[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

“Desdeño las romanzas
de los tenores huecos.”
“Retrato”, Antonio Machado.

La política se construye con relatos, mal que les pese a ciertos pavotes. Los hechos aislados, sin articulación, son una retahíla vaga. La sumatoria de datos, sin comprender su estructura, puede evocar al mundo fantasmal de Funes, el memorioso que inventó Jorge Luis Borges, pero no bastan para explicar la realidad. La política tiene sus relatos, la ciencia también, las tapas de los medios construyen el propio, de modo confeso.

Dos discursos políticos llamaron la atención desde el domingo pasado: el de Cristina Fernández de Kirchner y el de Ricardo Lorenzetti. Se los contrapone: vale. El presidente de la Corte Suprema, por esas cosas del querer, ha venido a suplir el rol que les cupo otrora a Juan Carlos Blumberg o al chacarero Alfredo De Angeli. La pantalla partida se inauguró con el advenimiento de este último, durante el conflicto con “el campo”. La tele, el multimedios, colocaba en paridad a un primitivo defensor de intereses con la mandataria elegida por el pueblo.

Con Lorenzetti se sofistican el protagonista y el formato: a diferencia del Melli De Angeli el titular de la Corte es un buen orador de cámara, con una aceptable formación académica. Y la pantalla no se divide en el momento, sino que hay una suerte de payada con delay.

La comparación entre los discursos tiene miga. Cristina Kirchner hizo un torrentoso balance de gestión, rebosante de cifras, datos y conclusiones. Se pueden controvertir en todo y en parte, precisamente por su detallismo. El Gobierno seguramente se ensalza de más, equipara la alta inversión al buen desempeño, omite aspectos críticos. Pero se muestra, levanta las acciones que realizó, formula un inventario de medidas impactante. La oradora se pone seria, se calza los lentes, se enoja, se muestra tal cual es. Los legisladores opositores, mostrados por la tevé oficial, participan de la transmisión. Niegan con la cabeza, hacen mohínes, gritan, levantan carteles, ¡un Pinedo se gana el Olimpia de oro semanal a la simpatía haciendo la “v” de la victoria peronista! La Presidenta los insta a expresarse (caso Pinedo), les contesta con tuteo de colegas (Gerardo Morales). Todos saben de qué se habló y cada cual emite su juicio.

Lorenzetti es pura pompa y circunstancia. Las cámaras de tevé aliadas que divulgan su discurso no reparan en rostros de quienes podrían criticarlo. Con delicadeza, se manda al patio trasero a los luchadores de Memoria Activa que podrían discutir algún tramo o levantar un cartelito. Los aliados de la SIDE están sobrerrepresentados en las primeras y cotizadas filas de asientos.

Vamos a lo más importante, aunque el ceremonial jamás deja de serlo. La presentación de Lorenzetti se caracteriza tanto o más por lo que se calla que por lo dicho. No hay una reseña de la gran labor desarrollada por la Corte y Comodoro Py (los grandes elogiados en el speech) en 2014. No hay, ni por asomo, una mención a sus fallos más constructivos, a la celeridad con que se dictaron. Lorenzetti ahorra cualquier referencia a lo que se propone, en el gris terreno de lo real, la Corte para el 2015. Qué asuntos tiene en consideración, qué “cuestiones de Estado” está por abordar.

Tampoco, fea la actitud, incluye una evocación de tres magistrados que integraron el tribunal, los fallecidos Carmen Argibay y Enrique Petracchi, más Eugenio Raúl Zaffaroni, que se retiró sin eternizarse en el poder, como ordena la Constitución.

No explica cómo podrá un tribunal abarrotado dictar decisiones en tiempo y forma con cuatro integrantes versus siete que lo componían un año atrás. No comenta si no es complicado carecer de un especialista en derecho penal, cuando apenas ayer había dos. Es un aspecto opinable, como todo. Hubiera sido esclarecedor contar con su punto de vista. Sobre todo a la luz del disparate que dijo sobre la cosa juzgada en la investigación del atentado a la Embajada de Israel. Se rectificó al día siguiente, mediante un comunicado firmado por interpósito secretario, un texto un cachito capcioso.

Más allá de alusiones generales a la gobernabilidad, a la continuidad de las causas que investigan el terrorismo de Estado y alguna autoalabanza (audiencias públicas), Lorenzetti no aludió a expedientes concretos. Ni tomó el toro por las astas respecto de las numerosas críticas que recibe a diario el Poder Judicial. Por supuesto, silenció la discusión sobre la nobiliaria prebenda que es la elusión impositiva.

Por ponerlo rápido, Cristina habló de realidades, lo que no excluye elipsis y olvidos. Lorenzetti, de reconfortantes generalidades republicanas. No puso en la vidriera todo lo que hace o deja de hacer “la Justicia”.

Tales son, a grandes rasgos cree este cronista, las características de la polémica política en la Argentina de hoy.

