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“Acá hay que hacer la reforma policial o hacer la reforma policial, no queda ningún otro camino.” El ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian, en una entrevista con Página/12, consideró que las policías, en el país, “siguen siendo napoleónicas y se autogobiernan porque siempre pactan con sectores de los gobiernos”. Sostuvo que “si no se las descentraliza y se las democratiza de una buena vez”, las rebeliones policiales que sacudieron al país en los tiempos recientes “van a ser el cuento de nunca acabar”. De todos modos, recalcó que “para poder imponer una reforma policial hay que tener conocimientos técnicos; una reforma policial no la puede hacer un civil ignorante”. Arslanian se declaró a favor de la sindicalización de las policías, pero puntualizó que los uniformados “no pueden tener derecho de huelga, porque están obligados a preservar derechos superiores, como son el derecho a la vida y a los bienes de la sociedad a la que deben proteger”, en referencia a los saqueos que se produjeron en estos días, en coincidencia con las protestas policiales que tuvieron lugar en varias provincias.

Recalcó que las cúpulas policiales “no representan a la tropa” porque “no las mueve un interés gremial, porque los jefes negocian políticamente sus propias condiciones y sus propios intereses. A cambio de gobernabilidad pactan con los sectores políticos las condiciones para tener libertad para manejar y regular los delitos”. Recordó que cuando fue ministro “nos apoderamos de la información” que reunían las comisarías, porque “si esa información queda en manos de la policía, nunca vamos a tener conocimiento de las irregularidades” que se cometen, con participación policial, en materia de delitos graves como narcotráfico, robo organizado, trata o casos de violencia institucional.

Arslanian fue ministro de Seguridad bonaerense durante los años 1998/99, en el gobierno de Eduardo Duhalde, luego de que estallara el escándalo del caso Cabezas y la “Maldita Policía”. Quiso hacer la reforma policial, pero no pudo porque lo sacaron del cargo cuando asumió Carlos Ruckauf como gobernador. Volvió a la función en el período 2004/2007, con Felipe Solá en el gobierno, y completó la reforma que, según el mismo Arslanian, “fue totalmente destruida por el gobierno de (Daniel) Scioli”.

–Después de las revueltas policiales que conmocionaron al país se abrió un debate sobre la sindicalización de las fuerzas de seguridad. ¿Qué opina usted al respecto?

–Lo que creo es que la sindicalización es un capítulo o un subcapítulo importante de la reforma policial. La sindicalización tiene que ver con la formación de los recursos humanos policiales, con los derechos y obligaciones de los policías, con la salubridad y la higiene de los que ejercen la profesión. Cuando nosotros hicimos la nueva ley orgánica de la policía provincial, uno de los artículos estuvo destinado a reclamar que se respeten los derechos laborales de los policías, en total acuerdo con los convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y con los convenios internacionales de derechos humanos que han sido incorporados a la Constitución Nacional.

–¿Los policías pueden tener todos los mismos derechos laborales que cualquier trabajador?

–Debo aclarar que cuando hablamos de sindicalización policial no estamos hablando del derecho de huelga. La sindicalización no significa que los policías tengan los mismos derechos que un trabajador portuario, pero sí que tengan una representación genuina, que pueda sentarse a negociar con los gobiernos temas tales como los salarios, las condiciones laborales. Y que puedan discutir los modos de organizaciones de las fuerzas de seguridad; no puedo decir que son medievales, pero sí que son napoleónicos en la mayoría de las provincias argentinas.

–La semana pasada, en los hechos, tuvimos una huelga policial que abrió la puerta a los saqueos y que puso en jaque a varios gobiernos provinciales generando una conmoción a nivel nacional.

–La policía no puede tener derecho de huelga, porque está obligada a preservar derechos superiores, como son el derecho a la vida y a los bienes de la sociedad a la que debe proteger. Los intereses y el bienestar del colectivo social está por encima de los intereses corporativos de las fuerzas policiales y de seguridad. Los policías tienen derecho a participar, a través de representantes legítimos de la tropa, en mesas de trabajo sobre salarios, condiciones de trabajo y de salubridad, tratamiento adecuado de enfermedades profesionales, prestaciones médicas garantizadas, derecho a la vivienda, estabilidad en el lugar de trabajo.

–En las revueltas policiales queda siempre claro la división que existe entre suboficiales y oficiales, entre la cúpula y la tropa.

–En la reforma policial que se pudo completar (cuando fue ministro de Seguridad entre 2004 y 2007), nosotros planteamos el tema de la sindicalización, porque teníamos muy claro que las cúpulas nunca representan a la tropa. A las cúpulas no las mueve un interés gremial. Las cúpulas negocian políticamente sus propias condiciones y lo que les interesa en términos generales. Y los gobiernos sólo les exigen que garanticen la gobernabilidad. Con algunos gobiernos, las cúpulas negocian las condiciones para tener libertad para manejar y regular el delito de la mejor manera, en defensa de sus propios intereses. En los hechos, lo que ocurre es que desde los sectores políticos se permite el autogobierno de las fuerzas policiales y de seguridad.

