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La centralidad que Néstor Kirchner confiere en 2003 al proceso de Memoria, Verdad y Justicia planteó una ruptura muy significativa con las respuestas que su propio partido había ofrecido hasta ese momento a la mayor tragedia de nuestra historia nacional. Por razones complejas que no intentaré analizar en esta nota, los derechos humanos no fueron bandera del peronismo en el retorno de la democracia, no lo fueron para la renovación, tampoco para el progresismo peronista reunido en torno del Frente Grande y el Frepaso, aunque haya tenido gestos de mayor empatía, y menos aún para el menemismo que se propuso instaurar por decreto el perdón. Las declaraciones recientes del gobernador José Manuel de la Sota se enmarcan en un itinerario de larga data que se sostuvo casi sin fisuras hasta la llegada de Kirchner al poder.

El candidato presidencial del Partido Justicialista en octubre de 1983, Italo Argentino Luder, se pronunció en plena campaña electoral por la validez de la ley de amnistía de la dictadura. Luder ocupó la primera magistratura del país desde el 13 de septiembre de 1975 hasta el 17 de octubre de ese mismo año, por licencia de la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón. Durante ese breve lapso, firmó los decretos que extendieron a todo el país la política de “aniquilar el accionar de los elementos subversivos” iniciada pocos meses antes en la provincia de Tucumán, en el marco del Operativo Independencia. Los decretos establecieron un plazo de doce meses para lograr “la pulverización del accionar subversivo” y otros tantos para “aniquilar sus elementos residuales”, por lo que al momento de producirse el asalto al poder por parte de las Fuerzas Armadas en marzo de 1976, una buena parte del plan de exterminio se había cumplido bajo el amparo del gobierno constitucional.

La “renovación peronista”, que pugnó por el recambio de la dirigencia partidaria protagonista de la transición, evitó sin embargo referirse a estas ríspidas cuestiones de la historia nacional y no las computó públicamente como diferencias con sus adversarios internos, aunque estaban en el núcleo de la derrota que pretendía conjurarse. De esa renovación surgió el primer dirigente peronista en asumir el gobierno desde la recuperación democrática, Carlos Menem, que usufructuó su condición de víctima de la dictadura para ofrecerse como garante de una nueva etapa fundada en el perdón de los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado.

Es importante consignar que, antes de 2003, hubo reacciones aisladas contra el silencio y la impunidad en el campo peronista. En 1985, por ejemplo, un grupo de veintiséis intelectuales, decidió des-afiliarse del partido, publicando una carta que contenía un duro pronunciamiento contra las ambiguas posiciones de la dirigencia en materia de derechos humanos, y en 1990, un bloque de ocho diputados decidió separarse de la bancada con posterioridad al dictado de los indultos. A estas líneas de ruptura, deben sumarse actitudes de algunos dirigentes y afiliados de carácter individual, pero ninguna que implicara orgánicamente al justicialismo.

Néstor Kirchner fue el primer dirigente peronista desde la recuperación de la democracia que obligó a su partido a hablar de los muertos. Los muertos emblemáticos de nuestra historia, desaparecidos y asesinados por la última dictadura cívico-militar (y también los muertos del 2001 y 2002, fundantes de esa segunda transición que Kirchner lideró). De este modo, se convirtió en el articulador político de dos universos simbólicos que habían permanecido paradójicamente desligados desde la restauración democrática: el movimiento de derechos humanos y el peronismo, víctima primordial de la represión de Estado. Esta potente conjunción produjo numerosas reacciones adversas.

