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Stella Maris Martínez es la jefa de todos los defensores oficiales, de quienes se ocupan de los acusados que no pueden o no quieren contratar un abogado particular. Por eso sabe mucho de las desigualdades del sistema judicial. “Cuando uno ve ciertas cosas, el aforismo de que la Justicia civil es para los ricos y la penal para los pobres parece muy cierto”, asegura. La convicción de que es necesario debatir a fondo el modelo de justicia que se impone en el país hizo que encabezara junto a la procuradora Alejandra Gils Carbó el pronunciamiento por “Una Justicia Legítima”. “A algunos de nosotros nos sorprendió una solicitada sobre la independencia, con la que todos estamos de acuerdo, en un momento en el que parecía un apoyo a un determinado grupo del Poder Judicial en relación con una causa en particular”, agrega sobre el tema. Acaba de volver de vacaciones. Está bronceada y vestida de violeta en un despacho prestado porque el suyo está en refacciones. “Por eso está tan ordenado, sin papeles”, explica. Se entusiasma con una medida tomada a fines del año pasado, pero anunciada esta semana: la implementación de concursos para todos los empleados de las defensorías oficiales, medida que le parece clave para democratizar la Justicia, porque termina con la idea de lo que todavía en tribunales se considera un “derecho adquirido”: la posibilidad de que los hijos o sobrinos de los magistrados tengan un cargo asegurado (ver aparte).

–¿Por qué firmó la solicitada por “Una Justicia Legítima”?

–Creo que nos debemos una amplia discusión sobre cómo está funcionando el sistema de administración de Justicia. No tenemos que tener miedo a ser sometidos al escrutinio público. No estoy de acuerdo con la elección popular de los jueces porque me parece que va a ser un sistema de mayor presión, me da miedo. Y en aquellos lugares en los que se implementó, no fue bueno. Pero el problema no pasa por elección popular o no elección popular, sino ¿queremos discutir sobre cuáles son los fallos de nuestra Justicia? ¿Qué nos falta para aggiornarnos y estar de acuerdo con una constitución progresista que incorporó un montón de tratados de derechos humanos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos sacó tres fallos contra Argentina y los tres fallos están cuestionando medidas del Poder Judicial.

–¿Cuáles son?

–Uno es el caso (de Leonardo) Forneron, que tiene que ver con una adopción en Entre Ríos (se trata de una niña habría sido entregada a una familia sin el consentimiento del padre y nunca se investigó una posible venta de la menor) donde hay un número significativo de prácticas que deben ser revisadas y donde se produce una mora judicial muy significativa. Otro es el caso (de Sebastián) Furlan, un joven discapacitado a causa de un accidente. El juicio duró muchísimo y cuando le pagaron la indemnización, esta persona tenía daños irreversibles. La Justicia no funcionó sensible al drama de una persona discapacitada y con alta situación de vulnerabilidad. Cuando uno ve ciertas cosas, el aforismo de que la Justicia civil es para los ricos y la penal para los pobres parece muy cierto. Se desprotegió a una persona vulnerable. Hay un contrasentido. Si estamos permanentemente hablando del acceso a la Justicia, de privilegiar a las personas en situación de vulnerabilidad, hay que tener en cuenta que no puede haber una misma mirada cuando litigan grandes empresas o corporaciones. No es que no tengan derecho a una justicia rápida, pero no se las puede privilegiar por sobre una persona vulnerable que necesita para sobrevivir la posibilidad de tener una indemnización. Este tipo de cosas son las que hay que conversar. Otra cosa para conversar... yo soy defensora y no estoy de acuerdo con los ataques que se hacen contra medidas que tienen que ver con dejar en libertad a personas que cumplen condena. No creo que los jueces tengan que ver con la seguridad. Esto tiene que ver con personas que recuperan su libertad y cometen otros delitos. Lo que no está funcionando es la infraestructura de apoyo y control que tiene que tener una persona que recupera su libertad. Los jueces de instrucción, que deberían ser muchos más de los que son y tener un gabinete interdisciplinario de primer nivel, si no tienen los medios, ¿qué van a hacer? ¿Fallar en contra de la ley?

–¿Cuál es el tercer caso ante la Corte Interamericana?

