A la jauría mediática y judicial lanzada tras Lázaro Báez con la fantasía de llegar hasta CFK y su hijo Máximo le saltó una liebre inesperada: el principal socio de Austral Construcciones no lleva el apellido del ex presidente Néstor Kirchner sino el del actual, Maurizio Macrì. Se trata de su primo hermano Angelo Calcaterra, hijo de Pía, la única hermana de Franco y Tonino Macrì, los respectivos padres de Maurizio y Jorge Macrì. En su declaración indagatoria, Báez mencionó su asociación con la empresa macrista para las represas de Santa Cruz, pero el vínculo no fue ocasional sino permanente e incluye numerosas obras en todo el país durante más de una década. Si durante la ejecución de esas obras hubiera habido sobreprecios, habrían beneficiado a la primera familia actual. Tampoco es fácil probar tal cosa: entre 2003 y 2015, todas las obras públicas nacionales se adjudicaron por licitación con precio tope, que dificulta la cartelización que rigió durante el siglo pasado y en la que sobresalieron las Sociedades Macrì (Socma), cuyo vicepresidente ejecutivo fue el actual presidente.

La inversión en obras públicas nacionales en el ciclo kirchnerista ascendió a 596.000 millones, en valores constantes, al 31 de agosto de 2015. El 56,3 por ciento o 336.000 millones de pesos, correspondió a inversión centralizada en organismos nacionales, mientras el 43,7 por ciento o 260.000 millones de pesos se descentralizó en provincias y municipios. Un tercio de la inversión centralizada (112.000 millones de pesos) fue ejecutado por una docena de empresas, con obras por montos de 5.000 millones de pesos en adelante. El 22 por ciento (73.000 millones de pesos) correspondió a otras 68 empresas, por montos que oscilaron entre 500 y 5.000 millones de pesos. Los restantes 151.000 millones de pesos, o el 45 por ciento del total, se dispersaron entre un millar y medio de empresas con montos inferiores a los 500 millones. Subieron al podio la trasnacional italiana Techint, que con 16.420 millones ejecutó el 4,81 por ciento de las obras; seguida por Electroingeniería (15.494 millones, o el 4,61 por ciento) e Iecsa, la empresa de la familia presidencial (14.050 millones o el 4,18 por ciento). En ese ranking (elaborado por el ex Ministerio de Planificación Federal, Obras y Servicios Públicos), el Grupo Austral, de Lázaro Báez, recién asoma en el 40º puesto, con 1.019 millones de pesos o el 0,3 por ciento. Esta sola cifra ridiculiza la afirmación del extorsionado ex colaborador de Báez, Leonardo Fariña, quien pagó su libertad declarando contra su empleador y los Kirchner, en la justicia y en los medios asociados. Hasta ahora ha tenido más suerte que la diputada provincial jujeña de la Organización Tupac Amaru Mabel Balconte, quien fue extorsionada por el gobierno del contador Gerardo Morales para acusar a Milagro Sala y Máximo Kirchner, porque en caso contrario no sólo sería detenida ella sino también sus hijos. Balconte cumplió con las condiciones de los delincuentes y repitió el mismo libreto de Fariña, un combo que incluye declaración judicial y recorrida televisiva con periodistas merecedores de la denominación que el Ejército estadounidense da a aquellos que acompañan a sus unidades en operaciones y que en la Nueva Argentina requerirá una traducción: embedded. El mismo tratamiento intentaron aplicarle a Báez, señalándole a gritos por los medios que encarcelarían a uno de sus hijos si no se convertía en un imputado colaborador que señalara a Cristina y Máximo. El uso de los hijos para extorsionar a los padres es la operación más clásica de la mafia. En este caso fue tan soez, que hasta el fiscal Guillermo Marijuan, que no es un tibio, entendió conveniente rechazar este grado de prostitución judicial y en una manifestación que lo honra dijo que antes de privar de su libertad a una persona para forzar a otra preferiría irse a su casa. Una vez que salvó a sus hijos cumpliendo con el libreto, Balconte no soportó más y el viernes fue internada en la clínica Santa María de San Pedro, Jujuy, donde le realizaron un lavaje de estómago, en cumplimiento del “protocolo de intervención médica en caso de suicidio” y dieron parte a la justicia penal. Los mismos medios que amplificaron su falsa denuncia ocultaron sus consecuencias personales y dieron por buena la versión del operador que supervisó el cumplimiento del trato, quien dijo que Balconte se descompensó cuando tomó por error un medicamento de su madre (sic). En la clínica mencionaron hasta el número de pastillas que tomó: 27.