- - -

En tribunales es otra cosa: los argentinos informados o politizados han pasado en estos días de la novela policial (clásica o negra) a los vericuetos de las causas penales. En redacciones o en tertulias de café se discurre sobre cómo se tipifica el encubrimiento, los alcances de la tentativa, los motivos de una recusación, el rol de los querellantes y los peritos de parte, el desempeño de jueces y fiscales... Más etcéteras que usted conoce y fatiga.

Son asuntos endiablados que tienen su tecnicismo. A veces ese árbol tapa el bosque del contexto político que explica más y mejor que las pericias o las apelaciones.

En el fragor se pierde de vista un eje central. Un proceso no es un debate común ni una especulación política o filosófica. Es un trámite con reglas precisas y asignación de roles a quienes intervienen. Los tribunales no son el ámbito adecuado para controvertir el mérito o la oportunidad de medidas de gobierno. Ni para investigar sin tener motivos fundados. Ni para requerir a nadie sin elementos sólidos (menos a altas autoridades nacionales, que eso es gravedad institucional también).

Los jueces, cuya función básica es preservar las garantías y sentenciar, deben ser imparciales. Las otras partes del proceso tienen otros cometidos y otros deberes.

Los juicios están concebidos como una contienda entre partes. De ordinario, los fiscales acusan y su rol es iluminar todo lo que construye los cargos contra sospechosos o procesados. Las defensas actúan en espejo. Los querellantes consiguen llegar a serlo si tienen un interés legítimo en la causa, que justifica que participen. No conducen el procedimiento, no expresan a la sociedad, menos que menos juzgan. Se repite y subraya “interés legítimo”. Las dos palabras cuentan.

En la causa por la muerte dudosa y violenta del fiscal Alberto Nisman la asociación que nuclea a sus colegas pidió ser tenida como parte. Hay motivos de solidaridad, no son suficientes estimó sensatamente la jueza Fabiana Palmaghini. La madre de las hijas de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, tiene clara legitimación.

Es poco serio, desde el vamos, adjudicar a sus planteos y peticiones la validez de una sentencia. La querella propone pruebas, designa peritos de parte. Estos, como los abogados, bregan por inclinar la balanza para un lado. En este caso y de momento, para caratular el expediente como homicidio. Es un desenlace posible, no el más probable, no el que sugiere la mayoría de la incompleta prueba.

Los alegatos periodísticos de la jueza Arroyo Salgado son la voz de quien se considera víctima, en nombre de sus hijas especialmente. A diferencia de otros casos, no está acreditado que lo sea porque la hipótesis del suicidio se sostiene. La querella tiene derecho a creer en el homicidio y a peticionar en consecuencia. No tiene razón acreditada, se está investigando. Tampoco adornan a Arroyo Salgado atribuciones institucionales como jueza: lo es en su despacho.

- - -

Profesionalidad y desmesura: Arroyo Salgado presentó de modo incompleto un dictamen de sus peritos contradiciendo a los oficiales. Es una contingencia habitual en los pleitos, mucho más de lo que podrían creer personas profanas arrobadas con la sapiencia de los agentes de CSI. Las partes difieren en sus objetivos, lecturas e intereses: los expertos que laboran para ellas suelen plegarse a las posiciones respectivas. Ninguna ciencia humana es exacta ni sus protocolos, unánimes.

El informe omitió elementos sustanciales, el recorrido de las pruebas tan luego. Se las menta en las conclusiones sin explayarse. Sobre ellas, más la afirmación subjetiva sobre la existencia de un “magnicidio”, el periodista Joaquín Morales Solá escribió que ahora la Presidenta debe dar explicaciones sobre cómo ocurrió el asesinato. El comunicador podría asesorarse por varios de sus compañeros de La Nación que tienen orgullo profesional, estudian y se informan. Pero seguramente su formación legal y política enraíza en los buenos tiempos en que era gacetillero del Operativo Independencia, comandado por el entonces general Antonio Domingo Bussi. En cualquier caso, su afirmación es temeraria, atentatoria contra la división de poderes. Es “la Justicia” quien debe zanjar la cuestión. La imputación aviesa a la Presidenta desde una tribuna de doctrina será o no destituyente (habrá palcos VIP que aprueben al formador de opinión y tribunas populares que lo repudien) pero es, sin duda, pésima praxis periodística.

La fiscal Viviana Fein, que conduce la pesquisa mientras no esté determinado si hubo suicidio u homicidio, puede tomar nota de los planteos y pruebas de Arroyo Salgado o de la otra parte, el bien pagado informático Diego Lagomarsino. Pero son ella y Palma-ghini quienes dirigen el trámite, las únicas que actúan representando al interés general.

- - -

Prueba incomunicada: la oposición de Arroyo Salgado a que se avance en la investigación sobre las comunicaciones que tuvo Nisman en los momentos anteriores a su muerte opone un obstáculo indebido a la pesquisa. Conocer esos intercambios, en especial los que están escritos (mensajes de texto, e-mails), es crucial. Suministran muchos más elementos que las llamadas telefónicas, que se reconstruyen sólo con el testimonio del interlocutor. Un ejemplo acabado es la declaración de la diputada Patricia Bullrich, sobre la ristra de comunicaciones que sostuvo con Nisman. Según ella, no medió una palabra sobre si la sesión sería secreta o pública, como reclamaban los diputados del Frente para la Victoria (FpV). Parece extraño que eso no le importara a Nisman, pero Bullrich lo asevera. Pato no es modelo de lealtad ni de credibilidad pero...

