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El Fondo de Inversión Fintech Advisory, que posee títulos de la deuda pública argentina por una cifra que su titular, David Martínez Guzmán, menciona como “centenares de millones de dólares” y que según fuentes del mercado se aproximan a los mil millones, es el primer particular interesado que afirma su apoyo al proyecto de ley enviado al Congreso para declarar de interés público “la reestructuración de la deuda 2005-2010 y su pago soberano local a la totalidad de los acreedores, en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables”. Ante una consulta para esta nota, Martínez dijo desde Grecia que estaba dispuesto a aceptar las condiciones propuestas para “aislar al juez Thomas Griesa y a los fondos buitre y reanudar la cadena de pagos interrumpida en forma arbitraria”. Para ello propone un canje de la deuda reestructurada que Griesa defaulteó a la fuerza, por nuevos títulos, emitidos en moneda extranjera pero bajo jurisdicción local. El emisor podría ser el Banco Nación, con la garantía de la República Argentina, y los tenedores de los títulos de 2005 y 2010 podrían proponerle al Banco Nación su canje por la nueva deuda doméstica. El deudor pasaría a ser el Banco Nación. Cree que esa operación tendría un “consenso absoluto”, que a Griesa le sería muy difícil obstaculizarla y que si lo intentara no sería respaldado por la Cámara de Apelaciones, porque se trataría de emisión de deuda interna. A su juicio en septiembre no se debería realizar un nuevo depósito en el Banco Mellon de Nueva York, porque eso equivaldría al intento de pegar un vaso roto, sino avanzar directamente hacia el canje bajo ley argentina. Como la cadena de pagos ya se rompió y el juez controla muchos eslabones, la solución radical que avizora Martínez es el canje para pagar bajo la ley argentina, lo cual sería consistente con la cláusula de pari passu, al tratarse de deuda doméstica. Hasta ahora el gobierno ha insistido en que la Argentina no entró en default, porque depositó el pago, pero no es evidente por cuánto tiempo más podrá mantenerse esta posición ante la secuela de hechos consumados que se producen en el barrio sur de la isla de Manhattan.

Martínez es uno de los inversores que compraron bonos argentinos durante el gobierno de Carlos Menem. Después del default de fin de siglo ingresó en el canje realizado en 2005 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Siguió comprando títulos a tenedores que no aceptaron aquella propuesta y que en vez de litigar prefirieron desprenderse de esos papeles a precios de mercado y volvió a participar en el canje de 2010. Repitió la operación a partir de entonces y hoy posee una cantidad no especificada de bonos en default. En este punto no difiere de su archirrival Paul Singer. Pero Martínez afirma que lo hace con miras a participar en un tercer canje y considera que una vez aprobada la ley, una propuesta concreta formulada a los bonistas congregaría un porcentaje de aceptación superior al 98 por ciento.

Los títulos canjeados en 2005 y 2010 junto con los que por el mismo valor podrían emitirse en 2014, se depositarían en un fideicomiso, con condición de reversibilidad. Es decir que si en algún momento futuro la interferencia judicial cesara, los tenedores podrían elegir con cuáles papeles quedarse. Algunas de estas cosas no constan de forma explícita en el proyecto de ley, pero ninguna de ellas está vedada por su texto. A contramano de las visiones apocalípticas que difunden otros hombres de negocios, Martínez sostiene que la economía argentina es sólida, que no hay problemas de mercado para el cumplimiento de sus obligaciones y que las condiciones son propicias para el crecimiento de un mercado de capitales local, bajo legislación argentina, un fenómeno similar al que sucedió en países como Colombia o Perú. Como prueba de ello alega que los bonos con que la Argentina pagó la expropiación del 51 por ciento de Repsol-YPF fueron recibidos con avidez por el mercado, donde su cotización subió desde su emisión hace tres meses. Repsol decidió desprenderse de esos papeles y el mercado los absorbió en media hora, exagera. Admite que el interés que pagan aún es elevado y que la Argentina merece una tasa más baja.