Ni Cavallo

Al Grupo Clarín, Fariña le dijo que Báez era testaferro de Néstor Kirchner y que juntos “se robaron el Producto Bruto de un año, cien mil millones de dólares”. Así no se hubiera realizado ninguna obra y los 1019 millones de pesos íntegros hubieran pasado al patrimonio de Báez y/o Kirchner, la conversión de esa cifra en cien mil millones de dólares es imposible. Ni a Domingo Cavallo podría ocurrírsele ese tipo de cambio 1 peso=100 dólares. Lo más notable es que ninguno de los grandes periodistas que entrevistaron a este patético desesperado, ni los columnistas que opinaron sobre sus palabras o los encumbrados políticos que sacaron de ellas conclusiones lapidarias sobre la política y la moral hizo el menor esfuerzo por inteligir la verosimilitud de esos dichos. Los datos de Planificación se ciñen a las obras con inversión centralizada en organismos nacionales. Reconstruir las descentralizadas en provincias y municipios requeriría una investigación exhaustiva en cada uno de ellos. Pero como mera aproximación, si el porcentaje de Austral fuera el mismo en esa nómina, las obras que le fueron adjudicadas importarían otros 780 millones de pesos, lo cual no modificaría la desproporción entre las acusaciones (no probadas) y los hechos (posibles). Esto de ninguna manera equivale a minimizar la gravedad de ningún hecho en función de su magnitud, ni postular la indiferencia social ni la negligencia institucional.

Sea mucho o poco, se haya cometido algún delito o no, Lázaro Báez camina sobre la misma falla sísmica que el primo Angelo Calcaterra, cuyo anuncio de puesta en venta de IECSA, justo ahora, sugiere que desearía estar lejos cuando se abriera la caja de Pandora que los rastreadores husmean batiendo la cola con simpática inconsciencia canina. Iecsa y Austral se presentaron juntas en diversas licitaciones por casi 10.000 millones de dólares, lo cual muestra un affectio societatis estable, pero sólo ganaron algunas, lo cual tampoco confirma el favoritismo que se le atribuye a Báez. Iecsa obtuvo la pavimentación de uno de los cinco tramos de la extensa ruta 9 y luego su explotación. En ambos casos, Báez lo acompañó como subcontratista. Lo mismo ocurrió en la denominada “Línea Fría” en Santa Cruz, destinada a interconectar la Patagonia con la red eléctrica nacional. En la ruta Nacional 18 de Entre Ríos se asociaron en una UTE. Báez ganó el contrato por la Ruta Provincial 20, también de Entre Ríos, pero lo cedió a Calcaterra. También fueron asociados en el Complejo Terminal de Cargas de frontera, en Paso de los Libres. Otras obras para las cuales Báez y el primo Angelo se asociaron fueron la interconexión Pico Truncado-Río Gallegos, por 118 millones de dólares; la planta Terminal de Petrobras en Caleta Paula, por 15 millones de dólares; infraestructura vial en Yacyretá por 68,5 millones de dólares y obras en la Central Nuclear Atucha por 40 millones de dólares. En cambio sus apuestas más grandes no fueron exitosas: las licitaciones para las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, por 5.000 millones de dólares y por el gasoducto del NEA, por 4000 millones de dólares, que no les fueron adjudicadas.

Tampoco es fácil mostrar que haya sobreprecios en el costo proyectado de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, de 2,24 millones de dólares por cada Mw instalado, si se lo compara con el de las represas ya existentes de Chaglla, Perú (2,97 millones/Mw); Santo Antonio, Brasil (3,10 millones/Mw), Tocoma, Venezuela (3,11 millones/Mw); Sogamoso, Colombia (3,13 millones/ Mw); Simplicio, Brasil (3,26 millones/Mw)o Diamer-Basha, en Pakistán, (2,53 millones/ Mw). Por supuesto, no puede subestimarse el virtuosismo de la patria contratista argenta para renegociar contratos con aumentos de costos que siempre recaen sobre el comitente, pero aún así la diferencia sigue siendo grande, entre 13 y 45 por ciento a favor de la obra patagónica.

