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La “defensa de nuestros valores” que presidió la convocatoria del acto de la semana pasada en apoyo del suspendido jefe de gobierno Aníbal Ibarra sólo cobra pleno sentido con el análisis del presupuesto dedicado a comunicación, prensa y propaganda por el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y el conocimiento de cómo se gasta. Desde que Ibarra obtuvo su reelección hace dos años y decidió que había llegado el momento de lanzar su proyecto político nacional, el presupuesto en esos rubros creció en progresión geométrica, su ejecución se centraliza pese a lo que ordena en contrario la Constitución y su análisis se dificulta mediante ardides contables y cibernéticos que esconden las partidas en distintos programas y obstaculizan su reconstrucción. Las dos empresas contratadas para ese efecto trabajan ahora en el operativo retorno de Ibarra, cada una en su especialidad. Una pertenece al marido de la principal colaboradora del jefe de gabinete, Raúl Fernández. La otra a una histórica operadora de Enrique Nosiglia y el menemismo. En ambos casos la contratación es directa, sin ningún tipo de concurso o licitación.
Las consignas y la señaléctica del acto con el que Ibarra intentó simular la articulación social y el sustento político de los que su gestión carece, fueron realizados por la empresa Bordó Comunicación. Su principal accionista, Eduardo Pinheiro, a quien llaman Pino, es el esposo de Mónica Desperbasques, la jefa de asesores del jefe de gabinete de Ibarra, Raúl Fernández. La difusión en el diario de Daniel Hadad de que un imprevisto testimonio judicial sindicaba al hijo del abogado José Iglesias como lanzador de la bengala que prendió fuego al revestimiento de Cromañón, corrió por cuenta de Alejandra Raful, de la Consultora AR. Bordó y Raful son las dos patas de la construcción mediática con la que Ibarra imaginaba la carrera política nacional que se hizo humo tóxico el 30 de diciembre pasado. El lanzamiento se había realizado pocos días antes, en el teatro Coliseo. Ahora ese aparato está dedicado a planear el rescate del jefe de gobierno.

Amigos

El Colorado Fernández, Desperbasques, Pino y los otros directivos de Bordó, Alberto Nores y Andrea Ramos, militaron juntos en el Partido Intransigente de la Capital. Las generosas cuentas publicitarias de la Ciudad convirtieron a ese pequeñísimo grupo de trabajo de supervivencia para tres personas en una agencia mediana que sobre esa base ha logrado expandirse también hacia clientes privados, entre otros el supermercado Easy, Compañía General de Combustibles y Edenor. Bordó ofrece Estrategias de Comunicación y Marketing, imagen corporativa y desarrollos digitales multimedia. Desperbasques fue subsecretaria de Gestión Social y Comunitaria en el gobierno de Ibarra. Desde allí puso en funcionamiento dos programas para la Atención de Familias Sin Techo, que consistían en el pago de alojamiento en hoteles y pensiones de la ciudad a personas que habían perdido el empleo o la capacidad económica para pagar un alquiler, debido a la crisis de 2001/2002. Según la información oficial suministrada a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, esos programas abarcaban a ocho mil personas. La Defensoría produjo una serie de actuaciones a raíz de denuncias sobre las malas condiciones de esos alojamientos y la falta de control: cables eléctricos a la vista, escaleras sin baranda ni protección por donde cayó un niño, terrazas sin rejas, matafuegos guardados bajo llave, pérdidas de gas en cocinas sin llave de paso, suciedad en baños y cocinas, ventanas sin vidrios, falta de recibos de pago.
La Defensoría del Pueblo documentó el escaso control realizado por la Ciudad sobre la actividad hotelera. Según una actuación del 11 de febrero de 2004, sobre 134 hoteles relevados uno había recibido la última inspección en 1995, dos en 1997, once en 1998 y siete en 1999. Es decir que más del 15 por ciento de esos hoteles no habían sido controlados durante toda la gestión de Ibarra. La Defensoría también verificó la poca presencia de asistentes sociales que contribuyeran a mejorar la situación de esas familias. Las denuncias sobre la situación de los hoteles forzaron la renuncia de Desperbasques.
De inmediato, Fernández la designó como jefa de su gabinete de asesores en la jefatura de gabinete del gobierno de la Ciudad. Antes, Desperbasques tuvo el encargo de vigilar al fugaz secretario de Desarrollo Social Rafael Balito Romá, el ex hombre de confianza de Eduardo Duhalde y Elisa Carrió. Incorporado al gabinete luego de las elecciones de 2003, Romá se ganó el mote de Astronauta Cubano, porque el comandante soviético no le dejaba tocar ningún control. Su alejamiento fue un temprano testimonio de la fragilidad de la construcción política de Ibarra, quien se repliega para gobernar sobre un reducido grupo de amigos y parientes. La secretaria de Hacienda y Finanzas es la esposa de Raúl Fernández, Marta Albamonte. El gobierno de Ibarra supera el ya elevado índice promedio de nepotismo del país y este ha sido uno de los motivos de su colapso: las estructuras de control que fallaron en el caso de Cromañón habían sido entregadas a parientes y amigos íntimos, como Juan Carlos López y Fabiana Fiszbin.

