El debate sobre la posibilidad de sindicalizar a las fuerzas policiales dio lugar a un abanico de opiniones que van del “sí” al “no” rotundos, pasando por el “tal vez” y por las dudas acerca de si la alternativa podría servir para ponerles fin a los autoacuartelamientos. Expertos en derechos humanos y en cuestiones de seguridad creen que la discusión tiene que ser para “terminar con el autogobierno policial”. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, rechazó la posible actividad gremial de los policías porque “aparte de portar armas y no poder tener una estrategia de sindicalización, también tienen una estructura de carácter salarial por componentes que es diferente del resto de la administración pública”, además de “un régimen jubilatorio de privilegio que tiene un costo de financiamiento diferente del resto”. Dirigentes del PRO y del Frente Renovador se mostraron favorables a que los policías tengan representación gremial, mientras que el Frente Amplio Progresista (FAP) se declaró en contra y la Unión Cívica Radical (UCR) señaló que es un tema que debe ser debatido en profundidad por el Congreso.

Gastón Chiller, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), consideró que el tema de la sindicalización “está opacando la discusión sobre una posible reforma de la seguridad pública en general”. Chiller sostuvo que “la duda que se nos plantea (ante lo ocurrido en estas semanas) es si la sindicalización hubiese servido para evitar los acuartelamientos y los saqueos”. El dirigente del CELS señaló que lo “realmente importante es la reforma policial, el quiebre de los pactos con sectores políticos, el fin de las fuerzas policiales violentas y corruptas, vinculadas con el crimen organizado”.

Chiller resaltó que “lo realmente preocupante es que se hayan cerrado los conflictos, que tuvieron un carácter extorsivo, sin que se haya advertido una fuerte posición de los gobiernos para que estas situaciones no vuelvan a repetirse”. El director ejecutivo del CELS puntualizó que “algunos conflictos, como el ocurrido en Córdoba, tuvieron relación con las investigaciones que señalan los altos niveles de vinculación entre policías y el narcotráfico”. Insistió en que lo grave es que “no se retome la discusión pública sobre las reformas policiales, que cuando se hicieron (en la provincia de Buenos Aires), sufrieron contrarreformas que ratificaron el poder autónomo de la policía. En este marco, hablar sobre sindicalización es tirar la pelota afuera”.

El sociólogo Juan Pegoraro, director de la revista Delito y Sociedad, admitió que no tiene una “opinión totalmente formada” sobre si es buena o mala la sindicalización. “Es un tema tremendamente complejo, porque no sabemos cómo puede funcionar esa alternativa en una fuerza policial militarizada”. Coincidió con Chiller en la necesidad de “evitar que se repitan estos planteos autoritarios, donde todo parece indicar que las autoridades policiales son las que fogonean a la tropa a generar estas situaciones”. En ese sentido, mencionó lo sucedido en Córdoba y Santa Fe como prueba de que “en esos casos los hechos ocurridos tienen que ver con las investigaciones que se están haciendo sobre la participación policial en delitos graves como el narcotráfico y la trata de personas”.

Pegoraro agregó que, en ese marco, “la sociedad, no sólo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, vive en la disyuntiva de, por un lado, necesitar que la policía le dé seguridad y, por el otro, temerle a lo que se ha dado en llamar la maldita policía”. Resaltó, en el mismo sentido, que “nunca como ahora están tan vinculados los delitos paralelos y los negocios policiales, a la vez que también se advierte la participación del Poder Judicial. No es toda la policía, ni todo el Poder Judicial, pero el problema existe, es una realidad”.

“Si no existiera esa vinculación –destacó Pegoraro–, hay muchos delitos que no podrían funcionar tan libremente.” Concluyó que el interrogante es “por qué no se puede lograr que la policía pueda funcionar dentro de normas legales. Cómo hay que hacer para lograr que los policías cumplan con la ley: no torturar, no matar, no robar. Por qué razón es tan difícil terminar con esta impunidad. Cómo es posible que el caso Bulacio haya pasado por 18 jueces, sin que se haga justicia. Los jueces dependen de la policía, pero la policía debería estar sometida al poder político”.

El titular del bloque de la UCR, Gerardo Morales, afirmó que el tema de la sindicalización “debe debatirse a nivel nacional” y que en el Congreso “debe abordarse la Ley de Seguridad Interior e inscribir la propuesta dentro de los parámetros establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en los convenios 154 de Negociaciones Colectivas y 87 de Libertad Sindical”. El dirigente radical remarcó que “debe haber fuertes límites en las medidas de acción directa para evitar el acuartelamiento”.

La diputada socialista por Santa Fe Alicia Ciciliani, integrante del Frente Amplio Progresista (FAP), rechazó la sindicalización policial: “Con la policía que tenemos no creo que podamos pensar en esta alternativa. Hay que hacer una reforma policial en un proceso donde sepamos bien qué modelo policial queremos”. Aclaró que “la sindicalización no se puede pretender con el derecho a huelga cuando le damos el poder de la fuerza”.

Desde el PRO, la diputada nacional Patricia Bullrich aseguró que “el modelo de no sindicalización es un modelo de verticalismo donde la persona policía no tiene cómo plantear sus problemas”. Por esa razón recordó que desde el Congreso viene impulsando la sindicalización “como lo hice cuando fui ministra de Trabajo”. Bullrich afirmó que “las experiencias en el mundo son positivas porque fueron una forma de descomprimir los conflictos”. Agregó que debe instrumentarse “un derecho de huelga limitadísimo porque no pueden levantar el servicio de cuidar a la gente”.

El ex titular del bloque del massismo en Diputados, Roberto Mouillerán, se mostró a favor de la sindicalización “siempre que se limite la cuestión de la huelga porque el servicio que prestan es esencial”. Expresó que está “de acuerdo con la sindicalización, en la medida en que la misma contemple que el servicio que brinda la policía es un servicio esencial y por lo tanto se debe limitar la cuestión de la huelga”.