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Nueve mil oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas se presentaron ante Anses para reclamar mil pesos por mes correspondientes a la pensión para Veteranos de la Guerra de Malvinas. Entre los que piden que les hagan ese reconocimiento están, por ejemplo, los tripulantes del portaaviones 25 de Mayo que no salió del dique seco, y una enorme cantidad de oficiales que no participaron de combate alguno. Incluso hay integrantes de la Marina Mercante que quieren los mil pesos mensuales alegando que hacían espionaje, policías federales y tripulaciones de Aerolíneas Argentinas que estuvieron en Malvinas antes de que empezaran los combates y unos 77 radioaficionados que, a diferencia de los tres que sí estuvieron en el Atlántico Sur, nunca se acercaron a la zona de guerra. El titular de Anses, Sergio Massa, y el fiscal federal Guillermo Marijuán iniciaron una investigación sobre las verdades y mentiras de las pensiones de Veteranos y están a punto de disponer una revisión total sobre cada uno de los beneficiarios. También impulsa esa medida Graciela Ocaña, titular del PAMI, que es la obra social que atiende a los veteranos. Si se suman las nueve mil presentaciones nuevas, el total de los que participaron de los combates sumaría 25.000, mientras que el cálculo oficial realizado en 1983 fue de 14.000.
La investigación que encaran Massa y Marijuán ya se topó con un primer obstáculo. Les pidieron a los organismos en los que se gestionaron las pensiones –ex Secretaría de Desarrollo Social, Comisión de Pensiones Honoríficas– los expedientes por los cuales se hizo cada otorgamiento. De entrada nomás hubo excusas: que no está claro dónde están las carpetas, que hubo un incendio, que se están buscando. Como el pedido es reciente, Massa y Marijuán han decidido seguir insistiendo para tener una respuesta oficial y por escrito.
Algunos de los organismos de ex combatientes hacen un razonamiento categórico. La proporción de los que participaron en efectivas acciones de combate fue de 74 por ciento conscriptos y 26 militares profesionales. Pero con la distribución actual de pensiones se pasa a 52 por ciento de conscriptos y 48 de profesionales. Más allá de lo que eso significa en términos económicos, objetivamente la manipulación del padrón deforma lo que de verdad ocurrió en Malvinas y el papel que jugaron los conscriptos.
Otra secuencia grafica las maniobras. En 1983 hubo un informe oficial del Ejército, la fuerza que en este terreno actuó de manera más prolija. El total de combatientes trepaba a 9997. En 1992 el Círculo Militar editó un libro en el que la suma de Veteranos asciende a 14.020. Siete años después, a 17 años de terminada la guerra, el Ministerio de Defensa aceptó la cifra de 22.220. En 2005, según el informe de pensiones que maneja la Anses, los combatientes alcanzaron su record, 25.000.
La ley 23.848 dispuso una pensión vitalicia para “los ex soldados combatientes conscriptos que participaron en efectivas acciones bélicas y de combate y los civiles que se encontraban cumpliendo funciones en los lugares en los cuales se desarrollaron estas acciones”.
Luego, la ley 24.652 vuelve a definir a los beneficiarios de las pensiones que hoy representan mil pesos mensuales. Dice que tienen derecho a la pensión de guerra quienes hayan estado destinados al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), donde indudablemente participaron del conflicto, o hayan entrado efectivamente en combate en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), entendiéndose este último con el área alrededor de Malvinas.
Uno de los golpes más polémicos se dio durante el gobierno de Carlos Menem, cuando un proyecto impulsado por Alberto Pierri y Eduardo Menem dio a luz la ley 24.892, con la que se extendieron los beneficios a “oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que se encuentren en situación de retiro o baja voluntaria, que hubieren estado destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas o entrado efectivamente en combate en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur”.
Está claro que el requisito que se pide es que hayan combatido, pero desde el punto de vista ético muchos cuestionan que se le otorgue una pensión como veterano a un militar profesional cuya carrera consiste justamente en eso, en prepararse para combatir y combatir. Es como si a un médico cirujano se le otorga una pensión de por vida de mil pesos por una operación excepcionalmente buena, comparación que no parece demasiado precisa si de calidad se habla. Muchos de los veteranos conscriptos, sostienen que no sólo era parte de su trabajo sino que de alguna manera entrar en combate constituye la coronación de una carrera, un honor.