Las principales críticas a la política oficial de derechos humanos provinieron en estos años de sectores de la oposición política y de ámbitos intelectuales y académicos afines a posiciones liberal-democráticas. De modo esquemático, propongo sintetizarlas bajo los siguientes argumentos: 1) debilitamiento de los derechos humanos como factor transversal de congregación social y política; 2) interpretación limitada de los derechos humanos (referida sólo al pasado); 3) utilización de los derechos humanos como herramienta para la lucha política facciosa; 4) aprovechamiento de los derechos humanos como instrumento de legitimación política; 5) abandono de toda neutralidad en los relatos oficiales sobre el pasado; 6) reinscripción forzada de los derechos humanos en la tradición populista; 7) cooptación y pérdida de autonomía de los organismos de derechos humanos.

Dentro del campo peronista, hasta ahora, había reinado mayormente el silencio. Las declaraciones realizadas por el gobernador cordobés rompen este escenario congelado y se inscriben en una lógica de confrontación simbólica y política de otro orden que la ya conocida (y resumida en el párrafo anterior). A diferencia de los adversarios liberales del kirchnerismo, De la Sota utiliza el lenguaje orgánico de las Fuerzas Armadas y la Iglesia para criticar lo que denomina “política del resentimiento” y pedir un “baño de reconciliación”; al mismo tiempo que –con una osadía hasta ahora nunca vista en los críticos no-peronistas– pasa a la acción: propone habilitar el escenario diacrónico de una negociación política con los responsables de los crímenes de lesa humanidad, juzgados desde 2005 por tribunales comunes en procesos que son ejemplares para el mundo, restaura la teoría de los dos demonios y desautoriza lo realizado hasta aquí por la Justicia calificándolo como reviente.

Apresurado por sacar conclusiones políticas de la muerte de quien los dos diarios nacionales de mayor tirada despidieron bajo la fórmula de clausura de “símbolo de la dictadura militar”, De la Sota aparece como bandera de lanza de quienes prefieren cerrar el círculo y parar la maquinaria de los juicios que la semana pasada condujo al procesamiento de tres ex directivos de la empresa automotriz Ford en una causa que investiga el secuestro de 24 obreros. La posibilidad de reducir penas a cambio de información es resorte de los jueces, y los dichos del gobernador no tienden a “quebrar” el pacto de silencio sino a fortalecer a los silentes y dar protección a sus cómplices civiles.

Escuchamos sus palabras con estupor después de diez años en que las reivindicaciones históricas de los organismos de derechos humanos y de buena parte de la sociedad argentina encontraron acogida en un gobierno peronista que las asumió e impulsó como política de Estado, salvando las defecciones en la que los dos partidos mayoritarios incurrieron y comprometiendo a los poderes de la democracia en su defensa. Se ha dicho mucho sobre la distancia que Kirchner estableció en relación con las conquistas obtenidas durante el gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín, pero muy poco sobre el impacto retrospectivo de su posicionamiento en relación con el peronismo. El gesto de De la Sota pone de relieve este aspecto menospreciado de la política de derechos humanos del kirchnerismo y torna más comprensible su decisión explícita de buscar respaldo en la sociedad más que en los partidos políticos para consolidarla.

En un testimonio brindado a la Fundación Memoria Abierta, una madre de Plaza de Mayo recurre a la metáfora de la “ducha escocesa” para referir los vaivenes padecidos por los familiares durante los primeros años de la dictadura militar: “un día nos enterábamos que aparecía alguien que estábamos buscando y nos alegrábamos y al día siguiente escuchábamos que estaban tirando cuerpos vivos al mar”, decía. Y agregaba: “después de los avances conseguidos con la Conadep y el Juicio a las Juntas tuvimos la segunda ducha escocesa con el punto final, la obediencia debida y los indultos. La conciencia social sobre el valor del proceso de Memoria, Verdad y Justicia es el mejor antídoto contra el intento encabezado por De la Sota de llevarnos con su baño de reconciliación a padecer un nuevo tiempo de retroceso inaceptable”.

* Ex directora de Comunicación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) entre 2005 y 2010. Actualmente escribe su tesis para obtener la licenciatura en Filosofía sobre “Los derechos humanos como fundamento de la reconstrucción ética y política en el período 2003-2013”.