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Raúl Moneta se mueve contra reloj para lograr que el Banco Central de Bahamas se desdiga y revea la comunicación mediante la que acreditó que el Federal Bank era propiedad de la sociedad que formaban él y sus familiares Benito y Pablo Lucini. El actual accionista de Canal 9 está convencido de que la causa que investiga el desplome de los bancos Mendoza y República prescribirá, para su regocijo, el próximo mes de abril ante la indiferencia del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Sus temores los acapara, en cambio, el Federal Bank, la offshore radicada en Bahamas y utilizada para triangular más de 7 mil millones de dólares entre Argentina y Estados Unidos. Moneta sabe que allí, en esa casilla de correo con nombre de banco que operó en la década menemista, podría estar su talón de Aquiles: jamás incluyó al Federal en las declaraciones de bienes realizadas ante la AFIP. Además, constituye un elemento de vital importancia para determinar si, como sostiene el ex diputado Gustavo Gutiérrez, la caída del Banco Mendoza fue producto de maniobras de vaciamiento practicadas desde el República y el Federal.
Dispuesto a remover el único obstáculo que, según cree, lo separa del retorno al circuito social del gran empresariado, el escribano y abogado –recibido en Corrientes– Moneta, dueño de los caballos bailarines, del Haras La República, de la estancia Villamaría (cuyo parque, dice Aldo Sessa en el libro Las Estancias, fue diseñado por el arquitecto Carlos Thays en 1980, o sea cuando el paisajista tenía 131 años) y del copyright de las palabras Federal y República, encomendó a su abogado a tiempo completo Alejandro Mitchell que maniobrara para lograr que el Banco Central de Bahamas rectificara la nota donde, por primera vez por escrito, reafirmó que el Federal es propiedad de Moneta y de Lucini padre y Lucini hijo. Uno de los comisionados para poner en marcha esa operación de pinzas sobre el Banco de Bahamas fue Geoffrey Hooper, residente en Uruguay, representante de Winterbotham –otra de las offshores de la constelación Moneta– y buen conocedor del mundo financiero del paraíso fiscal. El otro, claro, es el inevitable Frank Holder, ex agente de la CIA, titular de la agencia de información y seguridad Kroll Asociados y autor, entre otras, de las campañas difamatorias desarrolladas contra los ex diputados mendocinos Carlos Balter y Gustavo Gutiérrez, considerados enemigos número uno por Moneta.
Para llevar a cabo la tarea de “pre-
ssing” sobre el Banco de Bahamas, Geoffrey Hooper contactó al abogado John Fitzgerald Wilson, miembro del estudio Mc Kinney, Bancroft & Hughes –un bufete influyente de Nassau, especializado en temas de banca internacional, secreto bancario y lavado de dinero–, para hacer lobby ante las autoridades financieras de la isla. Holder viajó a Bahamas y el viernes 4 de febrero él y
Hooper se entrevistaron con Wilson en su despacho. Era la reunión preparatoria de la que tendrían poco después con funcionarios del Banco de Bahamas. Al mes siguiente, Holder y Hooper, los dos empleados de Moneta, le reiterarían al contratado Wilson que debía insistir en el pedido a las autoridades monetarias del archipiélago: al fin, lo único que necesitaban era una carta donde, en términos drásticos, los bahameños se retractaran y rectificaran la información acerca de los accionistas del Federal Bank.
Quemá esa carta
El motivo de tanta preocupación era la incómoda comunicación 402.866 remitida el 29 de octubre de 2004 al gerente de jurídicos del BCRA, Marcos Moiseeff. Contenía los datos que, en vano, había pedido el fiscal Paulo Starc, investigador de la causa que, en torno de la caída de los bancos de Moneta, se sustancia en el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral. Harto del silencio del Banco Central de Bahamas, Starc solicitó el auxilio de Moiseeff. Contra todo pronóstico, la intervención del BCRA produjo el efecto deseado. Primero fue un fax; luego una nota con membrete oficialdel Banco Central de Bahamas remitida por el courrier privado Federal Express. En ella, la oficial senior Cassandra Nottage, gerente del área de Supervisión Bancaria del Banco de Bahamas, le hacía saber que, de acuerdo a sus registros, los accionistas del Federal Bank eran Raúl Juan Pedro Moneta, Benito Jaime Lucini, Pablo Juan Lucini y Jorge Enrique Rivarola.
Starc giró el documento al juzgado de Canicoba Corral. El magistrado no mostró demasiado entusiasmo; en cambio, sometió al gerente del BCRA Marcos Moiseeff a un severísimo interrogatorio para determinar cómo había obtenido el documento, qué grado de autenticidad tenía, por qué medios había llegado y si éstos eran lo suficientemente fiables. En corrillos trascendió que Canicoba relativizaba la importancia de la información puesto que, argumentaba, no había sido enviada a la Justicia, sino que era producto de la relación entre bancos.
Preocupados por la inminente caída de una causa por la que han pasado cuatro jueces, escandalizó a la opinión pública y dio origen al mayor intento de investigación de lavado de dinero, Gustavo Gutiérrez y el arista Adrián Pérez solicitaron al fiscal de Estado de Mendoza, Pedro Sin, que la provincia se constituya como querellante e interrumpa así el riesgo de prescripción. Mendoza tiene legitimidad para ello, sostienen, puesto que era accionista del Banco Mendoza, invirtió fuertes sumas en sanearlo antes de ser privatizado en favor de Moneta y su hundimiento provocó enormes perjuicios a la población.