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Tres de los cinco candidatos presidenciales que el 25 de octubre enfrentarán a la fórmula del Frente para la Victoria reclamaron transparencia en esos comicios y cuestionaron los realizados el domingo último en Tucumán. Sumados los porcentajes obtenidos por ellos en el total nacional de las Primarias Abiertas del 9 de agosto (Maurizio Macrì: 30,07; Sergio Massa: 20,63; Margarita Stolbizer: 3,51 por ciento) casi igualan el 54,4 por ciento con que CFK obtuvo la presidencia en 2011. Es decir que si ese acuerdo discursivo se tradujera en votos, la única oportunidad de Daniel Scioli sería ganar en la primera vuelta sin balotaje. Como no se trata de aritmética sino de política, las cosas son algo más complejas.

Salvo Macrì, quien aparece como el gran beneficiario de esa entente, el resto se preocupó por advertir que no se trataba de un acuerdo electoral. No por ahora, claro. Pero si los resultados de octubre homologaran los de las PASO, en noviembre sólo disputarían la presidencia los primogénitos del empresario radical José Scioli, que integraba el equipo de recaudación de fondos de Raúl Alfonsín, y del constructor peronista Franco Macrì, quien hizo educar a su Pibe por la UCeDé. Como si esa impronta peronista familiar aún dejara huellas, Macrì ya deglutió al radicalismo, con la ayuda de su ex presidente Ernesto Sanz, cuya cara de velorio refleja lo grande que le quedó ese cargo para su talle. Ahora Macrì avanza sobre los bolsones peronistas que todavía le dan algo de oxígeno a Massa, imaginando que no tendrán más alternativa que amarillearse.

La extremaunción

El encuentro entre tres candidatos que no pudieron acordar una fórmula común para las Primarias responde al temor de que Scioli sume en primera vuelta los seis puntos y pocas décimas que lo separan de la Casa Rosada. Esa conferencia de prensa, la del día siguiente en el Congreso y las actividades de los días previos y posteriores a la votación tucumana, mostraron una voluntad nítida de deslegitimar el proceso político electoral. Las denuncias de fraude comenzaron no bien escrutadas las PASO tucumanas, en las que Scioli (57,14 por ciento) dejó bien atrás a Macrì (20,13 por ciento), Massa (16,26 por ciento) y Stolbizer (1,4 por ciento) y se amplificaron antes de que se abrieran los locales de votación. Para las elecciones provinciales la oposición acató el mandato de unificar fórmula, que encabezó el radical José Cano seguido por el intendente peronista de la capital, Domingo Amaya. Cuando el concesionario de automóviles y empresario sojero José Alperovich prefirió que lo sucediera su ex vicegobernador Juan Manzur (el peor ministro de Salud en los doce años del kirchnerismo), Amaya pegó el salto al vacío de la oposición unificada. La operación no fue concebida por Amaya, ex gerente del hotel Metropol, donde Alperovich solía reposar de sus fatigas, sino por Gustavo Alfaro, un egresado del Liceo Militar y, como Manzur, miembro del Opus Dei. Gracias a esa pirueta Alfaro fue elegido para suceder en la intendencia de la capital a Amaya, quien de colorado sólo tiene el pelo. Aun así los resultados provisorios mostraron una diferencia de 14 puntos, indescontable para el rejuntado y con probabilidad de agravarse en octubre, ya que tanto Amaya como Alfaro han reiterado que son peronistas, lo cual torna improbable su apoyo a Macrì. Ante ese cuadro uno de los asesores de Cano en la Cámara de Diputados de la Nación instigó a incendiar la casa de gobierno tucumana con bombas molotov, destruirla a palos y exigir nuevas elecciones. Se trata del economista Nicolás Salvatore, quien en 2010 confesó “el sueño de mi vida: cuando la alta inflación esté incendiando a Kirchner en la Rosada, pasar a buscar a Bergoglio por la Catedral, darnos la manito, y cruzar juntos la Plaza de Mayo para darle la extremaunción”. Ese mismo año fue denunciado por un grupo de alumnas de ciencias económicas, por haber escrito que les tomaría examen oral pero en grupo, porque la tenía extra large. Pero incluso el disparate autodescalificatorio del desaforado militante de la UCR fue superado por Alperovich: su policía reprimió en forma brutal a los manifestantes reunidos frente a la Casa de Gobierno, su ahora imputado jefe policial lo justificó en forma burda y su esposa Beatriz Rojkés exasperó los ánimos con su oratoria destemplada. Sin estos aportes, la operación política se hubiera desinflado en pocas horas. La claridad con que el jefe de gabinete Aníbal Fernández desautorizó la respuesta represiva en Tucumán (exageró que si hubieran intentado tomar la Casa de Gobierno habría que haberlo permitido, e identificar y procesar luego a los responsables) no es contagiosa. Es desalentador que un retroceso inocultable respecto de la política fijada en 2004 por Néstor Kirchner, de no reprimir las protestas sociales o políticas, alcance también al gobierno nacional. El Secretario de Seguridad, Sergio Berni, se permitió incluso criticar a la juez federal Sandra Arroyo Salgado, por autorizar cortes parciales y transitorios de la Panamericana por conflictos sindicales. Durante la gestión de la ministra Nilda Garré, el ministerio de Seguridad elaboró un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad ante manifestaciones de esa índole, al que la provincia de Tucumán adhirió en mayo de 2011 dentro de un programa federal que incluyó otros 16 instrumentos. El anexo resolutivo de ese documento dice en su sexto punto que “se agotarán todos los recursos e instancias para garantizar una resolución de los conflictos que no implique daños para la integridad física de las personas involucradas y no involucradas en la manifestación. Con ese fin, se establecerán medidas tendientes a garantizar que frente a situaciones conflictivas la intervención de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad sea progresiva, comenzando necesariamente por el diálogo con los organizadores de la manifestación”. El séptimo dice que esa negociación “no podrá estar a cargo de quien conduzca el procedimiento en el plano operativo”. Si existen riesgos para los manifestantes o terceras personas”, el Poder Ejecutivo deberá designar a un fucionario político responsable de “hacer cumplir las normas sobre uso de la fuerza y comportamiento policial”. El punto 10 establece que el personal que intervenga en los operativos de control de manifestaciones públicas “no dispondrá de municiones de poder letal. La utilización de pistolas lanzagases queda prohibida”. En cuando a las postas de goma, “sólo podrán ser utilizadas con fines defensivos en caso de peligro físico para la integridad física de algún miembro de las instituciones de seguridad, de manifestantes o de terceras personas. En ningún caso se podrá utilizar este tipo de munición como medio para dispersar una manifestación. Los agresivos químicos y antitumultos sólo podrán ser utilizados como última instancia”. Todo el personal deberá llevar una identificación clara que pueda advertirse a simple vista en los uniformes.