Espejito, espejito

Esta causa que llevan el fiscal Marijuan y el juez Sebastián Casanello es sólo una de las desplegadas a partir del 10 de diciembre con el propósito transparente de acorralar a la ex presidente y a otros miembros de su gobierno. Las principales que deben sumarse son aquellas que instruyen los jueces Julian Ercolini y Claudio Bonadio, con objetos que se superponen, vinculados con los hoteles de los Kirchner en Santa Cruz, el propio Bonadio por las operaciones con el dólar futuro y la que se intenta reabrir por la muerte del ex fiscal general Natalio Alberto Nisman. Sobre esta arquitectura se yergue el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, a quien le cuesta discernir entre el rol de justiciero y el de juez y que se ha reunido con cada uno de estos jueces para incitarlos a proceder con energía y premura. A partir de la homilía con que inauguró el año judicial 2015, ha procurado instalar que la Argentina es el reino de la impunidad, que él y sus huestes judiciales estarían llamados a sanear, como quien ciega un pantano. El video que preparó entonces su asesora de imagen María Bourdin, de la escudería Hadad, presentó una sucesión de fotografías y filmaciones que ejemplificarían esa plaga; incluyó casos que fueron juzgados con condenas para los autores, como los crímenes de lesa humanidad, Cromañón y el accidente de Once, y otros en los que ni siquiera se estableció que existiera un delito, como la muerte del fiscal. Ninguno encuadra en la hipótesis de impunidad. El catedrático de Rafaela no se arredra por contratiempos, como la denuncia por enriquecimiento ilícito en su contra que presentó la heroína radical Elisa Carrió; la declaración del zar antidrogas de Estados Unidos, William Brownfield, de que pese al aumento en el consumo de estupefacientes la Argentina sigue siendo un país de tránsito pero no productor; o el arresto del ex juez federal de Orán de la Nueva Frontera, Raúl Reynoso, procesado como jefe de una asociación ilícita que vendía protección a narcotraficantes. Reynoso era el juez predilecto de Lorenzetti, quien debió excluirlo de apuro de la comisión de magistrados que creó la Corte Suprema, con la discutible intención de privilegiar la persecución de unos delitos sobre otros, cosa que no entra dentro de sus competencias y atribuciones. En las primeras semanas del nuevo gobierno, Lorenzetti citó a cuatro jueces federales a quienes Macrì les tenía particular inquina y les sugirió la conveniencia de renunciar para impedir males mayores: ellos fueron Norberto Oyarbide (el primero que procesó a Macrì por las escuchas telefónicas ilegales), Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, quienes revocaron su primera absolución en esa causa, y Rodolfo Canicoba Corral, quien se encargó de que toda la operación trascendiera. Por su parte, el ministro de Justicia Germán Garavano exige por los diarios el alejamiento de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, porque no puede conseguir los dos tercios del Senado necesarios para removerla en juicio político. Pero tampoco tiene la mayoría simple para reformar la ley del Ministerio Público, que acortaría el mandato de la Procuradora, licuaría su poder entre cuatro subprocuradores generales dependientes del Poder Ejecutivo y desvirtuaría uno de los institutos más virtuosos creados por la reforma constitucional de 1994. Lorenzetti también dispuso la creación de un observatorio en el que la Corte sistematizaría información sobre delitos de narcotráfico, trata de personas y corrupción. Esa es una denominación caprichosa que junto con el sonsonete de la impunidad, condesciende al léxico vulgar de la prensa en un llamativo nivelamiento por abajo, indicativo de la cota a la que ha caído la Corte de Lorenzetti. En el Código Penal vigente los únicos delitos de corrupción son aquellos referidos a la sexualidad en su capítulo III. El proyecto personal de Lorenzetti se refleja en las páginas que dirige en Internet su asesora de imagen y que se presenta como sitio del Poder Judicial. La cobertura realizada durante el último año, desde mayo de 2015, muestra que el 30 por ciento del espacio está dedicado a pulir, lustrar y dar esplendor al ego lorenziano; el 11,6 por ciento menciona a la vicepresidenta Elena Highton; el 4,1 por ciento al ministro Juan Carlos Maqueda y el 1,4 por ciento al ex juez Carlos Fayt. El 13,5 por ciento de las notas informa sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad y el 39,5 por ciento a temas varios. A juicio de Lorenzetti, el país se aproxima a una crisis como la de 2001 y en sus rumiaciones llega a afirmar que hay tres presidentes, uno por cada poder el Estado, y que sólo uno podría hacerse cargo de la primera responsabilidad en la emergencia que prevé: el pontífice de la calle Talcahuano. Macrì ha sido hasta ahora el beneficiario de este activismo, del que participa a través de Lorenzetti y de sus propios agentes, como Daniel Angelici, Fabián Rodríguez Simón y el ministro Garavano. Pero más temprano que tarde el índex acusatorio podría volverse en su contra, como espera Lorenzetti. La última semana no sólo el primo Angelo entró en foco. También fueron imputados por la operatoria con el dólar futuro el segundo de Marcos Peña Braun en la jefatura de gabinete, Mario Quintana; el director del Banco Central Pablo Curat, el asesor y amigo presidencial José Torello, partícipes en la decisión de devaluar que les reportó ganancias instantáneas. La investigación se extiende a otros beneficiarios, como el amigo-socio Nicolás Caputo y el padre Franco Macrì. Con apenas cinco meses en el gobierno aún es posible disimular las operaciones en Tribunales protestando que el gobierno no actúa sobre la justicia y confiando en los corresponsales de guerra engarzados en su dispositivo que lo repiten con la misma convicción con que The New York Times difundía en la década pasada las informaciones falsas del gobierno de su país sobre las armas de destrucción masiva que nunca existieron en Irak. ¿Se llegarán a leer en la Argentina autocríticas y pedidos de disculpa a los lectores como las que aquel diario publicó años después?