Aun admitiendo la polémica medida de extender la pensión a oficiales y suboficiales, lo que están verificando el fiscal Marijuán y el titular de la Anses, Sergio Massa, es que la suma de pensionados –que significa una erogación de 25 millones de pesos mensuales, o sea 300 millones de pesos anuales– supera en mucho a los que efectivamente combatieron en Malvinas y el Atlántico Sur. Mediante un decreto de 2004, Néstor Kirchner sacó el pago de pensiones del área de Desarrollo Social y lo pasó a la Anses, lo que motiva la investigación actual.
En su momento, cada fuerza –el Ejército, la Marina y la Aeronáutica– tenía el poder de otorgar una especie de certificado de participación en los combates. Hay un listado categórico, que es el que en su momento hizo la Cruz Roja y que abarcaba a quienes fueron tomados como prisioneros: 6000 combatientes. Si a esto se suman las bajas de la guerra y quienes no fueron capturados, la cifra lógica que evalúan las organizaciones de ex combatientes va de 10.000 a 14.000, jamás 25.000.
El pedido de los últimos tiempos de nueve mil pensiones por parte de oficiales y suboficiales tiene que ver con que llegan a la situación de retiro que pedía la ley. Eso lleva a que se multipliquen los casos de imitación: “Si fulano, que yo sé perfectamente que no estuvo ni cerca de Malvinas, está pidiendo y le van a dar la pensión de mil pesos por mes, ¿por qué yo no la voy a pedir?”. Al mismo tiempo, se produce el fenómeno contrario: hay militares que rechazan esta ofensiva fraudulenta de sus pares y alientan, por lo bajo, a que se haga una investigación y una evaluación seria sobre quiénes son y quiénes no son veteranos.
Según quienes investigan la cuestión de las pensiones de Malvinas, el Ejército es la fuerza más propensa a cooperar con la pesquisa. Las mayores irregularidades parecen provenir de la Marina, que el 30 de septiembre de 1994 convalidó una resolución del Consejo de Oficiales Superiores de la Armada. Aquel texto encuadra dentro de los que tienen derecho a considerarse veteranos de Malvinas a las tripulaciones del Portaaviones 25 de Mayo, los destructores Hércules, Santísima Trinidad y Comodoro Py, las corbetas Drumond y Granville, los buques Punta Médanos, Cabo San Antonio, Gurruchaga, Somellera, los petroleros Campo Durand, Puerto Rosales y Río Cincel, los transportes Mar del Norte y Córdoba y los pesqueros María Alejandra y Constanza. Ninguna de estas embarcaciones y menos todavía sus tripulantes participaron de combate alguno, pero el argumento es que debían estar preparados por si se los bombardeaba, algo que contradice totalmente el texto de la ley. Con esa resolución los veteranos de Malvinas de la Marina pasaron de ser unos tres mil a multiplicarse por más de tres y llegar a la asombrosa cifra de diez mil. La inflación de veteranos de la Marina fue del 300 por ciento en los 23 años transcurridos desde la guerra.
El caso de la Aeronáutica es distinto, aunque también la cifra de veteranos trepó dos décadas después de los combates. De mil veteranos reconocidos en su momento, ahora existen 1500.
Respecto de los civiles, los primeros datos traen polémicas. La más novedosa tiene que ver con la Marina Mercante, ya que están reclamando la pensión marinos de buques de transporte de carga sugiriendo que ellos realizaban una especie de trabajo de espionaje. En esta misma línea, pidieron su pensión tripulaciones de Aerolíneas Argentinas que llevaron gente a Malvinas antes de que empezaran los combates, policías federales que estuvieron en las islas sin haber participado de operación bélica alguna y radioaficionados que sostienen que participaron de misiones de observación, cuando en realidad –según los informes oficiales– sólo tres estuvieron realmente en el teatro de operaciones.
El peso de la investigación está a cargo del titular de Unidad Federal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), Guillermo Marijuán, quien ya incursionó en temas delicados como las jubilaciones truchas o los Planes de Jefes y Jefas de Hogar. Al pasar la cuestión de las pensiones a la Anses, Marijuán y Massa alientan una movida que equivale casi a un reempadronamiento total, en el que se determine quién entró en combate, cuándo y dónde. También el PAMI alienta este relevamiento porque los veteranos son atendidos por esa obra social. Las prestaciones suman más de 30.000, por lo cual Graciela Ocaña, la titular del PAMI también impulsa la concreción de un padrón transparente. En la misma línea están las organizaciones de ex combatientes que rechazan el fraude, las maniobras y las pensiones otorgadas a quienes quieren hacerse pasar por veteranos sin haber puesto un pie en el teatro de operaciones.