El homenaje del Congreso a los integrantes del Poder Judicial que tuvieron una actuación destacada en la condena a los delitos de lesa humanidad fue sencillo y emotivo. La declaración redactada por todos los bloques políticos del Parlamento y aprobada por unanimidad a mano alzada fue breve y con un mensaje contundente: “Esta Asamblea aspira a que durante el actual período constitucional se concluyan todos los juicios correspondientes a causas referidas a delitos de lesa humanidad y vinculadas con las violaciones masivas de derechos humanos”.

Por primera vez desde la instauración del 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y como feriado inamovible, el Congreso de la Nación realizó una Sesión Especial Conjunta para ratificar como política de Estado la defensa de los derechos humanos. Así lo expresó el documento conjunto que se leyó ayer en el Congreso, donde también hizo propio el pedido de Cristina Fernández de Kirchner ante la Asamblea legislativa el 1º de marzo: que el próximo presidente “no tenga que estar arrastrando, todavía, la rémora de los juicios por las tragedias que nos pasaron a todos los argentinos”.

“La búsqueda de los nietos y nietas apropiados, los juicios por la verdad, la tutela de los sitios históricos y documentales, la investigación e identificación de los desaparecidos, la revisión de las credenciales democráticas de los funcionarios públicos y tantos otros esfuerzos animados por búsqueda de la verdad y la justicia, han sido posibles por la conducta de muchos jueces y juezas con fuerte compromiso con los valores democráticos”, dice otros de los párrafos del documento con que el Congreso homenajeó a integrantes del Poder Judicial.

Una lista que incluyó a la Cámara Federal porteña que condenaron a los jerarcas de las juntas militares de la última dictadura, a la Corte Suprema, que declaró inconstitucionales los indultos y las leyes de obediencia debida y punto final, a la Cámara de Casación Penal, que acordó este año la aceleración de los juicios de la verdad, y a los tribunales que impartieron penas a torturadores y asesinos que actuaron durante el terrorismo de Estado. A los que también distinguió con una plaqueta y una medalla.

Uno a uno pasaron los ex camaristas porteños que condenaron a los jerarcas de las tres primeras juntas militares: León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y la esposa del fallecido Andrés D’ Alessio; así como el fiscal del juicio, Julio César Strassera. “Esto expresa que hay una política de Estado en marcha en materia de derechos humanos y en revisión de ese pasado ominoso”, dijo Arslanian tras la sesión. “Todas las fuerzas políticas del país tienen un punto que las integran: la política le ha dicho no a la impunidad y sí a la memoria, sí a la justicia”, sumó Gil Lavedra. “Es un reconocimiento notable y un honor importantísimo que nos hacen los representantes de la Nación, y cuando digo nosotros, me refiero a la Justicia”, agregó Valerga Aráoz.

La misma distinción recibieron, de manos de distintos legisladores, los integrantes de la Cámara Nacional de Casación Penal, y los Tribunales Orales Federales números 1, 2, 5 y 6 de la Capital; los TOF bonaerenses de La Plata y San Martín, el de Rosario y los TOF de Santa Rosa (La Pampa), de General Roca (Río Negro) y de Corrientes.

“Es un reconocimiento del Parlamento a aquellos que desde la Justicia, con ética y responsabilidad, asumieron la búsqueda de verdad y justicia para superar la impunidad jurídica”, dijo Adolfo Pérez Esquivel, uno de los pocos representantes de los organismos de derechos humanos que estuvieron ayer en el Congreso. “La Argentina sentó precedentes jurídicos a nivel internacional de que la Justicia ordinaria puede juzgar los delitos de lesa humanidad”, sostuvo el Premio Nobel de la Paz.

El oficialismo trabajó para que la mayoría de sus legisladores estuvieran presentes ayer en la Sesión Especial Conjunta que presidieron el vicepresidente y titular del Senado, Amado Boudou, y el presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez.

Ellos también se encargaron de expresar su alegría por el acuerdo logrado ayer en el Parlamento. Domínguez remarcó la voluntad de la Presidenta para “hacer posible que estén representados todos los sectores políticos en el reclamo de verdad y justicia. Sin sectarismos ni mezquindades, debemos acompañar el planteo de que en este período constitucional puedan concluirse todos los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar”.

Boudou señaló que “hemos participado de un repudio a lo que fue un golpe de Estado sanguinario, genocida, que tuvo también participación civil y de grupos empresarios que pretendían beneficiarse con ese accionar criminal”.

Los ex jueces y camaristas, y actuales magistrados que estuvieron en el Congreso, recorrían orgullosos los pasillos. Por primera vez el Parlamento los homenajeaba por su actuación en la condena de delitos de lesa humanidad, en “las diferentes etapas en la búsqueda de la verdad y la justicia y que, durante las mismas, distintas decisiones judiciales contribuyeron a la consolidación democrática, a través de sentencias que manifestaron el repudio moral de la comunidad frente a los crímenes intolerables para una sociedad civilizada”. Un paso más a la consolidación de la defensa de los derechos humanos como política de Estado.