Operadores

Alejandra Raful es una bolsera de medios especializada en operaciones de prensa. Su carrera cobró impulso cuando su esposo, Jorge Gándara, integró el equipo económico durante la presidencia de Raúl Alfonsín y la privanza de Enrique Nosiglia. Ya durante el gobierno de Carlos Menem, Raful se hizo cargo de la tarea de difusión del PAMI cuando lo presidía Víctor Alderete. El pago de sobreprecios en las publicaciones del PAMI fue investigado por el juez federal Claudio Bonadío, quien procesó a Alderete pero no a Raful, que subcontrató trabajos con otras empresas. Esa estructura operativa fue contratada por el jefe de la SIDE, Fernando de Santibáñes, cuando el gobierno de Fernando de la Rúa se sintió acosado por las investigaciones sobre el pago de sobornos en el Senado por la ley de precarización laboral. También prestó servicios al ministerio de Acción Social durante las gestiones del radical rionegrino Daniel Sartor y de la peronista federal bonaerense Hilda González de Duhalde.
Experta en misiones imposibles, Raful también se encarga de promover al precandidato presidencial Jorge Sobisch. Además de trabajos de creación y destrucción de imagen, Raful vende contactos con periodistas de distintos medios y mantiene una relación especial con aquellos que giran en la órbita de Daniel Hadad y el escribano Raúl Juan Pedro Moneta. Dirigentes políticos de la Ciudad que no responden a la línea interna de Raúl Fernández afirman que una de las funciones de confianza más delicadas de Raful es el enlace mensual entre el Casino flotante y Pablo Enrique Maggioli, en quien Ibarra confía las cuestiones de números. Maggioli fue designado director del Banco Ciudad cuando Ibarra llegó a la jefatura de gobierno y el año pasado ascendió a su vicepresidencia.

