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Los despedidos en el Estado nacional superan los 10 mil, un número que se duplica en gobernaciones y municipios de todo el país y que aún no está cerrado si se tiene en cuenta que el gobierno de Mauricio Macri tiene todos los contratos bajo revisión. La narrativa del achique de un Estado desbordado por “la fiesta” de designaciones de “la grasa militante” del kirchnerismo oculta en realidad un crecimiento sin precedentes desde el retorno de la democracia, de funcionarios políticos con rangos de ministros, secretarios y subsecretarios creados en estos primeros 100 días por la administración macrista. De acuerdo al análisis de los datos publicados en el Boletín Oficial, la consultora Prospectiva señala que las secretarías de Estado pasaron de 71 el 10 de diciembre de 2015 a 88 al 31 de marzo. Y las subsecretarías, de 165 a 205 en el mismo período. Las cuentas más conservadoras señalan que ese crecimiento de 23 por ciento en designaciones políticas permiten proyectar la generación de, por lo menos, 80 nuevas direcciones nacionales y 240 nuevos cargos de directores simples y coordinadores: también están asociados a cuadros cercanos al espacio de gobierno. El crecimiento de esas áreas del Estado no sólo supera los números del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, vilipendiado por el PRO. Plantea también un inédito desplazamiento de dinero a un sector con los salarios más altos en el escalafón del Estado. Mientras despiden a empleados de bajos rangos, el salario en bruto de un secretario es de 105 mil pesos y de un subsecretario, de 95 mil. Pero los números del nuevo funcionariado PRO no terminan ahí. Expertos en gestión pública están verdaderamente espantados por la polución de cargos sin ton ni son denominados “extra-escalafonarios”, que son puestos sin estructura orgánica en el Estado, destinados históricamente a asesores políticos: sólo durante los primeros tres meses de gestión, el macrismo designó más asesores que los que tuvo CFK durante el 2015. Al 10 de diciembre, los extra-escalafonarios eran 303; al 30 de marzo, 389. Eso marca un crecimiento real de 86 cargos, pero no sólo eso: como obviamente los asesores de CFK dejaron sus puestos con el cambio de gobierno, la cifra también está diciendo que no sólo usó todos esos cargos para nombrar asesores sino que además generó más espacios.

Andrés Gilio es politólogo, ex subsecretario de Gestión Pública y Empleo, dirige IFED (Iniciativa para el fortalecimiento del Estado y democracia) e integra la consultora Prospectiva. En diálogo con este diario, señala que de acuerdo a los datos de los primeros tres meses de gobierno, la señal que emite el organigrama de la nueva “estructura” del gobierno de Macri es un altísimo crecimiento de “funcionarios políticos”. “A contramano de las políticas de racionalización de la planta de empleados –dice–, el Ejecutivo nacional ha hecho crecer la planta política en un 23 por ciento, si se lo compara con el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner. Llegando a tener 309 funcionarios políticos entre ministros, secretarios y subsecretarios –sin tomar en cuenta, las áreas de directores hacia abajo–, esto representa una de las estructuras ‘políticas’ más grandes desde la restitución de la democracia.” En estos números, remarca, “hay mucho de contradictorio: por un lado el Gobierno dice: ‘queremos sacar la grasa militante’ pero aumenta los cargos políticos. Quiere cuidar supuestamente el presupuesto pero después mete militantes de cuadros políticos militantes en esos puestos”.

Datos semejantes maneja Claudio Lozano, coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP). “Desde que asumió Macri tenemos 4 ministerios más, 15 secretarías adicionales a las existentes y unas 35 subsecretarías más”, sostiene. “En paralelo se está produciendo un importante incremento de la burocracia política asociada al conjunto de CEO que ocupan hoy el Estado argentino, el 52 por ciento del gabinete está integrado por funcionarios de las principales empresas del país, con predominio de los bancos y las empresas transnacionales. Pese a que el objetivo declarado es la profesionalización y despolitización del plantel de trabajadores estatales, lo que parece ocurrir es una mayor politización de la estructura estatal afín al gobierno de Cambiemos que ha sido resultado de la vil práctica política que él mismo denuncia.”

Desaguisados

El cuadro de nombramientos en el Estado tiene otras irregularidades más conocidas. Como ciertas designaciones incompatibles con la función pública determinadas por la Ley de Etica Pública. Allí están encuadrados el caso del nombramientos de parientes, como el de Carla Piccolomini, la esposa del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, en el directorio de Radio y Televisión Argentina (RTA). La prima de la vicepresidenta Gabriela Michetti, María Alejandra Illia, quien ascendió dos categorías consecutivas en el Senado. También están los más conocidos de los CEO que ahora manejan los ministerios ligados a Economía y Producción. Algunos ejemplos son David José Tezanos, ex presidente de Metrogas como interventor de Enargas, o Juan Garade, ex director de Planificación de Edesur y ex gerente de Edenor como vocal Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). El capítulo de V artículos 13 y 14 de la Ley de Etica Pública señala que quienes hayan “tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones regulatorias de esas empresas o servicios”.

