El Consejo de la Magistratura sigue con una silla vacía, mientras kirchneristas y oficialistas pelean por ella e interviene un desfile de jueces y juezas. El organismo tenía previsto tratar ayer, en su plenario habitual, la validez de la designación del diputado de PRO Luis Tonelli para el cargo de consejero que hasta diciembre último ocupaba el Frente para la Victoria con mandato hasta 2018. Pero, como anticipó Página/12, una medida precautelar dictada por el juez de Tucumán Fernando Poviña ordenó al Consejo abstenerse de analizar el tema, que volvió a quedar postergado, esta vez para el 25 de febrero.

El conflicto por la banca en el Consejo comenzó en diciembre cuando se venció el mandato como diputada de Anabel Fernández Sagasti (FpV), quien también era consejera. Frente a esa vacante, el bloque kirchnerista propuso al santafesino Marcos Cleri, pero el PRO se adjudicó el lugar e impuso el nombre de Tonelli, que finalmente fue convalidado por el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. La ley dice que entre los integrantes del organismo hay tres diputados y tres senadores, dos por la mayoría y uno por la primera minoría respectivamente. En Cambiemos sostienen que ahora les corresponden dos lugares: alegan que al constituir un interbloque son mayoría, aunque las reglas hablan de “bloques”.

El desacuerdo se judicializó y ya intervinieron dos juezas, Iara Silvestre de La Pampa, y Andrea Askenazi de Río Gallegos, quienes dictaron medidas cautelares que frenaron la designación, pero que luego fueron revertidas. Ahora se sumó la precautelar de un tercer juez, Poviña, quien ante el planteo de dos diputados tucumanos del FpV, Nilda Carrizo y Walter Santillán, sostuvo que existía “verosimilitud del derecho”, ya que no se podía descartar alguna infracción al régimen de representación y “peligro en la demora”, porque el Consejo estaba al borde de reunirse y tomar una decisión. Por eso notificó todo antes de que comenzara a sesionar el pleno ayer al mediodía.

A pedido del titular del bloque kirchnerista Héctor Recalde, en el conflicto también intervino la Corte Suprema, que le devolvió el problema al Consejo: dijo que ese órgano tiene la facultad de analizar la validez de los títulos de sus integrantes y que debe hacerlo en este caso. Debido a una sucesión de medidas cautelares, hasta ahora los consejeros no se abocaron al tema. Esto evitó hasta ahora el desenlace cantado: el oficialismo en el Consejo está dispuesto a decir que no puede analizar lo que se decidió en el Congreso, lo que es equivalente a respaldar así a Tonelli. El FpV no descarta nuevas presentaciones judiciales ante el máximo tribunal.

Durante el plenario de ayer tres representantes del FpV en el Consejo, con Recalde a la cabeza, advirtieron que mientras el cuerpo no esté integrado no votarán ninguna resolución. El oficialismo les echa en cara que podrían estar definiendo concursos atrasados y denuncias, pero por el asunto de Tonelli no pueden avanzar en nada. Si Tonelli llega a asumir, el macrismo tendrá una mayoría de ocho sobre los trece consejeros. No es suficiente para tomar las decisiones claves (como iniciar juicio político o elevar ternas de jueces) que requieren dos tercios, pero acerca a Cambiemos a esa posibilidad, ya que sólo le faltaría un voto. Las reuniones son largas y tediosas. A pesar de que los consejeros discuten y negocian el día previo, cuando hay plenario reeditan algunas peleas a la vista de todos.

Con los consejeros presentes, el cuerpo revisó ayer algunas subrogancias y con todos los votos menos los de los legisladores del FpV, respaldó la continuidad de Susana Berterreix como secretaria general. El administrador del Poder Judicial, Juan Cubría, hijo del a jueza María Servini de Cubría, había planteado que ya tenía concedida la jubilación, pero ella no quería irse y tuvo fuerte apoyo.

La imagen que ofrece el Consejo desde hace años es la de un organismo conflictivo, siempre enredado en discusiones y rencillas, negociaciones para nombramientos, y tira y aflojes frente a denuncias contra jueces. El gobierno de Macri quiere modificarlo y devolverlo a su antigua composición, o similar, de veinte integrantes presididos por un juez de la Corte. En aquella integración la corporación judicial tenía más poder de injerencia en las decisiones. También estaba representada la segunda minoría parlamentaria.