Un militar acusado de torturar a un soldado durante la guerra de Malvinas fue designado por el gobierno de Mauricio Macri al frente de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, ex Renar) de Rosario. Se trata del capitán retirado Marcelo Oscar Dorigón, denunciado en 2007 por la subsecretaría de Derechos Humanos de Corrientes por estaquear durante cinco horas a un conscripto que había cazado una oveja para comer. La causa por tormentos de militares a subordinados, cerrada por la Corte Suprema de Justicia, tramita ahora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La lentitud del poder judicial en este proceso que el año próximo cumplirá diez años desde su inicio permite que cientos de militares que participaron en 1982 en la guerra de Malvinas sigan impunes”, recordó en un comunicado el Centro de ex Combatientes de las Islas Malvinas (Cecim) de La Plata. Desde la ANMaC, que depende del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, minimizaron la denuncia al señalar que Dorigón no fue condenado, “no tiene antecedentes penales” y cobra una pensión como veterano de guerra.

En 1982, con el grado de subteniente, Dorigón estaba destinado en el Regimiento de Infantería 12. Dos de los tres soldados que murieron de hambre en Malvinas incluidos en la denuncia que presentó en 2007 el entonces subsecretario de derechos humanos de Corrientes, Pablo Andrés Vassel, pertenecían a esa unidad de Mercedes. El conscripto Angel Ramírez cuenta allí que su compañero estaqueado “porque matábamos una oveja” era “un chaqueño, de Quitilipi”. “Habrá sido de las nueve de la mañana a la una de la tarde”, calculó, y agregó que “lo estaquearon vestido de combate”. “Lo estaquearon, la tierra allá arde porque es todo petróleo, hacíamos arder la tierra (…) comíamos una oveja semicruda, semicocida, pero se comía”, contó. “Ellos no te van a llamar delante a vos y te van a decir ‘estaqueale a aquél’ pero hay oídos finos que escuchan”, explicó sobre su certeza de quien había dado la orden. “Como yo era del regimiento, que siempre lo atendía a él que era soltero, que vivía en el regimiento, en la pieza de los oficiales, era el subteniente Dorigón”, contó. “Era un flaco alto, un tipo muy intelectual y mandaba a estaquear y mandó a estaquear”, afirmó.

La denuncia ante la justicia federal de Río Grande incluyó más de 120 hechos, desde estaqueamientos, torturas y violaciones hasta asesinatos. La jueza Liliana Herráez y luego la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia reconocieron que se trataba de delitos de lesa humanidad y avanzaron con los procesamientos. Sin embargo, ante la apelación del militar Jorge Eduardo Taranto, la Cámara de Casación interpretó en 2012 que no eran delitos de lesa humanidad. Tres años después, en apenas una oración, la Corte presidida por Ricardo Lorenzetti cerró la investigación aduciendo que no debía pronunciarse porque no había sentencia definitiva. El CECIM llevó entonces el caso a la CIDH. La deuda con los ex combatientes vejados en Malvinas genera responsabilidad al Estado argentino, que por medio del Poder Ejecutivo deberá ahora rendir cuentas por la impunidad ante la comunidad internacional.

Dorigón pasó a retiro en 1993 y se insertó en la actividad privada. Fue gerente en los supermercados Coto, responsable de las sucursales de Rosario, y entre 2006 y 2013 fue gerente de la empresa de vigilancia El Centinela, donde según su perfil de Linkedin estuvo abocado a “la reorganización del área de operaciones”. En 2014, como gerente de recursos humanos de la empresa de electrodomésticos Liliana SRL, un grupo de trabajadores despedidos lo denunció por intentar impedir una asamblea en la puerta de la fábrica. “A menos de 24 horas de que el Ministerio de Trabajo y la UOM solicitaran la reincorporación de los 12 delegados y trabajadores despedidos”, la gerencia de Recursos Humanos “encabezada por un ex militar de la dictadura, junto con personal de seguridad y psicólogos montaron un operativo sobre la ruta para parar a todos los trabajadores y obligarlos a conducirse hacia otra planta donde no realizan sus tareas”, informaron. Desde principios de año, tras la asunción de Macri como presidente, quedó a cargo de la sucursal rosarina de la ANMaC, responsable de registrar, fiscalizar y controlar las armas y explosivos en manos de civiles.