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La Justicia rechazó ayer la prescripción de la causa por los sobornos que la empresa IBM pagó a varios funcionarios menemistas para adjudicarse la informatización del Banco Nación y dispuso que los dieciséis imputados por ese caso sean sometidos a juicio oral. La decisión va en contra del planteo que habían formulado varios de los acusados –entre ellos, el ex presidente de la entidad bancaria, Mario Dadone, y el ex directivo de la firma informática, Gustavo Soriani–, quienes pretendían que el expediente judicial fuera cerrado.
El pago de coimas en el que incurrió IBM para asegurarse el negocio de informatizar las 525 sucursales del Nación fue uno de los escándalos de corrupción más resonados de la década en la que Carlos Menem ocupó la presidencia. La causa judicial que según lo dispuesto ahora por el Tribunal Oral 3 sigue vigente fue abierta en 1994, luego de que se denunciara que la empresa informática había repartido 21 millones de dólares en sobornos a funcionarios menemistas para lograr la adjudicación del denominado Proyecto Centenario.
La causa la tramitó en un principio el ex juez Adolfo Bagnasco, pasó después al juzgado de Jorge Urso –quien lo mantuvo cajoneado por años– y finalmente cobró impulso cuando llegó a manos de Guillermo Montenegro, uno de los nuevos magistrados del fuero federal. Al pedir la elevación de la causa a juicio, el fiscal Carlos Cearras dio por probado que hubo una “maquinación” y pago de sobornos para adjudicar a IBM el contrato de informatización del Nación, por el cual se pagaron 250 millones de dólares, el doble del valor real de la prestación. Remarcó también que se realizaron contrataciones directas y que todo terminó en un “estrepitoso fracaso, una escandalosa pérdida y sin obtener la tan ansiada modernización” de la entidad bancaria.
Frente a la acusación fiscal, ocho de los dieciséis involucrados pidieron la prescripción de la causa con el propósito de evadir el juicio, pero no tuvieron en cuenta un detalle: uno de los acusados, el ex gerente de sistemas del Nación Héctor March, continuó desempeñando cargos públicos después de que el escándalo se hiciera público, lo que hizo que el delito atribuido siguiera vigente hasta que dejó la función. Es que el artículo 67 del Código Penal –en el que los camaristas Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo fundaron su decisión– sostiene que “la prescripción se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”. A los imputados les queda ahora la posibilidad de recurrir a la Casación.
En la nómina de acusados figuran los ex directivos del Nación Aldo y Mario Dadone, Alfredo Aldaco, Genaro Contartese y Hugo Gaggero, quienes están procesados por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho pasivo”. También irán a juicio el ex presidente de IBM Ricardo Martorana y el ex subsecretario general de la Presidencia, Juan Carlos Cattáneo. Se trata del ex segundo de Alberto Kohan y no sólo se le imputa el mismo delito, sino también cohecho activo, ya que se cree que usó su influencia y recibió sobornos para direccionar la licitación. También dirigió el contrato hacia otras empresas proveedoras con las que tenía relación, entre ellas Consad, a cargo de su hermano Marcelo Cattáneo, quien en 1998 en plena investigación del ilícito apareció ahorcado en un predio de Ciudad Universitaria con un recorte de diario en la boca en el que se lo vinculaba al caso.
Según la acusación, Cattáneo intermedió con Soriani –quien también irá a juicio– para incluir a Consad en el proyecto y también a CCR, una empresa de su cuñado Alejandro De Lellis, acusado por los mismos delitos que el ex funcionario. CCR fue usada como puente de la “ruta del dinero” de toda la operación, los 21 millones de dólares que se pagaron como “sobornos” y que aparecían facturados por esta empresa que no ofreció servicio alguno. Parte de ese dinero se encontró en cuentas bancarias suizas de los exdirectivos del Nación o testaferros y cinco millones de dólares fueron repatriados.