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La composición del Congreso (decidida por el pueblo soberano cuando votó) y los logros mencionados por la Presidenta en su discurso ante la Asamblea Legislativa expresan núcleos duros de la fortaleza del Gobierno. Legitimidad de ejercicio, poder institucional ganado en buena lid, resultados en lo económico, lo social y lo laboral. La agenda que recorrió Cristina Fernández de Kirchner recogió también desafíos y problemas del año 2012, que claman por soluciones y cambios. El tramo más logrado fue aquel en el que aludió al conflicto con el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, incluyendo la vuelta atrás con el inoportuno retiro de la Policía Federal en los subtes. La conducta del líder de PRO lo pinta de cuerpo entero: es desaprensiva, arrasa con las instituciones, niega sus propias acciones de cumplimiento del convenio.

Pero el Gobierno debe cuidar flancos vulnerables, que “el 54 por ciento” no basta para robustecer: los perjuicios a los usuarios del transporte público pesan, hoy día, entre sus deudas. Le faltó timing a una movida que sumaba enojo a los pasajeros, así hubiera razones válidas en el fondo de la cuestión.

El anuncio más relevante fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. También es sugestiva la reforma integral de los códigos Civil y Comercial, que incluye mejoras en derechos personales muy gravitantes. El Senado tiene, ya con aprobación de Diputados, los proyectos de ley de “muerte digna” y fertilización asistida. El combo entre lo que entrará y lo que se despachará pronto significa aggiornamento de derechos, en sentido virtuoso.

La reforma del Central, el fin del paradigma noventista y aun del conservador, engarza bien con la mejor política económica del kirchnerismo. La mayoría oficialista en Diputados tratará de imprimirle un tratamiento veloz.

El Banco tendrá objetivos más amplios, ligados a la economía real. El manejo menos atado de las Reservas de Libre Disponibilidad (RLD), que el Gobierno fue impulsando en su empiria, habilita el pago de deuda con las reservas. Como el dinero es fungible, ese desahogo mejora las disponibilidades del Tesoro nacional. El cambio fue impulsado desde hace años (mucho antes de ser banquera central) por Mercedes Marcó del Pont. El pliego de la funcionaria ya está ingresado al Senado y va por su aprobación.

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La mesa desvencijada: La reseña de la oradora sobre el sistema educativo tuvo luces y sombras. Es válido rescatar el compromiso del kirchnerismo con la educación, no sólo en materia económica. La inversión fiscal, la ley de financiamiento, la construcción de escuelas, la distribución de net-books y la paritaria nacional son un conjunto inigualable en la historia reciente. De cualquier forma, en este aspecto como en otros del discurso, pareció primar cierto economicismo sobre la “sintonía fina”. El aporte dinerario, en este renglón, es notable y digno de alabanza. Pero la plata no alcanza para reconstruir un sistema demolido en décadas previas. Esa no es una falla del Gobierno, pero sí una de sus metas a reparar.

En cuanto a la paritaria nacional, que ya había fracasado antes del jueves, la palabra presidencial combinó planteos lógicos con descalificaciones excesivas e injustas. Es atinado que la Presidenta fije la mira en el ausentismo y reclame el cumplimiento del calendario escolar. También que cuestione las huelgas al comienzo del ciclo lectivo. Sobraron las alusiones a supuesta pereza de los maestros, a las “cuatro horas” de jornada laboral y a la laxitud de las vacaciones. Excitaron la bronca de laburantes de a pie y no son justas.

La paritaria nacional es una conquista del sindicalismo docente, consagrada durante el mandato del ex presidente Néstor Kirchner. Trabajosa y densa, no tiene parangones en la región. Cuidar esa mesa es una misión de las dos contrapartes, en ese sentido ambas fracasaron este año. Cada cual culpará al otro, lo cierto es que es un traspié compartido. Es la primera vez que no se concreta un acuerdo. A falta de precedentes y previsiones legales, el Ejecutivo deberá buscar una figura administrativa para darle un cierre prolijo al retroceso, lo que hará en los próximos días.

La palabra presidencial, aunque incluyó alusiones a los “compañeros docentes”, añadió nafta al fuego. Del otro lado, hubo demasías. En Santa Fe, como la Presidenta señaló, se rechazó una oferta piso de más de 4000 pesos y se estuvo a un tris de promover un paro por tiempo indeterminado.

Todos deberán esmerarse para recuperar la interlocución cuando baje la tirria mutua, para reabrir la mesa discutiendo condiciones de trabajo, capacitación u otros temas de interés común.

El tema da para más que un párrafo en esta columna, el cronista seguramente volverá sobre él en otras. Entre tanto, se van arrimando las posiciones en las provincias más grandes. El salario inicial garantizado por la Nación (que aporta fondos para compensar a once provincias menos dotadas de fondos) será de 2800 pesos.

