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El Consejo de la Magistratura se comprometió ayer a elaborar en “dos o tres semanas” el dictamen relacionado con la imputación a los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia por su responsabilidad en la liberación de los represores acusados de participar de la masacre de Margarita Belén, ocurrida en Chaco durante la última dictadura militar.
El compromiso se hizo público en una reunión que algunos de los consejeros mantuvieron con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. La audiencia se realizó en el marco de las actuaciones iniciadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con el apoyo de H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) contra los jueces Diómenes Rojas, Tomás A. Inda y María Beatriz Fernández.
La reunión se realizó en la sala de plenarios del Consejo de la Magistratura y participaron miembros de organismos de derechos humanos y los diputados Patricia Walsh, Alicia Tate, Silvia Esteban, Susana Llambi y Eduardo Di Pollina. Entre los miembros del Consejo estuvieron los diputados Marcela Rodríguez, Juan Jesús Miguens y Leila Chaya, el senador Jorge Yoma y el consejero por los abogados Beinusz Szmukler, además del instructor del caso, Luis Pereyra Duarte.
El 17 de junio de 2003 fueron detenidos diez militares –tres de ellos en actividad– imputados de doble homicidio agravado y desaparición forzada de personas en la masacre de Margarita Belén. La Cámara Federal de Resistencia los dejó en libertad el 22 de julio de ese año al hacer lugar a un pedido de hábeas corpus de unos de los imputados. Además, le quitó el expediente al juez Carlos Skidelsky. Esto motivó un pedido de destitución del CELS por “mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos”.
La masacre de Margarita Belén fue perpetrada el 13 de diciembre de 1976 por una patrulla del Ejército. Las víctimas fueron 22 presos políticos, a quienes previamente se había arrancado de la cárcel de Resistencia y centros clandestinos de detención.