Un día de septiembre del año pasado, en pleno debate sobre las operaciones de dólar futuro, el historiador económico Pablo Gerchunoff tuiteó con su humor habitual: “Equidad es que cada argentino pueda acceder a los futuros de Vanoli. Por una república de iguales”. Como es un tuitero frecuente, después se olvidó. En marzo recibió un e-mail muy amable del juzgado de Claudio Bonadio. Decía que querían consultarlo sobre el mercado de futuros. Arregló una cita y fue a tribunales. Antes repasó, por si debía ser didáctico, y dudó si alguna vez habría hecho ese tipo de operación. El juez le tendió la mano, le indicó su silla y lo dejó con su secretaria. Ella, de bienvenida, le advirtió que estaba bajo juramento y que si mentía le imputarían falso testimonio. El la miró con pánico. La mujer le mostró un papel con el tuit. “¿Lo reconoce como suyo?”, le preguntó. Enseguida recordó: “¡Sí, claro!”. “¿Usted piensa lo que dice ahí?”, siguió la secretaria. El experto reaccionó: “¿Pero usted sabe cómo funciona tuiter? ¡Sólo fue una ironía!”, tuvo que aclarar ante el absurdo.

El célebre tuit de Gerchunoff –quien fue jefe de gabinete económico de la Alianza– y su declaración testimonial bajo juramento, son apenas una muestra de qué tipo de pruebas hay y cómo se recopilan en la causa sobre las operaciones de dólar futuro en la que está citada a indagatoria para este miércoles la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y un día antes el ministro de Economía Axel Kicillof. Antes que eso, la Sala II de la Cámara Federal deberá resolver la recusación contra Bonadio presentada por Pedro Biscay, uno de los directores del Banco Central imputados (ver aparte). ¿Qué otras evidencias juntó el juzgado? Son –en esencia– opiniones de periodistas opositores al kircherismo, como Marcelo Bonelli, ideas de funcionarios macristas (el ministro Alfonso Prat-Gay declaró dos veces), palabras de economistas ortodoxos, otras de ex funcionarios y audios de radio Mitre. En cambio, no ordenó ninguna pericia contable que corrobore las pérdidas millonarias que, según su estimación, rondarían los 77 mil millones de pesos, a pesar de los reclamos de algunos de los implicados.

Desde que empezaron a declarar los primeros imputados, que son directores y ex directores del Central, ellos y el resto pudieron enterarse que se los acusa de: haber actuado de manera organizada, violando sus competencias y atribuciones, “para que el BCRA concrete operaciones en el mercado de dólar futuro en condiciones dañosas para el erario público ya que entre septiembre y noviembre de 2015 se vendieron contratos de dólar futuro por parte del BCRA a valores inferiores al precio de mercado con conocimiento e intención, que provocaron cuantiosas pérdidas para el Estado”. Con el concepto de que existió una organización, Bonadio utiliza el delito de asociación ilícita, que tiene una expectativa de pena alta, hasta diez años. Con eso generar presión y amenaza de detenciones.

La operatoria del dólar futuro es así: se establece un precio para el futuro, en una fecha determinada de vencimiento. Si ese día la cotización es más alta, el comprador tiene una diferencia a su favor, si es más baja, la diferencia por compensación es para el Estado. Hace años que se usa este tipo de contratos del Banco Central, como una especie de seguro de cambio cuando hay incertidumbre con el dólar. Pero es parte de una política para regular el mercado frente a mercados especulativos. Lo que sucedió es que Mauricio Macri produjo una devaluación y eso produjo pérdidas. Se acusa al gobierno anterior por lo que sucede en el actual en función de las medidas adoptadas.

Cuando la secretaria de Bonadio empezó a pedirle opinión a Gerchunoff, una vez que superó el baldazo de agua fría el economista le dijo que está “en contra” de la política del mercado de futuros porque “siempre el BCRA va a tener que emitir pesos”. “¿Quién se favorece?”, preguntó la funcionaria. “Empresas comerciales, industriales y productivas. Hay especuladores que van a ganar mucha plata. No me gusta, pero es mi opinión económica”, contestó. Todo fue tan delirante que Gerchunoff le dijo que por un instante quería meterse en “su terreno”, el judicial: que “si se considera todo esto como materia judiciable”, entonces las ventas de dólares en el final de la convertibilidad, que eran por debajo del valor de mercado deberían serlo. “De estos le puedo contar 400 casos que no fueron materia judiciable”, agregó. “Son medidas que toman los gobiernos en situaciones inestables”, señaló, en contra de la teoría de que hay un delito.

