Son varios los universos que comparten Mariela Pugliese y Liliana Belforte: las dos son mujeres; las dos, comunicadoras y es la radio el ámbito en el que se desarrollan plenas. También militan: Pugliese es presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco); Belforte es referente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Pero la Coalición por una Comunicación Democrática se está llevando, por estos días, la mayor carga de energía de ambas. Una organización de organizaciones que a fines de la semana difundió sus renovados 21 puntos por el derecho a la comunicación, luego de que el gobierno de Cambiemos arrasara vía decreto con gran parte de los poderes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Los 21 puntos intentan ser una toma de posición respecto de la comunicación como un derecho, como una herramienta de transformación social y de construcción de ciudadanía, de sentido común y de discurso. Para que la historia no la cuenten siempre los mismos”, postuló Pugliese.

–¿Por qué decidieron elaborar una nueva plataforma de 21 puntos por el derecho a la comunicación?

Mariela Pugliese: –Consideramos que es necesario volver a plantear la centralidad de la defensa del derecho a la comunicación ante el avasallamiento que los decretos del gobierno plantean no solo sobre la letra de la LSCA sino sobre su espíritu: la institucionalidad democrática y autónoma de una manera de ejercer la comunicación, el espíritu de que lo que debería regir el sistema de medios en Argentina es el derecho a la comunicación en la distribución de la palabra, o sea la distribución equitativa de la propiedad de los medios. Ahora la legalidad vuelve a estar en función del mercado manejado por grandes capitales concentrados que no solo tienen injerencia en sus empresas de medios sino en otras áreas de la economía.

Liliana Belforte: –Allá por 2004, veníamos peleando por una ley de radiodifusión de la democracia. Y ahora cambió el contexto; ahora estamos peleando contra un proceso democrático en el que se están violando derechos constitucionales. Pero desde antes la Coalición venía trabajando en algunos puntos bajo el paraguas de la ley vigente. Lo que pasó fue que avanzaron sobre lo construido y se precipitó nuestra salida a tomar posición pública. Estábamos volviendo de a poco a este espacio de articulación y de trabajo para ir por lo que faltaba, algo que quedó plasmado en el nuevo documento con las menciones a las plataformas comunicacionales gráficas, la convergencia tecnológica, la distribución de publicidad, el acceso a la información, el cuidado y la generación de puestos de trabajo dignos.

–¿A qué aspiran?

M. P.: –Los nuevos 21 puntos recuperan tanto el espíritu como los conceptos de los viejos 21 puntos y cuestiones centrales que son irrenunciables. No solo en términos del derecho a la comunicación, que es una cuestión general, sino también de la distribución del espectro radioeléctrico, su consideración como servicio público, la importancia de establecer porcentajes de producción local debido a su incidencia en la construcción de identidad, la generación de trabajo. El derecho a la comunicación tiene que ver con la existencia de medios propios, en los que cada quien arme su propia lógica de programación y de comunicación, en los que cada quien cuente quién es, qué país quiere, qué busca; medios con poder de transmisión potente, con equipos que funcionen bien, con grupos de trabajo nutridos. Me preocupa como estos decretos, de manera indirecta, van a transformar nuevamente las identidades regionales, además de las producciones concretas, las fuentes de trabajo, las prácticas locales; van a volver a reducirlas a esta lógica en la que solo las capitales tienen la palabra. A veces me parece que hablamos de la diversidad como de chiquititos que puedan hablar. Y no es así, acá estamos dando una batalla de sentido y para eso se requiere fortaleza, potencia. Cuando hablamos del derecho a la comunicación, hablamos de la propiedad de los medios. No pedimos que nos presten un micrófono, sino que se respete nuestro derecho a que todas y todos podamos gestionar medios de comunicación: de la distribución equitativa de la propiedad de los medios; hablamos de la redistribución de la riqueza como es la de la palabra.

L. B.: –Se trata de 21 puntos muy abarcativos y que, por otro lado, no están cerrados a su desglose, al debate y a su nutrición. Son un piso, como lo fue la LSCA para un montón de organizaciones que entendíamos que la comunicación es un derecho así como también lo es la posibilidad de todos de poder ejercerla. Aspiramos a la derogación de los decretos. Si no se da en Argentina se dará en ámbitos internacionales. Los 21 puntos resultan en este sentido una toma de posición argumentativa para los diputados que les sirva a la hora de fundamentar su rechazo a los decretos que atentaron contra la LSCA. Además, también queremos que de este documento surja un marco jurídico que enriquezca la democratización que comenzó la ley 26.522: una ley de acceso a la información pública, una que regule la distribución de pauta; otra que apunte a desconcentrar el sector gráfico.

–El nombre de la Coalición indica que la batalla es en contra de la concentración: ¿Cómo analizan el futuro en este sentido?

L. B.: –Peligroso. Dejar en manos del mercado implica el juego sin reglas en el que los poderosos buscarán acaparar. Vamos hacia la concentración feroz, un escenario en el que los efectos de la convergencia tecnológica pueden llegar a ser absolutamente nefastos para garantizar el derecho a la diversidad en la comunicación, pero también para los puestos de trabajo.

M. P.: –Son los grandes grupos concentrados los que van a manejar la comunicación porque los decretos los habilitan. El imperio que nunca se fue y hoy va a poder consolidarse. A nosotros, los medios comunitarios, nos deja muy poco lugar literal y simbólico; lo mismo a toda manifestación de otro sector que no sea el que pone a la mercancía como centro.

L. B.: –Esto ya nos pasó. La LSCA trató de poner un límite en las plataformas audiovisuales; las revistas culturales nunca dejaron de resistir las consecuencias; los 21 puntos buscan ser una toma de postura para reclamar el efectivo cumplimiento de derechos también en ese campo.

M. P.: –A ambos sectores los rige el mismo derecho a la comunicación, los mismos principios. Históricamente en la Argentina no hubo una regulación para la gráfica que busque la democratización de los medios. Vamos por eso, ahora.