Pero sobre ese mapa hasta ahora más conocido, el crecimiento de los cargos políticos dentro del Estado está dando cuenta además de una explosión de “ravioles” en el organigrama de un Estado que supuestamente iba a ser achicado.

Hay un parámetro que los expertos en gestión pública miran para medir esos números: la llamada Ley de Ministerios regulada por el decreto de 355 de 2002 sobre el funcionamiento de la Administración Pública Nacional. Toman ese decreto como el punto cero del Estado: una foto de un Estado surgido de la crisis de 2001, con estructuras racionalizadas y reducidas en todos sus niveles pero aún así con espacios importantes destinados a la contención social. Con el correr de los años, la estructura completa creció. Llegó a uno de los puntos más elevados durante la segunda administración de Cristina Fernández. Pero al revés de lo que pregona el PRO, con la narrativa de la austeridad y la transparencia, los números reales pegaron un salto de 23 por ciento en los niveles más altos.

Cualquier análisis deductivo permite proyectar el impacto que pueden tener –y tendrán– las nuevas designaciones en la generación de otros puestos de jerarquía.

La composición del Estado Nacional tiene forma de pirámide. A la cabeza está Presidencia de la Nación y debajo se encuentran ministerios y organismos descentralizados. En cada ámbito, los organigramas repiten el esquema de la pirámide: los ministerios tienen un órgano Ejecutivo, bajo el cual se encuentran secretarias y subsecretarías. A grandes rasgos puede decirse que de cada una de las áreas se desprenden de direcciones nacionales, direcciones simples y coordinaciones. Y de ellas, a la vez, las estructuras de trabajadores. Aunque se supone, por la Ley de Ministerios, que los cargos políticos llegan sólo hasta el rango de subsecretarios, en los hechos también suelen alcanzar a las direcciones y coordinaciones dado que tienen responsabilidades de gestión. Lo mismo sucede con los extra-escalafonarios o asesores.

Es por eso, que para la proyección sirven algunas cuentas basadas en tendencias históricas. Según Gilio, históricamente existe una tendencia que dice que el aumento de los cargos políticos va acompañado por el crecimiento de los puestos inferiores. Los cargos de la superestructura generan aperturas de direcciones y coordinaciones. Aunque en este caso, esos números todavía no se conocen, la proyección señala que un crecimiento de 23 por ciento en los niveles superiores puede deparar un aumento de 40 por ciento en los cuadros medios. El dato no es menor. No sólo porque, como se dijo también, son técnicos o operadores políticos afines al espacio, sino por el perfil de incorporaciones que marcan los niveles de salarios: así como el salario bruto de un subsecretario es 95 mil pesos, el básico de un director general sin antigüedad es de 62 mil.

“Hasta ahora –dice ahora otro ex funcionario– se crearon 40 nuevas subsecretarías. Cada subsecretaría tiene por lo menos 2 direcciones nacionales, aunque por lo menos suelen ser 3. Cada dirección nacional, tiene a cargo por lo menos otros 3 cargos de jerarquía: 2 direcciones simples y/o 1 coordinación. Esto es lo básico de lo básico. Y podés contarlo así: 40 x 2 = 80; 80 x 3 = 240. Así podemos decir que de los 40 nuevos ‘ravioles’ del Estado destinados a las subsecretarías, se van a desprender en el corto plazo 80 nuevos ‘ravioles’ para direcciones nacionales y otros 240 para direcciones simples y coordinaciones.”

Los símbolos

Otro dato, es el significado simbólico. En momentos de crisis extremas en Argentina, como el post Tequila y o la crisis de 2001, el Estado se achicó. Lo hizo Carlos Menem y lo hizo, por ejemplo, Eduardo Duhalde. Pero lo que dice Gilio es que cuando salieron a hacer ajustes, también cortaron sobre los niveles más altos como gesto político. “Esos cambios también fueron un mensaje que la clase política tuvo que dar. Hubo recorte del gasto público en diferentes áreas. Era claro que eso no resolvía el tema fiscal, pero la clase política tuvo que hacer un gesto ante la sociedad e indicar que como colectivo también realizaba un ahorro. Entonces, lo que es contradictorio ahora es que por un lado, aparece un discurso casi noventista del tipo la ‘grasa militante’, pero por otro la única forma con la que utiliza una de las principales herramientas que es la de generar cargos públicos, está destinada a los funcionarios de los sectores aliados”.

El otro ex funcionario agrega: “Cuando asumió el gobierno de Macri con el discurso del ajuste en el Estado, uno pensaba que iban a empezar a desarmar el árbol completo, pero no: están haciendo todo lo contrario, sacaron abajo para hacer crecer por arriba”.