También fue citado a declarar el periodista del grupo Clarín Marcelo Bonelli, a raíz de una nota que publicó el 26 de junio 2015: “Mientras sube el dólar blue, Kicillof y Vanoli se pelean”. Le pidieron que explicara cómo le constaba que los miembros del directorio del BCRA obedecían al ministro de Economía, y en menor medida al titular de la entidad. La respuesta bien genérica fue que eran “apreciaciones de público conocimiento” y que lo conocía “todo el sistema financiero” y que era “sabido” que “el ex ministro daba instrucciones a través del director (Germán) Feldman”.

Bonadio tomó una nota publicada en el diario Perfil escrita por Nicolás Salvatore y Martín Grandes el 28 de febrero último. El artículo empieza así: “Un juez federal viene de citar a declaración indagatoria a la ex presidenta de la Nación y a otros dos funcionarios por operar en el mercado de dólar futuro local (forward, en adelante) a un valor muy inferior al de mercado apenas unos meses antes de dejar el poder. La pregunta de la hora es: ¿es esta operación un delito? Nos anticipamos a la respuesta: no sólo es delito, sino que hay sobrada jurisprudencia internacional, tal como lo muestran los casos de Sudáfrica y Tailandia”. Cuando citaron a Grandes como testigo, dijo que quería “dejar en claro”: “no soy un experto en el caso de Tailandia. Tampoco lo soy en el caso de Argentina”. Luego agrega que sí lo es en el caso de mercados cambiarios y economía de Sudáfrica (allí hubo una devaluación inmensa tras operaciones de futuros mal hechas). Su coequiper Salvatore en 2010 –por ejemplo– escribía estas cosas en Facebook: “Este gobierno termina con el mundial, es motivo de celebración. la inflación es un fuego santo, purificador, que incendiará a todo el kirchnerismo en la hoguera. Brindo por Phi (inflación esperada) esperado!! Y no solo brindo, me voy a encargar, como todos los meses, de que Phi esperado sea alto, muy alto, recontra alto, como diría el finado Guido Di Tella”. Ese año fue denunciado por maltrato a alumnos en la facultad de Ciencias Económicas.

Junto con estos ejemplos, que ilustran el material de la causa donde está imputada la ex presidenta, también hubo declaraciones testimoniales de personajes que forman parte de o son afines a Cambiemos, como el propio ministro de Economía Alfonso Prat-Gay, el actual presidente del Banco Central Lucas Llach, su antecesor Martín Redrado (que declaró más de una vez, siempre con la idea fija de que están afectadas las reservas), el ex titular de la Comisión Nacional de Valores Eduardo Hecker, el ex titular del Central Juan Carlos Fabregas (antes de Vanoli). El juez incorporó más material periodístco, como una entrevista de Marcelo Longobardi al titular de la AFIP, Alberto Abad, donde habla del déficit fiscal.

Esta semana se presentó con un descargo por escrito Vanoli, ex titular del Central, quien señaló que el costo de los contratos a futuro no se debe a la operación en sí sino a la devaluación abrupta que aplicó el gobierno de Cambiemos desde diciembre. Lo que sostuvo es que los contratos de dólar futuro pretendían “enviar señales de estabilidad cambiaria” y contrarias a una devaluación. Es uno de los caminos para intentar contrarrestar la inflación que se deterioren los salarios. Era, básicamente, una decisión también de política económica, un criterio.

La denuncia que dio origen a esta causa la hicieron el hoy presidente provisional del Senado Federico Pinedo (PRO) y el radical Mario Negri. El jueves en una entrevista radial Pinedo explicó que en su momento evaluó que podía haber “una decisión ruinosa del Banco Central” pero ahora mostró preocupación por los alcances que le dio al tema Bonadio: “No pensaba que tenía que ver la Presidenta, de hecho en la denuncia nuestra no figura en absoluto”.