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En un día de presencia junto al vallado policial de la avenida Jujuy, la carpa de la resistencia de los trabajadores de Brukman se convirtió en un mundo. Allí armaron una cocina, un sector para descansar, otro para reuniones, organizaron horarios de limpieza y escribieron algunas reglas de convivencia. Ayer recibieron, una tras otra, montones de visitas de apoyo de organizaciones sociales. Hubo, además, cortes de ruta en diversos puntos del país en rechazo a la represión del lunes y en defensa de las fábricas recuperadas. Ahora organismos de derechos humanos y gremiales preparan un pedido de juicio político y una denuncia penal contra los jueces que ordenaron el desalojo. Para los obreros, el diálogo con el Gobierno continúa entre paréntesis. Para sentarse a conversar siguen exigiendo que se retire la policía y los dejen entrar a la fábrica.
La gente de Brukman no es la única que pide el retiro del batallón policial que permanece apostado en Jujuy al 500, donde se encuentra la fábrica. También lo planteará un grupo de vecinas y madres de la escuela número 5 Paul Groussac, que están organizando una Comisión Permanente de Mujeres en Defensa de los trabajadores de Brukman. Uno de sus planteos es que sus chicos tienen miedo de salir a la calle, plagada todo el día de uniformados parados detrás de sus escudos.
Durante la primera noche, del martes al miércoles, la carpa de la resistencia albergó a unas cien personas, entre los obreros de la textil –que no se sacan sus delantales celestes ni para dormir– estudiantes, desocupados, asambleístas barriales y militantes de partidos de izquierda. Alrededor de la carpa principal proliferaron iglúes más pequeños y carteles contra la represión. Los buenos días se los dio el fiscal contravencional Manuel Galante, que fue a preguntar si tenían autorización para estar ahí. “El tránsito no está cortado por nosotros sino por la Federal”, le contestaron y se terminó la conversación. A la tarde, colgaron una enorme bandera con un puño cerrado rompiendo cadenas.
“Hacemos esto para defender nuestra fuente de trabajo, no es que nos guste estar acampando acá. Lo que esperamos es que la ministra de Trabajo retrotraiga la situación al jueves pasado y nos dejen volver a nuestros puestos”, dijo Celia Martínez, una de las obreras. Junto con sus compañeras abría paquetes de galletitas donados y cortaba rodajas de pan que servía en platos improvisados a los piqueteros que llegaban al atardecer a saludarlos. Durante la jornada varios movimientos de desocupados –entre ellos la Corriente Clasista y Combativa y la Federación Tierra y Vivienda-CTA y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados– se manifestaron por Brukman y la matalúrgica Renacer, con cortes en el Puente Pueyrredón y ruta 3. La protesta se extendió a La Plata, Quilmes, Florencia Varela, Bahía Blanca y a la provincias de Catamarca, Jujuy, Salta y Neuquén.
Matilde, otra de las trabajadoras de Brukman, de pelo corto rubio y anteojos, estaba sumergida en la organización de festivales de acá al fin de semana. “Nos sentimos muy alentados por todo el apoyo recibido”, comentó. “No nos negamos a hablar con el Gobierno. Quizá lo hagamos la semana próxima. Ellos no tuvieron apuro en buscar una solución o frenar la represión, nosotros tampoco lo tenemos ahora”, dijo. En el Ministerio de Trabajo, igual que en el de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, se mantienen firmes en que ellos no pueden a la policía del lugar si hay una orden Judicial de por medio. Para peor, el jefe de Policía, Roberto Giacomino, espetó su enojo al Gobierno por los dichos del ministro de la Producción, Aníbal Fernández, que calificó la represión de “espeluznante”.
Así las cosas, las abogadas del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), que representan a los obreros, comenzaban a derivar energías hacia la elaboración de un nuevo proyecto de expropiación de la empresa para presentar en la Legislatura Porteña. Myriam Bregman, una de las letradas, sostuvo: “Es absurdo que sigan diciendo que la presencia delos obreros en la fábrica era ilegal. No fue reocupada. Hubo dos sentencias previas que legalizaban la situación de los obreros adentro”.
A última hora de ayer, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Ceprodh, el periodista Miguel Bonasso y la secretaría de Asuntos Jurídicos de la CTA –entre otras organizaciones– preparaban un pedido de juicio político contra el juez Jorge Rimondi y los camaristas Abel Bonorino Peró y José Manuel Piombo, que ordenaron el desalojo de la planta. Lo presentarán ante el Consejo de la Magistratura y harán una denuncia penal. Algunos de los argumentos señalan mal desempeño, haber incrementado la situación de riesgo y de conflicto, actuar sin competencia ni jurisdicción y prevaricato. Paralelamente Bonasso, detenido durante el operativo salvaje del lunes, hizo una denuncia judicial contra la Federal.