Una de las razones de este crecimiento es la creación y jerarquización de cuatro áreas que hasta diciembre tenían rangos de secretarias: Ambiente, Comunicaciones, Modernización y Energía. El análisis más detallado de ministerio por ministerio, muestra también generación de nuevas áreas que hablan además de cambios de prioridades de las agendas públicas. Una de las áreas con mayor crecimiento es Seguridad: las secretarías pasaron de 3 a 6 entre diciembre y abril y las subsecretarias de 11 a 17. Hay que pensar durante ese crecimiento se disolvieron áreas como la Dirección Nacional de Derechos Humanos de ese ministerio, esencial para investigar las causas de lesa humanidad. Otros datos indican que bajaron los números de la Jefatura de Gabinete, pero que áreas que dependían hasta ahora de Jefatura de Gabinete como Modernización y Comunicaciones crecieron exponencialmente al transformarse en ministerios. También creció Producción con la inclusión de la Secretaría de Comercio que llegó a 5 secretarías y 14 subsecretarías.

“Los presidentes argentinos tienen históricamente dos herramientas institucionales para perfilar sus equipos de gobierno”, dice Gilio. “La primera es la Ley de Ministerios y el diseño del organigrama político por el cual determinar las responsabilidades de cada cartera y objetivos. Y la segunda, es la potestad exclusiva para nombrar secretarías, subsecretarios y demás funcionarios políticos. En este primer trimestre a partir del Decreto 13/2016 DNU que modificó la Ley de Ministerios y de una docena de decretos, el Gobierno terminó de perfilar y diseñar el gabinete de la primera etapa. El organigrama que resultó muestra dos cuestiones –dice–: por un lado, qué prioridades tiene una gestión, las problemáticas sociales a las que apunta y qué lugar tendrán los temas en la agenda de políticas públicas. Y la planta de funcionarios políticos reflejan el tipo y amplitud de las coaliciones políticas y sectoriales sobre las que se apoyará”.

Una de las grandes novedades de este gabinete, lo dice Lozano también, es que las áreas de Economía y Energía están atendidas por dueños: en Energía, la mayor parte pasaron de las empresas energéticas. En el Ministerio de Hacienda y Finanzas están representados los hombres del sector financiero. En Agricultura, lo mismo: están las corporaciones o patronales del campo. El espacio de la “política” quedó reducido a un pequeño circulo. El gabinete “loteado” y la construcción de áreas con intereses enfrentados son otra de las características de este tiempo.

Extra-escalafonarios

Los cargos extra-escalafonarios son cargos que cuelgan de los organigramas de los distintos ministerios, de Presidencia, de Jefatura de Gabinete y de organismos descentralizados. Son cargos creados y usualmente asignados a asesores. Aunque por sus características no tienen rangos, son designados con rangos equiparables a los altos grados del escalafón del Estado: directores, subsecretarios y secretarios. Lo mismo ocurre con los sueldos: son iguales a los de ellos y oscilan entre 60 y 100 mil pesos en bruto.

Por la cantidad de nombramientos ad-hoc realizados en estos primeros meses, los expertos en organigramas del Estado hablan de índices inéditos: al 10 de diciembre de 2015, los extra-escalafonarios eran 303; al 30 de marzo de 2016, 389. El crecimiento neto es de 86 cargos, lo que representa un 28 por ciento de aumento. En este caso también los extra-escalafonarios se fueron junto CFK dejaron sus puestos con el cambio de gobierno y por lo tanto, los indican que Macri gobierno ocupó los cargos de su antecesora y más.

Entre los datos que surgen de las designaciones, hay otro escándalo. En la época de CFK, sólo alrededor de un 30 por ciento de los asesores tenían “unidades redistributivas”; es decir, dinero asignado. En este momento, ese número ronda el 80 por ciento. “Los extra-escalafonarios son puestos de trabajo –dice Gilio–. Lo que pasó en los últimos años es que se crearon cargos para duplicar la estructura de secretarías, subsecretarías y sobre todo para poner un tapón o control sobre los directores nacionales o directores simples. Cuando digo que son puestos de trabajo, lo que quiero decir es que estaban pensados en principio para funcionar como una suerte de asesores de ministros, secretarios y subsecretarios. No pueden teóricamente tener personal a cargo y las competencias no pueden ir más allá de sus asesorías o coordinaciones de áreas, lo que está sucediendo en este momento es que se están creando muchos con responsabilidad administrativas y de gestión.”

Eso son las “unidades retributivas”, con dinero para contratar personal de rápida disposición. Un mapeo de las designaciones está diciendo que la mayor parte de estos puestos, un 25 por ciento, se designaron en el área de Presidencia. Luego hay un reparto equitativo en el resto de las áreas. Y según el politólogo, esta distribución con el acento en Presidencia es lógico porque esa es la jurisdicción más política.