El Gobierno y los gremios docentes (claro que sin desearlo) han hecho un favor objetivo, una promoción, a la educación privada que, sin pagar mejores salarios, garantiza aulas abiertas todo el año. Los padres de los alumnos, trabajadores ellos, precisan tener garantizada su cotidianidad. Todos los protagonistas, que son defensores sinceros y comprometidos de la escuela pública, deberían tomar nota de la contradicción y repensar sus conductas, sin renunciar a sus derechos ni a los reproches al “otro”.

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La tragedia y el sistema de transporte: Cristina Kirchner habló sobre la tragedia de Once y sobre el sistema ferroviario en Rosario y en el Congreso. En la primera intervención evocó víctimas con nombres y apellidos, dio cuenta de sus dificultades y su dolor, comentó que el Estado se ocupó y ocupará de ellas. Y ratificó que esperará a la pericia judicial para definir acciones en el sistema de transporte. Horas después, intervino interinamente a la empresa TBA. La espera, cabe interpretar, tiene como finalidad esencial darle tiempo al Gobierno para sopesar decisiones de cambio que tendrán impacto en años o décadas futuras. Desde ese ángulo, es razonable un plazo de quince días o un mes.

En el Congreso, la Presidenta se ciñó a reseñar las inversiones, faltó un reconocimiento acerca de su insuficiencia.

Las reformas, opina el cronista, deben ser estructurales. Van desde el propio sistema de concesiones hasta la creación de un ministerio, pasando por la existencia de funcionarios de muy distinto perfil y calidades que Ricardo Jaime o Juan Pablo Schiavi. La problemática es compleja. Casi no existen países de primer nivel (acaso sólo Estados Unidos) que tengan un sistema privado de trenes. Y tal vez sólo Gran Bretaña produjo una privatización tan salvaje como la Argentina y la revirtió con enorme esfuerzo y, según comentan los entendidos, con acierto. La casuística comparada no ayuda mucho porque pocos cayeron tan profundo como la Argentina. Salir del abismo es una meta forzosa, que no sencilla.

El expediente judicial, insiste el cronista, es una mira demasiado estrecha para una cuestión muy vasta, previa a la tragedia. El flamante informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) da cuenta de falencias graves del concesionario, del servicio y de entes estatales. El titular de la AGN es Leandro Despouy, un jurista con destacada trayectoria en la defensa de derechos humanos. Despouy es radical, pero el organismo es colegiado, con mayoría de integrantes peronistas. Sus dictámenes, entre ellos el difundido el viernes, suelen ser unánimes, dato que contradice la hipótesis de partidización y fortifica su autoridad. Los informes se nutren de material suministrado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), otro organismo estatal. Son rotundos: TBA es una pésima concesionaria desde hace demasiado tiempo.

La aceptación del Estado como querellante en la causa es un paso en falso del juez Claudio Bonadío, que no sorprende dados sus pergaminos. La fundamentación es escueta y pobre. Quien quiera leer un trabajo erudito sobre el tema deberá acudir a otras fuentes, por ejemplo, un fundado estudio de los juristas Alberto Bovino y Leopoldo

Filippini, publicado en el blog No Hay Derecho (nohuboderecho.blogspot.com), de intensa circulación por redes sociales.

Como sea, las pericias avanzarán. Y, todo lo indica y exige, la decisión política de modificar un esquema muy imperfecto, que la tragedia puso en carne viva. En la militancia kirchnerista, y también entre sus legisladores y funcionarios, el viraje se da por hecho.

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La voz de las víctimas: Casi todos los legisladores ovacionaron de pie a Baltasar Garzón. Un homenaje conmovedor merecido, en una escena que predispuso este Gobierno no sólo el jueves, sino desde sus comienzos. El respeto a las víctimas del terrorismo de Estado se expande, claro, a otros ciudadanos que padecen o padecieron privaciones injustas, violentas o aberrantes.

Sería impropio no incluir, en el acelerado repaso de la semana, una mención a lo que dijeron los padres y la hermana del joven trabajador Lucas Menghini Rey. En su caso, a la pérdida irreparable se agregó la desidia y el descuido en la búsqueda del pibe desaparecido durante días. Un comunicado torpe del Ministerio de Seguridad arrojó sal en las heridas, ya acentuadas por las torpes palabras de Schiavi. La familia habló con dignidad, pidió justicia y reparación. La palabra de las víctimas debe escucharse con unción, la sociedad argentina les reconoce autoridad, que bien merecen. Es ya una tradición (cruel en un aspecto, valorable en otro) que las víctimas (los familiares lo son) salgan al espacio público, legitimadas por su dolor. Hay un factor común en sus palabras: “Que no se repita”. Esto es, que se remuevan las causas que posibilitaron un desenlace evitable y cruel.

Al Estado le cabe contenerlos, reconocerlos y cambiar cuando es necesario. El kirchnerismo, una fuerza de gobierno que ha sabido dar cambios de timón, innovar y revisar sus carencias, tiene el deber de recoger ese reclamo y sus vastas implicancias en el primer lugar de su agenda.

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