Hacerse humo

El robo y quema de urnas es escandaloso, pero no califica sólo al oficialismo sino también a la oposición, un par de cuyos candidatos fueron detenidos con las cajas de votos aún humeantes, cosa que ni Cano pudo negar. Una síntesis ponderada debería distinguir los problemas de arrastre del sistema local de los resplandores del incendio que se intenta proyectar sobre el horizonte nacional. La reforma constitucional tucumana de 2006 eliminó la ley de lemas, pero permitió que en su lugar se aplicara un sistema de acoples. La ley 7876 admite acuerdos entre distintos partidos, frentes o alianzas, de modo que puedan acoplarse las boletas de los candidatos de una fuerza a gobernador, con las de otras para legisladores provinciales, intendentes y comisionados municipales. El resultado fue la inscripción de un millar de partidos, creados de ocasión para elegir en estos comicios gobernador y vice, 49 legisladores, 19 intendentes, 184 concejales y 93 delegados comunales. Con 30.000 candidatos, no es de sorprender el caos en los lugares de votación y escrutinio. Pero nada de esto podrá ocurrir en la elección presidencial, que no se rige por las leyes provinciales, y en las que sólo habrá cinco boletas completas, sin lemas ni acoples. A lo sumo se admitirá el corte, si es que alguien quiere votar a los diputados nacionales de un partido distinto al del presidente que prefiera, práctica que sólo atrae a una ínfima parte del padrón. De modo que los contratiempos del último domingo responden a una configuración tucumana que no tiene correlato con el sistema nacional que se aplicará en octubre. Incluso el candidato opositor Cano propuso días antes de las elecciones adoptar en la provincia un sistema igual al de las PASO nacionales. Por supuesto no lo repitió una vez conocida su derrota. En cambio se dedicó a la agitación en el escenario nacional, como si las situaciones provincial y nacional fueran equivalentes.

Boletas y boletos

El reclamo de transparencia electoral fue acompañado por la solicitud de que se implante un sistema electrónico de votación o la boleta única. Siempre temerario, Massa propuso ¡pedir prestadas las máquinas de votar a Brasil! (La imaginación del muchacho de Tigre es tropical: en Cuba cuentan que luego de la desaparición de la Unión Soviética, un funcionario de bajo rango propuso una genialidad parecida: que China incrementara el 1 por ciento en su producción de los artículos esenciales de consumo, para resolver todos los problemas de la isla). Todo esto trasunta desconocimiento o indiferencia sobre la índole de lo sucedido en las elecciones provinciales tucumanas y los problemas técnicos y jurídicos en juego. La boleta única se utilizó en Santa Fe, y el candidato del travestismo amarillo a la gobernación, Miguel del Sel, denunció fraude, sólo para que el escrutinio definitivo probara que había perdido por un margen aún mayor. Ahora está bajo tratamiento psiquiátrico pero el daño político que causó no tiene remedio. Cuando el voto electrónico fue empleado en Salta, el ex gobernador Juan Carlos Romero impugnó el resultado alegando que se había cometido un bochornoso fraude electrónico. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las denuncias de irregularidades en la elección electrónica corrieron por cuenta de Martín Lousteau. Es decir que no se trata de la panacea universal.