Presupuestos

Los gastos en publicidad y propaganda crecen en progresión geométrica desde que Ibarra imaginó que luego de sobrevivir a la hecatombe de la Alianza se le abría un futuro presidencial. Mientras la mayor parte de las partidas son subejecutadas, la de propaganda se sobreejecuta. En 2003 se gastaron en publicidad y propaganda menos de diez millones de pesos. En 2004 se presupuestaron veinte millones pero se ejecutó el doble. Este año se presupuestaron cuarenta y cinco millones y cuando se conozca el resultado final de 2005 es improbable que sea menor a noventa millones. El proyecto de presupuesto para 2006 contempla cincuenta y siete millones y si el hábito se repite pasará de cien. La imprecisión se debe a la dificultad para reconstruir esas partidas, que sin atisbo de ironía se denominan transversales. Esto quiere decir que cada jurisdicción del gobierno de la Ciudad tiene una partida asignada para propaganda pero no puede utilizarla, ya que su ejecución está centralizada en la Secretaría de Comunicación, a cargo de Daniel Rosso. Esto obliga a sumar la partida de comunicación de cada secretaría.
Pero a partir de este año, el gobierno incluyó dificultades adicionales para quien intente saber cuánto se gastará en esas actividades. De ahora en adelante las partidas no se asignarán por jurisdicción sino por programa, lo cual hará mucho más difícil seguir la pista. La Constitución de la Ciudad dice que los sistemas de administración financiera y gestión de gobierno “deben propender a la descentralización de la ejecución presupuestaria”, y el decreto 1000/99 especifica que cada programa es la unidad de programación, asignación, registración, seguimiento, evaluación y control. La Constitución también dice que “todos los actos que impliquen administración de recursos son públicos y se difunden sin restricción. No hay gastos reservados, secretos o análogos, cualquiera sea su denominación”. En la realidad ocurre lo contrario: los montos por comunicación son decididos y ejecutados por el gobierno de la Ciudad sin consulta con cada programa. En un programa en el que participan organismos de la sociedad civil este sistema fue rechazado, porque implica una responsabilidad sobre la aplicación de fondos sobre los cuales el programa no tiene el menor control. La partida asignada superaba las necesidades del programa, que no la había solicitado. En ese caso al menos la jefatura de gabinete deberá buscarse otra cobertura.
Además, el Poder Ejecutivo presenta las planillas del presupuesto como archivos de imagen PDF. Esto impide trabajar sobre los números salvo que sean vertidos al programa Excel, lo cual requiere darse cierta maña informática. Otra argucia consiste en cambiar el nombre de los programas, de modo de impedir el seguimiento año tras año. Todo esto se realiza en forma deliberada para retacear la información y convertir el control en una tarea ímproba.
Mientras Raful realiza discretos contactos y operaciones que incluyen influencia directa sobre la voluntad de determinadas personas, Bordó Comunicación concentra toda la tarea de publicidad que osa decir su nombre, con excepción de avisos en radio y películas en televisión. Esto incluye avisos en gráfica, impresos institucionales, afiches, libros, catálogos, folletos e incluso la papelería de los distintos programas del gobierno de la Ciudad. Tanto el gráfico como el cuadro numérico que se publican en esta página comparan los gastos en publicidad en el presupuesto de este año y del próximo. Si se considera lo presupuestado el incremento supera el 25 por ciento. Se advierte con nitidez que el mayor crecimiento corresponde a los gastos de propaganda de la Jefatura de Gobierno, que consumirá ella sola más que toda la Ciudad antes de que Ibarra y Fernández contrataran a las dos consultoras. El monto presupuestado de esa jurisdicción es de once millones de pesos. Léase veinte al terminar el año. Pero aun si se ejecutara sólo lo presupuestado, esto implicaría casi cuadruplicar los tres millones del año anterior. La única partida con un crecimiento superior es la de la Auditoría, pero en valores absolutos insignificantes: pasará de 2.800 a 55.000 pesos.