–El de (Oscar) Mohamed, que establece el derecho al recurso para todos los ciudadanos. En este momento tenemos conflictos graves en la Justicia, aparentemente hay bandos irreconciliables, pero creo que no es así, hablamos un lenguaje en el que podemos conversar todos juntos. Pero a algunos de nosotros nos sorprendió una solicitada sobre la independencia, con la que todos estamos de acuerdo, en un momento en el que parecía un apoyo a un determinado grupo del Poder Judicial en relación con una causa en particular. Lo que estoy diciendo es: hay cosas que comparto y otras que no. Hay que abrir las ventanas, oxigenar y tener una mirada en la cual los operadores judiciales nos sentemos y digamos cuál es la Justicia que queremos. Van a decir que permanentemente se está haciendo eso. Es cierto, muchas veces se hacen reuniones. Pero esas reuniones quedan en lo formal. Los jueces tienen derecho a luchar por sus prerrogativas y esto lo ha hecho históricamente bien la Asociación de Magistrados. Pero ahora es el momento justo para tener una reflexión sobre qué Justicia queremos. Hubo muchas situaciones graves. Ha habido mucha contemplación con jueces que estaban involucrados en delitos de lesa humanidad, yo no puedo hablar mucho porque soy la defensora, pero hay un distinto tratamiento. Si yo soy llevada ante la Justicia y soy una persona de escasos recursos y no tengo ningún padrino, me van a tratar distinto. Además, hay que elevar el nivel de eficiencia. Esto lo dijo el presidente de la Corte y es así. Nosotros también tenemos que trabajar para tener estándares de eficiencia altos. Ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público Fiscal tienen un sistema de selección para los secretarios. Hay que fijar estándares mínimos. E insistir mucho con que somos un servicio público, no un poder del Estado... bueno también, todo muy bien, pero antes que nada somos un servicio público. Si no funcionamos como servicio público algo está mal. Nuestra legitimación sale de ser un servicio público que le dé un servicio digno a la gente. Si la gente no se siente protegida, el sistema nunca va a estar legitimado.

–Con respecto a la solicitada, ¿le molesta que en algunos medios los presenten como los kirchneristas o los que responden al Gobierno contra los supuestamente independientes?

–Obviamente estoy a favor de una Justicia independiente. Y particularmente sería muy injusta si dijera que desde que estoy en la Defensoría General he recibido algún tipo de presión por parte del Gobierno. Nosotros defendemos militares, les garantizamos un buen servicio de defensa. Hemos recibido algunos cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos, que son lógicos, porque estuvieron muchos años soportando calladamente y ven que hay una defensa aguerrida y bueh... pero el Gobierno nunca intervino y cuando tuvimos necesidad de que nos defendieran, nos defendieron. Segundo, yo he llevado casos contra el Gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos directa o indirectamente. El de los menores (por la imposición de penas perpetuas a menores de edad) está a punto de tener sentencia y es una cosa importante. El caso Furlan, si bien lo defendió la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la persona concreta es una defensora nuestra. Si yo dijera que en estos siete años recibí presiones por acusar al Estado por derechos humanos ante la Corte Interamericana sería injusta. También estamos interviniendo en el caso de los qom y estamos o no de acuerdo en muchas cosas, pero nunca nos dijeron “por qué se meten, no vayan”. Esta es mi visión e insisto en que este grado de independencia tiene que existir siempre. Lo que sí decimos en la solicitada es que la independencia tiene que ser de todos. La independencia del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de las grandes corporaciones, de la Iglesia, de los medios de prensa. El lobby, como bien dice (el juez de la Corte Raúl) Zaffaroni, existió siempre y va a seguir existiendo. Que la Justicia pueda fallar de manera absolutamente libre diciendo lo que cree que en verdad corresponde, que todos los operadores del sistema puedan actuar libremente es fundamental. Ahora, no podemos mirar solamente cuando hace reclamos el Ministerio de Justicia, podemos estar de acuerdo o no con una modalidad. Y lo hacen todos. ¿O no es presión cuando los medios actúan de una manera beligerante y tomando posición a priori en un caso penal cualquiera? Luego el caso se termina, no era como se imaginaba originariamente y la persona quedó crucificada para siempre. Esto pasa todo el tiempo. Esta presión a mí me parece mucho más peligrosa.

–¿Algún ejemplo?

–Casos concretos. Lo que pasó con la ESMA. Me pareció disparatado. Que se reaccionara con esa virulencia, que se utilizaran expresiones tan fuertes contra el ministro de Justicia... Podemos discutir si corresponde o no corresponde hacer un asado en la ESMA. Esa es una discusión, pero es como que no tiene correlato... Otra cosa clarísima fue cuando en Salta se mostró con una filmación de celular cómo torturaban a dos presos. Y hubo una reacción tibia. Veinte días después, se publicó que (el jefe del Servicio Penitenciario, Víctor) Hortel había establecido un sistema para que los presos salieran y volvieran a ingresar. No pasó nada, nadie se le escapó, tenía autorización judicial... discutamos si queremos que pase esto o no. Pero lo cierto es que en un país con convicciones democráticas fuertes, una tortura tendría que haber generado una reacción popular de escándalo, de vergüenza, de buscar soluciones. Y si se ve la cantidad de papel escrito que hubo en un caso y en el otro... bueno, éstas son las cosas que no pueden ser. Ahora estamos lanzando por los doscientos años de la Asamblea del Año XIII una campaña nacional contra la tortura. Sobre estos temas hay que discutir. ¿Por qué no avanzan las causas sobre torturas?