Sin los mensajes escritos, mucho más informativos, no se podrá redondear la recolección de evidencias. Preservar algunos del escrutinio público, cuando versen sobre cuestiones plenamente privadas, puede ser lógico. Abolir esa prueba sería un dislate y frenar el expediente contradice el afán de llegar a la verdad, que se construye con toda la data, no sólo (ni especialmente) con la que predispone una parte.

La presión mediática es feroz. Su afán, en sociedad con el ala stiusista de Comodoro Py, es que el expediente sea derivado a los tribunales federales. Para eso, como piso, debe haber tipificación como homicidio. Es un desafío para Palmaghini y Fein afrontar el deber de garantizar el debido proceso y defender su competencia, se les quiere torcer la muñeca para que la declinen.

- - -

Menos potenciales, fiscal: volvamos a los roles en el procedimiento aunque en otra causa: la que investiga el supuesto encubrimiento en el memorándum firmado con Irán. Al fiscal le cabe la carga de acusar o “requerir”, en jerga. Su discurso técnico no es dubitativo, sino asertivo. Para acusar hay que ser convincente y estar convencido. No se expresa en tiempo potencial de verbos sino, predominantemente, en modos indicativos.

La apelación del fiscal Gerardo Pollicita flaquea de esa pata. Habla en potencial, se remite a la denuncia original de Nisman, a menudo no la hace suya. Regatea con el juez Daniel Rafecas. A su manera, parafrasea un viejo hit del juglar santiagueño Leo Dan. Manguea: “¿por qué no investigamo’ un ratito?”.

Seductor para un sentido común primario, el reclamo es endeble. No hay motivos para investigar porque no hay ni por asomo un cargo serio. Menos elementos de prueba contra los requeridos más alto nivel del gobierno.

Pollicita acude a la estadística: es extraño, alega, que un juez desestime del todo un requerimiento. Será también extraño que los haya tan exorbitantes y produzcan tal conmoción política sin nada de carnadura. Los precedentes, bien mirados, le complicarían la vida a Pollicita. Se encontrarán pocas requisitorias rechazadas de plano pero en los anales de la jurisprudencia nacional no hay ninguna ley democrática que haya sido sancionada como delito.

Se sorteó la Sala de Cámara. Hay dos, en ambas está el juez Eduardo Farah. No es muy sensata esa doble pertenencia que le confiere un poder inmenso... pero en Comodoro Py no prima la sensatez.

El diputado Andrés Larroque recusó al fiscal de Cámara Germán Moldes. Forma parte de sus derechos, la cámara resolverá y todo indica que lo hará con presteza, antes de la audiencia a la que convocó a las partes. Las recusaciones son de interpretación estricta, el punto más flojo de Moldes puede ser su enemistad manifiesta hacia el Gobierno. Hay un estadio intermedio, que es la excusación: el mismo Moldes pidiendo su apartamiento, por delicadeza. Dado su antagonismo hacia el Gobierno y hacia los familiares de las víctimas de la AMIA (que lo denunciaron por cajonear el expediente) sería un gesto de dignidad, de hombría de bien. Conociendo al personaje suena entre improbable e imposible.

- - -

La historia real: la Presidenta recordó la voladura de la embajada, lo que subrayó dos crímenes impunes, no sólo uno. Las reseñas de éstos ansían crear un espejismo: fantasear que el memorándum con Irán interfirió una investigación exitosa. Se estaba a punto de extraditar a los iraníes e indagarlos. La prueba en su contra es apabullante. Nada de eso es verdad: la causa estaba arrumbada. La unidad fiscal AMIA entusiasmaba a la embajada y a Israel porque producía noticias contra los iraníes, construía un relato mítico. El proceso penal hibernaba, como desde hacía años.

Los expedientes que llevan Palmaghini y Rafecas se realimentan, cuanto menos en su impacto mediático. La oposición alega que Nisman fue asesinado por la consistencia de su denuncia. Desde el oficialismo, con variantes, se arguye lo contrario: la denuncia era tan débil que sólo la muerte de Nisman le daría relevancia. Sus aliados lo habrán asesinado para cerrar un perverso círculo.

Ambos razonamientos son, por la parte baja, prematuros y sin prueba que los sostenga. Silogismos políticos que sería conveniente escatimar para no recargar de tensiones a la fiscalía y el juzgado.

La instrucción, la seguridad en el edificio Le Parc, la credibilidad de los peritos... todo muestra fallas. Para las personas del común o varios analistas eso es muy sospechoso y corrobora sus versiones previas. Para una mirada costumbrista, las carencias de las fuerzas de seguridad (privadas o públicas) o del Poder Judicial son moneda corriente. Las buenas sentencias escasean. A veces la injusticia llega tras años de juntar telaraña en los expedientes, como les pasó hace poco a los soldados torturados en Malvinas.

[email protected]