Un ataque indebido

Lo que sigue es parte del diálogo mantenido con Martínez Guzmán:

–¿Cuál es su opinión sobre el proyecto de ley?

–Es la medida correcta que debe tomar un país soberano ante un ataque judicial indebido.

–¿Usted aceptaría los mecanismos contenidos en el proyecto?

–Sí. Este será un proceso largo y complejo. Por un lado está la sentencia judicial sobre el litigio con fondos a los que no les interesa negociar, que se dedican a demandar a los países en dificultades y ahora están planeando hacerlo con Portugal. Quieren un trato preferencial sobre el de los mayores depositantes y el de las multinacionales que luego de la crisis de fin de siglo renegociaron sus contratos, que tampoco podían cumplirse. Para que cobren, el juez tomó medidas que dañan al país y a otros acreedores, como nosotros. Como la Argentina ya había acordado la regularización de su deuda con el Club de París y había emitido bonos para pagar la indemnización a Repsol y a quienes ganaron juicios en el CIADI pensaron que con esta medida cedería. Pero la Argentina no se dejó extorsionar.

–¿En qué consiste la extorsión?

–En una medida que daña a todos los que teníamos contratos válidos. Al romper los contratos el juez universalizó el litigio. No tiene derecho a hacer eso, con bonistas que hicieron acuerdos en Londres, en Bruselas o en Tokio y que no tienen nada que ver con los litigantes.

–¿Y la respuesta argentina?

–Se trata de una iniciativa general y de un mecanismo de ordenamiento para aislar al juez. Es la forma correcta de recuperar la capacidad de conducción de sus negocios, reconstruir la cadena de pagos de los bonos reestructurados. El Banco Nación puede pagarle a la Comisión Nacional de Valores, que a su vez les pagará a los tenedores de los bonos.

–Los bonos están depositados en bancos. ¿El juez puede prohibirles realizar esa operación?

–Al Banco Nación y a la CNV no. Euroclear es una empresa constituida en Bélgica, que está blindada contra embargos de estos mismos litigantes. Pero es una empresa muy conservadora que además tiene una oficina en Nueva York, por lo cual es probable que no se anime a pagar sin autorización del juez. En ese caso, nosotros y el Estado vamos a litigar contra Euroclear en Bélgica, por los daños que nos provoque.

–Ustedes y el Estado, ¿juntos o cada uno por su lado?

–Por separado, pero tanto no-sotros como el Estado lo vamos a hacer. Nosotros no estamos en el negocio del litigio, el que nos metió es el juez. Pero no puede dar órdenes en cualquier parte, porque viola nuestro derecho de propiedad sobre el que no tiene ninguna autoridad.

–¿Buscarían que un juez belga diga que Griesa no tiene autoridad sobre empresas de ese país?

–Sí. Pero también vamos a apelar en Estados Unidos y en Londres todas las decisiones ilegítimas que nos afectan. La solución de fondo es pasar a un plan local. Le recuerdo a qué velocidad el mercado absorbió los bonos emitidos para pagarle la indemnización a Repsol. Hay muchos inversores dispuestos a hacer negocios bajo la ley local porque es indudable la solvencia de la Argentina y la voluntad de pago de su gobierno. Griesa podría seguir entrometiéndose y prohibir que ingresen al nuevo canje los fondos de inversión sobre los cuales puede imponer la jurisdicción de Nueva York. Pero nada podría hacer ante una emisión de deuda interna en la Argentina, para la cual no hay obstáculos de mercado, el mercado quiere una solución y esa nueva propuesta no violaría la cláusula de pari passu bajo ninguna de sus interpretaciones posibles. No es lo mismo evadir una orden de no pagar que canjear los títulos por un bono doméstico. Los hold-outs representan 7500 millones de dólares, de los cuales sólo la mitad entró en litigio. El resto prefirió vender, y así fue que nosotros seguimos comprando. Algunos querrán ver qué pasa en enero, cuando venza la cláusula RUFO e incluso habrá quienes decidan esperar a 2016, con la esperanza de que gobierne Macri y les pague todo lo que piden. Aun así el canje local sería exitoso, porque restablecido el orden y la cadena de pagos por el actual gobierno y si el 85 por ciento lo acepta, el resto estaría obligado por la cláusula de acción colectiva. El resto de los holdouts ingresarían al canje, Singer y Griesa quedarían aislados y ése sería el momento de negociar la solución definitiva.