–¿El juicio por jurados mejoraría la administración de justicia?

–Como defensora tengo que preferir el juicio por jurados, porque con buenos defensores es más beneficioso. No me parecería mal hacer una experiencia de juicio por jurados.

–Pero no le parece central.

–No. Lo central es modificar el sistema de administración de justicia para que las pautas democráticas, de respeto a las personas más vulnerables, entren y atraviesen todo el sistema, que todo el mundo se dé cuenta de cómo tenemos que actuar.

–¿Hay una excesiva judicialización de las decisiones políticas o es un proceso natural?

–Esto es natural. También tiene que ver con un país que durante muchos años no tuvo la opción de acudir a la Justicia y luego la recuperó y entonces acude a la Justicia. También es cierto que hay dos ejes a tener en cuenta: si se acude a la Justicia, y me imagino que éste es el tema, y la Justicia utiliza la posibilidad de aplicar medidas cautelares, es decir de hacer lugar a amparos o distintos tipos de mecanismos para frenar leyes o resoluciones, esto tiene que ir de la mano con que ese amparo o medida cautelar otorgada no puede ser eterna.

–Concretamente con la ley de medios, ¿significa que hace rato debería haberse definido el tema de fondo, es decir, si la ley es constitucional o no?

–A lo mejor se podría arreglar legislativamente. Podría establecerse que cuando se impone una cautelar la resolución sobre el fondo del asunto tiene que seguir un procedimiento abreviado y tiene que estar resuelto en un tiempo determinado. Porque si no, tenemos una Justicia que no es tal, porque los requisitos para hacer lugar a un amparo son mucho más laxos que para resolver sobre el fondo del asunto. No podemos decir no al amparo. Nosotros lo usamos muchísimo en casos de salud, en casos de prestaciones de obras sociales, pero lo lógico es que luego la solución sobre el fondo no sea eterna, porque se desvirtúa. La medida cautelar no debe frenar el funcionamiento de la administración de justicia. No debe ser un obstáculo para que se cumpla una ley, una resolución. Puede ser que en un determinado momento una parte se sienta agraviada y que el juez diga “puede ser que esto le cause un agravio que luego sea irreparable”, pero entonces hay que resolver sobre el fondo en un plazo corto. El problema son los plazos. Eso pasa a todo nivel. También la Corte Suprema debe ser objeto de una reforma, porque en la Corte las causas tardan mucho. La Corte está sobrecargada de trabajo.

–¿La solución sería...?

–Modificar todo el sistema.

–¿Poner otro tribunal?

–Una posibilidad buena es poner una Corte Constitucional. Si tuviéramos un tribunal constitucional, cada vez que se declara una inconstitucionalidad, inmediatamente la ley cae para todos. Se supone que los jueces tienen que obedecer las resoluciones de la Corte, pero en la práctica sería preferible a todas luces tener un tribunal, o darle facultades constitucionales a esta Corte.

–¿Los jueces tiene que pagar Ganancias?

–Esto está ligado con la intangibilidad de los salarios. Eso puede ser una de las discusiones que se den en el ámbito de la reunión convocada para fin de mes. La posición tradicional de la Asociación de Magistrados, que todos en principio acompañamos, es que nosotros no debíamos pagar Ganancias. Pero es cierto que parece como un privilegio desmesurado. Es un tema que hay que debatir. Sí estoy en contra de la postura que se ha manejado en algún momento sobre la jubilación. Nosotros recibimos el 82 por ciento, pero no es una jubilación de privilegio, aportamos mucho más de lo que aportan las demás personas. Si el Congreso, que es la representación popular, dice en algún momento que debemos pagar Ganancias y no tener esa jubilación, será así. Pero no es la discusión central.

–La solución parece pasar por cambiar la mentalidad de los administradores de justicia más que por alguna medida en particular.

–Sí. Es un cambio a futuro. Esta Corte es una Corte progresista pero las Cortes no han ayudado. Y el recambio no se produjo. Ha habido un recambio relativo político...

–¿Recambio en qué sentido?

–De gente joven. Por ejemplo en la Cámara de Casación. Está renovada, pero en una porción mínima y creo que renovar por gente que está en perfectas condiciones de jubilarse es bueno. Y que la gente mire. Me parece bien que las asociaciones de la sociedad civil estudien los fallos, que monitoreen.