El tribunal constitucional de Alemania declaró en 2009 que la forma en que se implementó el voto electrónico en las elecciones parlamentarias era inconstitucional. Ese fallo del Tribunal de Karlsruhe (BVerfG, 3/07 vom 3.3. 2009) sostuvo que se violó el principio de publicidad de las elecciones que garantiza la Constitución Federal. Según el tribunal, el ciudadano debe tener pleno control de los pasos esenciales del acto electoral y del cómputo de los resultados de modo fiable, sin necesidad de conocimientos o habilidades técnicas especiales. En el caso sometido a su consideración no se habilitaron mecanismos de control, equivalentes y verificables públicamente, como recibos del voto emitido impresos en papel. El software instalado no fue susceptible de control y no se publicaron informes de ensayo ni se conoció el código fuente. El gobierno alegó que la publicidad no exige la revisión del código fuente porque el secreto comercial del fabricante prevalece sobre el interés social en que se divulgue. Pero el tribunal declaró la inconstitucionalidad de un procedimiento en el que los votos sólo se registraron en la memoria electrónica y ni los electores ni las autoridades de mesa pudieron comprobar si los aparatos habían registrado correctamente los votos emitidos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esta limitación fue subsanada mediante un sistema mixto: el elector marcaba su preferencia en la máquina electrónica, que además de registrarla en su memoria imprimía una boleta de papel, que el ciudadano introducía en la urna, lo cual proveía un reaseguro para el control en caso de discusión. La empresa Magic Software (MSA) proveyó a la Capital Federal y Salta las máquinas y el programa Vot.ar, que dentro de tres semanas se emplearán también en la última elección provincial previa a las presidenciales, en El Chaco. El presidente de MSA, Sergio Angelini, descartó que en 45 días pudiera aplicarse en todo el país ese sistema de Boleta Única Electrónica, lo cual requeriría modificar el marco legal en que se convocaron las elecciones y capacitar a todas las fuerzas políticas y a varios centenares de miles de autoridades de mesa sobre un sistema que tampoco conocen los treinta millones de empadronados.

Desprecio institucional

Más categórico aún fue el pronunciamiento de la Cámara Nacional Electoral, que es la máxima autoridad nacional de supervisión y control de los procesos comiciales. Hace apenas diez días sus tres miembros, Rodolfo Munné, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera firmaron la Acordada Extraordinaria número 100, sobre la importancia de “mantener la pureza del sufragio”, como resguardo “del principio democrático de la representación popular”. Los camaristas objetaron las distintas fechas y regímenes con que se realizan “múltiples actos electorales en los diferentes órdenes de gobierno, nacional, provincial y municipal”, bajo la tutela de organismos locales que no tienen ningún vínculo con los nacionales y destacaron que otros países de estructura federal, como México o Brasil, adoptaron “soluciones concentradas, tanto para la administración electoral como para la resolución de las disputas generadas en los comicios”. También pidieron que el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales coordinaran la regulación de la publicidad de los actos de gobierno durante los procesos electorales, los plazos para las campañas electorales, la difusión de encuestas, los debates entre candidatos y la forma de realización del escrutinio provisorio, que está fuera de la competencia de la justicia electoral nacional. Pero antes de enumerar estas sugerencias para los órganos representativos de la voluntad popular, advirtieron que no puede cuestionarse “la legitimidad del proceso electoral en curso” ni son necesarias reformas legislativas para las elecciones del 25 de octubre o para la eventual segunda vuelta, ya que “alterar la estabilidad del orden legal durante un mismo proceso electoral puede, incluso, producir más daños que beneficios”. La Cámara recuerda que ya en 2007 sugirió reflexionar sobre el sistema de boleta única suministrada por el tribunal electoral, como la que se utiliza para los electores privados de libertad y para los argentinos residentes en el exterior, y señala que la evaluación del método más adecuado “corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación”. Concluye que a la luz de las experiencias de Alemania, Austria y Holanda, “las opciones tecnológicas no pueden implicar una transferencia ni una dependencia del poder público respecto de empresas comerciales pues, en términos llanos, la soberanía política no se puede privatizar”. Estas inequívocas definiciones del máximo órgano electoral del país muestran que la oposición unificada peca de una alarmante ignorancia sobre los temas que más la agitan o, tanto más grave, exhiben un soberbio desprecio por las instituciones que rigen el acto electoral. En cualquier caso, el pronóstico es tormentoso.