del Estado. Se atribuyeron el derecho de impedir la protesta. La conducta de las policías Bonaerense y Federal se investiga y hay sobrados indicios acerca de que se de-sempeñaron pésimamente, favoreciendo a la patota asesina. Es prematuro evaluar si lo hicieron por acción deliberada o por omisiones imperdonables. Pero sí está probado que la Federal estuvo pintada en Barracas, aunque había tres patrulleros en el lugar de la masacre y efectivos uniformados filmando el episodio, en buena posición para ver todo.

En el caso Ferreyra, la fiscal Cristina Caamaño y la jueza López están cumpliendo acabadamente con su deber. Hay magistrados y funcionarios dignos y capaces en la “familia judicial”, son minoría pero los hay. Algunas declaraciones innecesarias del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, parecen apuntar a desincriminar a la Federal. Como fuera, el expediente avanza y se llegó a siete procesamientos en poco más de un mes.

En Formosa, otro es el horizonte. Librada a sus propias fuerzas, la comunidad agredida tiene pocas perspectivas de preservar sus derechos fundamentales o de que se identifique y castigue a los asesinos. Nacionalizar la cuestión es clave, como lo viene siendo desde el asesinato de María Soledad Morales. Los medios de difusión masiva tienen un rol que cumplir, pero nada puede reemplazar la participación activa del gobierno nacional, que es imperiosa.