Las dos causas que se tramitan en Jujuy referidas a la Noche del Apagón y al secuestro de Luis Arédez, en instrucción y en el juicio oral, tuvieron ayer intensas jornadas. En la primera, el juez federal subrogante Fernando Poviña realizó una inspección ocular en una sede de Gendarmería y tres comisarías por donde pasaron las víctimas de Calilegua y Libertador General San Martín, y en ninguna de las dependencias pudieron acceder a los libros de guardia porque les informaron que los habían incinerado. Sin embargo, en la comisaría 41 el jefe policial les dijo que hace dos meses el fiscal Emilio Cattan había retirado el “libro de inscripciones” de 1970 a 1995, por orden del juez Jorge Samman. Ni el juez Poviña, ni la querella ni las partes tenían conocimiento del secuestro de esa documentación y solicitarán acceso a la misma. “Esto demuestra la complicidad del poder político, porque el fiscal de Estado que que motivó el procedimiento, responde a Eduardo Fellner”, dijo indignada Adriana Arédez a Página/12. En tanto, los abogados querellantes Paula Carreras y Ariel Ruarte expresaron que “esta situación constituye una grave irregularidad por cuanto el Poder Judicial habría producido un ocultamiento de pruebas de suma importancia”. Y exigen saber en qué causa fueron secuestrados esos libros y por qué razón no se informó a los demás juzgados que investigan delitos de lesa humanidad, como tampoco a la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura. Por otra parte, en el juicio oral en el que están siendo juzgados los casos de varias víctimas, entre ellas Arédez, ayer fue recusado uno de los jueces, Daniel Morín, tras un incidente con uno de los testigos, que confesó que un abogado le recomendó que dijera que no se acordaba nada de su declaración anterior, lo que provocó el enojo de los magistrados del tribunal oral. Aunque los fundamentos de la recusación presentada por la defensa de los tres genocidas imputados sería poco fundamentada, el proceso queda en suspenso.