–¿Por esas razones, cuando fue ministro, usted eliminó la jefatura de policía para que esa responsabilidad fuera civil?

–Yo creo que pudimos demostrar que era posible llevar adelante una reforma, un programa coherente, sin necesidad de pactar nada con las fuerzas de seguridad. Los gobiernos no tienen que pactar nada, pero nuestra reforma, después de la asunción del gobernador (Daniel) Scioli y su ministro de Seguridad (Carlos Stornelli), fue destruida en sus principales aspectos. En 2009, ya fuera del gobierno, llegamos a un acuerdo para avanzar hacia una seguridad democrática, con participación de organizaciones de derechos humanos, especialistas y referentes de diferentes fuerzas políticas. Y lo primero que se planteó es que las fuerzas policiales dejen de estar gobernadas por sí mismas. El que las debe conducir y disciplinar es el poder político (la voz de Arslanian se hace más grave y al mismo tiempo se transforma casi en un grito). Eso no ocurrió porque se decidió pactar con las policías. La seguridad es un resorte de los gobiernos y no se puede negociar.

–Al margen de los “pactos”, también es cierto que resulta difícil disciplinar a fuerzas policiales que se autogobiernan y hasta se autofinancian. Recuerdo los rostros de algunos oficiales cuando usted, como ministro, iba a darles instrucciones. Lo miraban feo.

–Absolutamente cierto. Pero de todos modos, fuimos ganando espacio, cierto grado de autoridad moral. Para poder imponer una reforma policial hay que tener conocimiento sobre lo que se está haciendo, hay que tener conocimientos técnicos. Una reforma policial no la puede hacer un civil ignorante. En un año creamos el 911, instalamos un call center con gente preparada que tenía un amplio manejo lingüístico, transformamos a los suboficiales en oficiales, hicimos que fuera obligatorio para todos tener el secundario completo, trabajamos muy fuerte con el Ministerio de Educación. Teníamos mucha gente que no había terminado la escuela primaria y nos dimos cuenta que no había ninguna diferencia entre el conocimiento y el trabajo real que hacían suboficiales y oficiales, por eso eliminamos esa diferencia que genera situaciones de rivalidad. Pero bueno, todo lo que hicimos, lo destruyó el gobierno de Scioli. La policía Buenos Aires 2 fue destruida. A mí no se me amotinó nadie. Y los jubilados policiales, que dejaban la actividad y pasaban a cobrar sólo el 25 por ciento de lo que recibían en el servicio activo, se fueron con el ciento por ciento del último sueldo percibido.

–¿Usted encontró apoyo, dentro de la Policía Bonaerense, para seguir adelante con la reforma?

–En una reunión que se hizo en la Escuela Juan Vucetich, con presencia de Scioli, muchos le pidieron que siguiera con la reforma. Los buenos policías, que los hay, querían que siguiera; los malos, por supuesto, no querían saber nada con perder su poder y sus negocios. La gente del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) me vino a ver para monitorear la reforma. Hizo un muy buen informe, favorable, y concluyó que había que aportar plata para la reforma.

–¿Y cómo se combaten esos males endémicos de las policías, como la tortura, la corrupción, la trata, el narcotráfico, el vínculo cada vez más claro con el crimen organizado?

–Nosotros creamos información online. Nos apoderamos de la información que no puede quedar en manos de las policías, porque si queda en sus manos nunca se va a saber nada de lo que está pasando. Hay que apropiarse de la información que manejan para saber todo lo que nunca van a contar. Hicimos estadísticas reales, mes a mes, con la información obtenida por empleados civiles comisaría por comisaría. Así determinamos la cantidad referenciada de los delitos. Y de esa forma, saltaban las irregularidades.

–¿Se pudo avanzar con las investigaciones sobre violencia institucional y otros delitos?

–Lo que hicimos es intervenir de modo efectivo hacia el interior de la fuerza. Lo primero fue armar la base de datos y después hacer la inteligencia de esa información. Asuntos Internos no puede estar en manos de un policía y los agentes involucrados en delitos ya no fueron defendidos por abogados de la propia fuerza. Si al sistema lo maneja la policía, hay complicidades de todo tipo. También empezamos a trabajar con los foros vecinales, que aportaban mucha información sobre el delito y sobre la actuación de las fuerzas policiales. Muchas veces, los mapas del delito de los vecinos eran mucho más precisos y acertados que los que confeccionaban las comisarías.

–¿Cuál sería su consejo a las autoridades gubernamentales para ponerle fin a estos levantamientos policiales?

–Acá hay que hacer la reforma policial o hacer la reforma policial, no queda ningún otro camino. La policía sigue siendo napoleónica, autogobernada. Si no se la descentraliza, si no se la democratiza de una buena vez, esto es el cuento de nunca acabar. Hay que terminar con esta rémora perversa de oficiales y suboficiales, y de un jefe de policía y una cúpula policial que no representan a nadie y que sólo defiende intereses personales.