“El barrio Nuevo Alberdi es como todos los barrios humildes acá de Rosario. Un barrio de gente alegre, trabajadora, de albañiles y changarines que se sientan con su silla en la vereda de su casa al volver del trabajo, de chicos jugando al fútbol en la canchita. Ahora, la llegada del narcotráfico los fue empujando hacia adentro de sus casas. Los pibes muchas veces terminan vendiendo drogas o como soldados de las bandas porque no tienen otra salida. Los vecinos aprendieron a convivir con la criminalidad porque no tienen herramientas para enfrentarla. Recién ahora, algunos se cansaron y decidieron salir a denunciarla, poniendo en riesgo su vida.”

El relato pertenece a un referente de la JP Evita que trabaja en el barrio, codo a codo con los vecinos. Por razones de seguridad, decidió no dar a conocer su nombre, así que –como en las películas de la mafia– lo llamaremos por una letra cualquiera. Digamos Q. Q es compañero de militancia de Carlos y Ariel Ferreyra y Gastón Arregui, los tres jóvenes que fueron baleados por miembros de una banda de narcotraficantes en los primeros días de este año. Carlos y Ariel, junto a su padre, Ramón, y otra docena de miembros de la familia Ferreyra tuvieron que dejar el barrio de Nuevo Alberdi, la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe, tras declarar contra los narcos. Están en un programa de protección de testigos. Gastón permanece internado a causa de un balazo en el cuello.

Leonardo Grosso es diputado nacional del Frente para la Victoria y tiene una larga trayectoria haciendo trabajo en los barrios de su San Martín natal, una zona complicada del conurbano bonaerense. Sin embargo le impactó lo que se encontró en Nuevo Alberdi cuando fue a ayudar a los vecinos. “Lo primero que vi fue la voluntad de avanzar sobre un territorio perdido para correr a las bandas, de no resignar su espacio. La contracara de esto es que están solos. Ni el gobierno provincial ni el gobierno municipal han tomado cartas en el asunto. Ni siquiera fue removido el subcomisario de la zona a pesar de las denuncias. Este nivel de impunidad genera miedo en los vecinos, pero el barrio está decidido a ganar el control”, explica.

Ayer los vecinos se juntaron en una asamblea donde fueron informados de la situación de la familia Ferreyra, que tenía un lugar central en la vida de Nuevo Alberdi: Ramón estaba al frente del comedor Los Buenos Vecinos, que les daba todos los días alimento a 350 chicos. Esta semana, militantes y vecinos trabajarán para pintarlo, hacer arreglos y ponerlo a punto para reabrirlo, ahora como un centro cívico para todo el barrio. Será en tres jornadas de las que participarán también cooperativistas que viajarán desde Buenos Aires a dar una mano y arreglar veredas, luces, señalización, la canchita. “Queremos que el barrio sea un lugar más cómodo para los vecinos y menos para los narcos”, explica Q. Al final, habrá una fiesta con músicos y bailes. No para olvidar lo que sucedió sino para tomar fuerzas y seguir luchando para que no se repita.

“Acá no hay un Estado ausente, hay un Estado cómplice –reflexiona, al teléfono con Página/12–. Sólo se ve a las fuerzas de seguridad cuando pasan todas las semanas a recaudar dinero de los bunkers donde se venden drogas.” En la zona sur de Rosario, donde el narcotráfico está instalado con mayor fuerza, ha habido más de 60 asesinatos en los últimos dos años. La mayoría son caratulados como enfrentamientos entre bandas, pero lo cierto es que en la mayoría de los casos las balas corren en un solo sentido. Cuando se hace una denuncia, como hizo Ramón Ferreyra, el único resultado es conseguir más amenazas: por eso los vecinos apuntan contra el subcomisario Mendoza, a cargo de la subcomisaría Nº2, que es la que corresponde a Nuevo Alberdi. “No está hace mucho, pero desde que llegó, las cosas empeoraron”, explica.

Pero la complicidad no es sólo policial, sino también política y judicial, denuncian en el barrio, aunque no tengan quiénes los escuchen. Carlos y Ariel Ferreyra declararon antes de dejar Nuevo Alberdi y señalaron a los sicarios que dispararon contra ellos, y aun así todavía no hay ningún detenido. “No nos han dado respuestas. Aunque tuvimos reuniones con el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, y el secretario, Matías Drivet, ése es un canal agotado. No hay voluntad de resolver estas cuestiones, como tampoco se resuelven los problemas de infraestructura. El socialismo no tiene una política propositiva frente a la marginación, la exclusión y el sometimiento de los vecinos ante los aparatos armados”, detalla el militante.

“Por suerte –agrega Grosso– todavía aquí no hay grandes carteles de droga, como en otros lugares de América latina, por lo que es un problema que puede resolverse antes de que sea tarde. Pero para eso hace falta voluntad política, y el gobierno santafesino no la tiene. Nosotros junto con los vecinos avanzamos en un montón de cuestiones, pero hay un límite que es que nosotros no podemos meter preso a nadie. Desde la organización popular nos ponemos al pie del cañón, pero no podemos reemplazar a la Justicia o al municipio.”

Este miércoles habrá una nueva asamblea y entre el jueves y el sábado se llevarán a cabo las jornadas en las que entre vecinos, militantes y cooperativistas van a “cambiarle la cara” al barrio. Serán más de 500 personas comprometidas con Nuevo Alberdi, decididas a defender las casas que en muchos casos construyeron con sus propias manos de la violencia criminal y la complicidad policial. “Hay esperanza y unidad”, dice Q, y su voz suena por primera vez más serena. “Nuestra premisa es no responder balas con balas, sino contestarle a la violencia con organización, trabajo y unidad. Esa es la única respuesta que tenemos que darle al aparato narco y también al Estado ausente.”