–¿Qué porcentaje de los bonos están en Nueva York y en consecuencia son susceptibles a lo que usted llama la interferencia de Griesa?

–Es imposible saberlo. Los papeles están físicamente depositados en los bancos, pero nadie sabe quién es el último tenedor, porque hay constantes movimientos de mercado, compras y ventas. Hay fondos que no podrían entrar en el canje local pero están dispuestos a vender a quienes sí desean hacerlo.

–Usted es el primer inversor que declara interés en un canje bajo ley argentina. ¿No es un caso excepcional, en defensa de las demás inversiones que tiene en el país y que dependen de la regulación estatal?

–No creo. El caso de los bonos entregados a Repsol es elocuente. Cuando la empresa española decidió venderlos, el mercado no tardó ni media hora en absorberlos. La Argentina tiene números básicos excelentes y hace mucho tiempo que no sale al mercado, donde hay apetito por bonos en dólares bajo ley local.

–El plazo es largo, pero la tasa fue un poco más alta de la que están consiguiendo otros países.

–La Argentina venía de un default y no había salido al mercado a colocar títulos. Merece mejores tasas y las conseguirá. De hecho esos bonos están aumentando su cotización, porque está claro que no hay problemas con el crédito argentino. No sé qué podría hacer Griesa para detener esta tendencia del mercado. La legislación argentina es aceptable, nadie tiene recelos de que el Congreso vaya a modificar las condiciones.

–¿Cómo se le pone límite a Griesa, que se anima a calificar de ilegal un proyecto de ley que tratará el Congreso de un país soberano?

–Diplomáticamente. Una cosa son los litigantes y su reclamo, otra muy distinta la extralimitación del juez. Y además con una propuesta concreta de canje. Tampoco creo que la Cámara de Apelaciones vaya a seguir al juez en todas sus incongruencias. Griesa liberó de responsabilidad al BoNY por no transferir a Euroclear los fondos para nosotros que depositó la Argentina. Ya apelamos esa decisión y lo seguiremos haciendo con cada una que adopte Griesa. La Cámara lo respaldó cuando Griesa forzó esa interpretación del pari passu como única manera de forzar a la Argentina. Pero ahora hay muchas víctimas. Proponerse impedir que la Argentina reestablezca relaciones con todos los hold-in y emita deuda doméstica ya es demasiado.

–¿Cuánto tiempo demoraría la Cámara de Apelaciones?

–Calculamos unos tres meses. También hay toda una discusión acerca de qué es deuda externa y qué es deuda interna. Griesa dijo que no quería afectar los pagos a Repsol, que se realizan en títulos en dólares pero bajo jurisdicción local. Esto es contradictorio con la decisión del mismo juez que considera deuda externa los Discount en dólares. Ni sabía que existían los bonos para Repsol y ahora intenta diferenciarlos, cosa que es imposible, porque son idénticos y bajo la misma jurisdicción, tienen el mismo código alfanumérico ISIN (International Securities Identification Number). Son fungibles, indistinguibles.

–Si todas las apelaciones fracasaran, si entidades financieras conservadoras acataran los diktat de Griesa por miedo a represalias...

–La instancia del canje local es inatacable por el juez. Los bonos quedarían depositados en el fideicomiso y serían reversibles.

–¿Reversibles?

–Sí. Esto significa que cuando se restablezca la cadena de pagos externa, quienes ingresaron al canje en dólares o euros pero con ley local, tendrían la posibilidad de elegir si se quedan con esos nuevos títulos, o vuelven a los originarios reestructurados en 2005 o 2010.