La voluntad popular

Otra de las ideas que esa maquinaria comunicacional puso en circulación es que el juicio político contra el jefe de Gobierno constituye un golpe institucional y un intento de torcer la voluntad popular, del que acusa al hombre de negocios con el Estado Maurizio Macri. Una variante de esa visión fue suministrada por el dramaturgo Roberto Tito Cossa en una columna periodística. Su buena fe e independencia, ajena a cualquier manipulación, están fuera de duda. Pero su idea de que la decisión legislativa de abrir el juicio político convirtió a Ibarra “en el judío de la Alemania de los años 30” y que “el odio indiscriminado de la gente común” puede hacer que vengan “los cromañones de siempre” para perseguir a la gente progresista como el propio Cossa, no se sostiene en ningún dato de la realidad. La comparación de Ibarra con los perseguidos del nazismo no es una “exageración poética” sino un disparate ofensivo del que Tito ya debe haberse arrepentido. Todo igual, con una pequeña diferencia: en Alemania hubo trenes que conducían a víctimas indefensas a campos de concentración; aquí ómnibus para trasladar empleados y contratados del gobierno hasta el palco en el que se vivó a Ibarra y se leyó la nota de Cossa.
Algunos padres de chicos muertos en Cromañón respondieron con una verdad de perogrullo: que también son representantes de la voluntad popular los legisladores que llevan adelante el juicio político, y que ése es un mecanismo previsto en el estatuto institucional de la Ciudad para casos de mal desempeño. Además, Ibarra fue electo como jefe de una fórmula, de modo que si resultara destituido completaría el mandato su vicejefe, Jorge Telerman. La posibilidad de Macri de acceder al gobierno de la Ciudad no es mejor hoy que hace dos años, cuando se impuso en la primera vuelta pero fue batido en la segunda. En las elecciones de octubre de este año, Macri obtuvo menos votos que en las de octubre de 2003, lo cual muestra un techo difícil de levantar para su proyecto. El porcentaje de opiniones negativas que atrae no se ha reducido, porque se basa en una aguda percepción social sobre la relación con el Estado del capitalismo prebendario del que es arquetipo, bastante más gravoso que todo lo que pueda hacer el anodino Ibarra, cuya corruptela es peor por la defraudación de expectativas que por la magnitud. Nadie podría acusar a Macri de traición, porque nada se espera de él. “Vos sos una anécdota. Esto también hubiera pasado con Macri”, le gritó a Ibarra en la Legislatura la madre de una chica muerta en Cromañón, la noche en que el jefe de gobierno admitió que el área de control era “un focazo de corrupción” en el que, sin embargo, no hubo sumarios ni sanciones. Los decorativos cinturores de seguridad en los taxis, que se clavan en los riñones de los pasajeros o se enganchan en las puertas, son una buena muestra del reglamentarismo ciego que hace erupción de tanto en tanto para fingir una actividad de control.
Más allá de Ibarra y de Macri, todo lo sucedido en estos once meses mostró la endeblez de las instituciones porteñas y la inexistencia de su sistema político. A falta de política todo tiende a resolverse por juicio político, que suena parecido pero no es lo mismo, sino un recurso extremo. Juicio político al jefe de gobierno, juicio político al juez que ordenó que las sesiones del juicio político fueran públicas, juicio político al Consejo de la Magistratura (que se desechó hace apenas dos meses). Después de casi una década no había ninguna previsión sobre circunstancias como las actuales: con qué reglamento debe sesionar la comisión juzgadora y quiénes pueden integrarla si el juicio cae a caballo de dos legislaturas. Cuando la imposibilidad de entenderse se extiende a la relación entre el presidente del Superior Tribunal de justicia y los legisladores, que en vez de acuerdos institucionales entablan un diálogo de sordos pero gritones, es difícil no ser decididamente pesimista. El asombroso ex senador Eduardo Duhalde dio su apoyo a Ibarra con una idea grata a la corporación de políticos de la que no quiere retirarse: que un jefe de gobierno no puede ser responsable por lo que haga cada agente de su administración. Este sofisma oculta que la responsabilidad de Ibarra se debe a su desatención a todas las advertencias que recibió acerca de los riesgos inminentes por los incumplimientos en que incurrían aquellos funcionarios de su confianza personal y familiar a quienes había delegado la tarea de control y que esa desatención obedecía a intereses espurios. Es más difícil que eso llegue a acreditarse en una causa penal, pero resulta evidente en el análisis político que está realizando la Legislatura. Cuando terminó de atender a los propietarios de boliches y se dignó a responder a los legisladores, el propio Ibarra dijo que se hacía cargo de su responsabilidad, pero sin meditar qué quería decir esa frase efectista recomendada por su aparato publicitario. Desde miles de kilómetros de distancia, el teólogo brasileño Leonardo Boff, quien no hablaba de Ibarra sino de Lula, fustigó a quienes “sucumbieron a los cantos del gran tentador, el poder como ventaja personal y partidaria, el retroceso de la ética del interés general. La decepción creada es, en términos políticos, ilevantable. Hay que repararla. O los dirigentes recibirán la maldición del pueblo y el desprecio de los militantes”.
Sin articulación social ni construcción política, Ibarra sigue dependiendo sólo del aparato y la propaganda. Ni siquiera ahora sus operadores atinan a buscar una salida política para la crisis. Las propuestas con que llegan a los otros bloques en busca de apoyo basado en afinidades ideológicas y/o personales se reducen a la salvación de Ibarra y su sistema de amigos, parientes y negocios y no contemplan acuerdos políticos que permitan alguna forma de gobernabilidad en la Ciudad. Sin eso, la atomización, el encono y la necedad generalizados pueden conducir aunque nadie lo quiera no al regreso de los cromañones que teme Cossa, sino a una intervención federal que haga retroceder diez años la madurez institucional de la orgullosa Buenos Aires.