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El ex fiscal de la Corte Penal Internacional es ahora asesor legal de la DAIA y la AMIA en su cuestionamiento al Memorando de Entendimiento con Irán. Luis Moreno Ocampo no hizo una crítica irreductible del convenio con Irán que se está debatiendo en el Congreso, pero marcó que “la clave” es quiénes serán los miembros de la Comisión de la Verdad, los cinco juristas que junto al fiscal y el juez argentinos harán el viaje a Teherán.

–¿Qué postura tiene usted ante el Memorando?

–La DAIA me llamó para ayudarlos y les propuse tratar de encontrar una posición común con la AMIA. Por mi rol, yo nunca dije si había que tomar o rechazar el acuerdo, dije que había que analizar los riesgos y ver si se podían minimizar. Antes de que yo llegara a Buenos Aires, la DAIA y la AMIA consideraron que había que rechazar el acuerdo. Algunos piensan que no hay ninguna oportunidad, otros creen que el riesgo es muy grande, que no se puede confiar en Irán. Durante el debate, el canciller reconoció que él no confía en Irán, pero que no hay otra alternativa para impulsar la investigación.

–¿Hay antecedentes de una resolución como ésta?

–La AMIA y el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York muestran las nuevas formas del terrorismo internacional. Para investigar y castigar a los culpables no había más alternativa que ir a una guerra, como hizo Estados Unidos en Afganistán, o negociar con el Estado para el que trabajan los sospechosos, como plantea el Memorándum. Eso hicieron con Khadafi. Su caso muestra las posibilidades: él aceptó que su jefe de Inteligencia fuera juzgado en Holanda e indemnizó a las víctimas. Su caso también muestra los riesgos de negociar con líderes que usan el crimen para mantenerse en el poder. Khadafi continuó cometiendo crímenes en ciertas partes del mundo y consolidó su poder. En 2009 fue presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, miembro del Consejo de Seguridad y presidente de la Unión Africana. En 2011, cuando ordenó a sus soldados disparar contra los manifestantes desarmados y amenazaba con exterminarlos, el Consejo de Seguridad envió su caso a la Corte Penal Internacional que luego de investigar los hechos libró mandatos de arresto contra él, su hijo y su jefe de inteligencia. La Corte Penal Internacional es una nueva forma de enfrentar estos crímenes en la medida en que el ataque constituya un crimen de lesa humanidad, pero no tiene jurisdicción para delitos cometidos con anterioridad al 1º de julio del 2002.

–¿Cuáles son los riesgos?

–Que se use la Comisión para encubrir a los culpables y para cuestionar en Interpol la emisión de alertas rojas. Las órdenes del juez argentino seguirían vigentes, pero su legitimidad internacional cuestionada.

–¿Cuál es la oportunidad?

–Que una Comisión seria impulse la investigación y muestre que los intentos de encubrimiento confirman la culpabilidad de los sospechosos y la complicidad de miembros de su gobierno.

–Pero usted ¿tiene objeciones legales?

–Se podría haber diferenciado más el rol de la Comisión y el de los jueces para evitar confusión, pero pareciera que uno de los objetivos del gobierno argentino fue facilitar la toma de declaraciones indagatorias. La doctora Diana Malamud, que expresa a uno de los grupos más escépticos, sin embargo dio la bienvenida a esa posibilidad durante el debate en el Congreso. La DAIA, por el contrario, piensa que la actuación judicial en cooperación con la Comisión puede llevar a anular toda la causa. El Senado debatió el tema y va a resolver. Si se aprueba la creación de la Comisión, la selección de sus integrantes será el tema clave. De ellos y de la claridad del juez y del fiscal va a depender el futuro de la investigación sobre el atentado a la AMIA.