Máxima tensión

La extorsión oficial no sólo indujo al suicidio a Mabel Balconte. También dio lugar a una causa presentada por el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, por las amenazas contra Máximo Kirchner del contador Gerardo Morales y del fiscal de Estado y apoderado del PRO jujeño Mariano Miranda. El propio Máximo, junto con Andrés Larroque pidieron ser tenidos por querellantes a la jueza María Servini, y narraron lo sucedido en la reunión del 21 de abril de CFK con más de la mitad del bloque del FpV en el Senado. Allí la senadora jujeña Liliana Fellner “habría manifestado que ya no existen garantías constitucionales” y que eran práctica habitual las promesas de “alivianar supuestas cargas judiciales, incluso por hechos inexistentes, a cambio de involucrar a Milagro Sala y a otros dirigentes políticos en la supuesta comisión de delitos”. A esa extorsión habría atribuido el cambio de su voto que se convirtió en apoyo al acuerdo con los fondos buitre, “modificado a cambio de la libertad de sus “compañeros intendentes”, ya que les habían prometido “alivianarles las cargas judiciales” en las investigaciones que irregularmente se llevan adelante sobre Milagro Sala y su organización”. Además Morales hizo circular entre los intendentes un escrito que debían presentar a la Justicia descargando cualquier desvío de fondos en la organización Tupac Amaru, pese a que quienes certificaban el avance de las obras y liberaban los pagos eran los intendentes. Kirchner y Larroque pidieron que se citara como testigos a los 22 senadores que asistieron a la reunión y que se pidiera al Instituto Patria cualquier grabación de audio o video sobre la reunión. Esto repercutió en la intimidad del bloque, ya que quienes asistieron hablaron con libertad confiados en que las cámaras presentes sólo tomarían imágenes para ilustrar el encuentro. Servini consideró que esta denuncia era un hecho independiente y lo remitió a sorteo, que recayó en el juzgado de Sergio Torres, quien debe decidir si la acepta. Una tercera causa, por denuncia del Comité por la Libertad de Milagro Sala, se tramita en el juzgado de Julián Ercolini. Los kirchneristas solicitan la unificación de las tres y, sobre todo, que no terminen en la justicia de Jujuy, donde el Estado de Derecho pasó a mejor vida.

La plataforma de Lorenzetti