Los medios y las fuerzas políticas de la oposición que se pronuncian sobre el conflicto con la justicia de Nueva York y los fondos buitre ponen el acento en la impericia y la improvisación del gobierno (Julio Cobos), la soberbia de quienes subestimaron el problema (Sergio Massa), los discursos mágicos (Maurizio Macrì), la pésima defensa del Estado (Elisa Carrió) o su inoperancia (Hermes Binner). Sin embargo, en los considerandos del proyecto de ley de declaración de interés público de los canjes de 2005 y 2010, consta que ya en diciembre de 2003, al conocer la estrategia del fondo NML de Paul Singer, la Argentina solicitó al juez Thomas Griesa que garantizara la posibilidad de pago a los acreedores y declarara que al pagar a quienes aceptaran el canje por entonces propuesto no violaría la cláusula de pari passu. En una audiencia realizada en enero de 2004 la República Argentina pidió que Griesa dejara sentado que “la cláusula pari pa-ssu (i) no requiere pago a prorrata, (ii), no establece la prohibición de pagar a un acreedor y (iii) no ordena el cese de pagos por no pagar a uno o más acreedores”. El juez desechó el reclamo por prematuro y expresó que la interpretación de esa cláusula que según la Argentina planeaba invocar NML le parecía “muy extraña”. Pero en 2010, el fondo de Singer solicitó permiso para modificar su demanda, alegando que la cláusula pari passu “implicaba que si algún acreedor del Estado no recibía el pago correspondiente, dicho Estado tenía prohibido efectuar pago alguno de su deuda, pues todos debían recibir un ‘trato igualitario’” y pidió que el juez impidiera el pago a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010 a menos que, en simultáneo o por anticipado, se pagara a NML y los demás co-demandantes, el total de sus tenencias no reestructuradas. A Griesa ya no le pareció una interpretación tan extraña y accedió en dos decisiones de diciembre de 2011 y febrero de 2012. La posibilidad de una interferencia semejante también había sido prevista en las ofertas de canje de 2005 y 2010, en las que se advertía expresamente que los pagos de la Argentina a los tenedores de Títulos Nuevos “podrán ser afectados, ordenados o de otro modo cuestionados por los tenedores que se negaron a participar en la Oferta o por otros acreedores de la Argentina”. Casi sin excepción, los comentarios de prensa interpretan que la ley procura cambiar el lugar de pago de los bonos. Esto no se desprende de su articulado, que tal como está previsto en los contratos de reestructuración sólo reemplaza al agente fiduciario BoNY, dada su “pública y notoria incapacidad de actuar” por un fondo fiduciario constituido por el Banco Nación, en una cuenta del Banco Central idéntica a la que tiene allí el BoNY. El cambio de legislación y jurisdicción es apenas una posibilidad que el Estado pondría a disposición de los tenedores de títulos, sólo si ellos lo solicitaran ante la “ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro”, impuesta por los tribunales de Nueva York. Otra afirmación corriente sobre el tema es que el actual gobierno no puede desconocer la jurisdicción de Wall Street porque la aceptó en los canjes de 2005 y 2010. El detalle que falta es que el litigio se dirime en el tribunal de Griesa, no involucra títulos emitidos en aquellas reestructuraciones sino antes del default de fin de siglo, por los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.