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El caso Cromañón dividió aguas en el Poder Judicial. La tragedia de diciembre de 2004 y sus secuelas procesales han puesto en juego viejos odios, facturas recientes y maneras bien diferenciadas de entender el servicio de justicia. Uno de los escenarios donde se desarrolla la pugna entre “duros” y “garantistas” es el de los tribunales de la Nación y de la Ciudad; el otro punto elegido para saldar cuentas es el de los respectivos Consejos de la Magistratura. La guerra, no obstante, dista de ser una mero enfrentamiento de posturas ideológicas o un combate por el triunfo de la verdad. Página/12 elaboró un mapa para entender cómo se articula esa maraña de intereses y colocar a sus principales actores en los casilleros correspondientes.
El proceso que investiga las responsabilidades del devastador incendio del local de Plaza Once recayó en el juzgado de María Angélica Crotto, quien a poco de comenzar la instrucción solicitó licencia por enfermedad. La sustituyó como subrogante Julio Lucini, quien ha dictado los procesamientos del empresario Omar Chabán, de su empleado Luis Villarreal, dos comisarios (Gabriel Sevald y Juan Carlos Belay) y un puñado de funcionarios del Gobierno de la Ciudad: el ex secretario de Justicia y Seguridad Juan Carlos López; su subsecretario Enrique Carelli; la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin y el ex director de Fiscalización y Control Gustavo Torres, entre otros. El fiscal de la causa es Juan Manuel Sansone.

El juez

¿Quién es el juez Julio Lucini? Hijo a su vez de un juez de instrucción, relativamente joven, se afirma que es un hombre de perfil bajo, sin grandes miras en materia académica, que tuvo una polémica actuación en la causa de la textil Brukman y se caracterizó, en casos que involucraban a policías o personas socialmente relevantes, por inclinarse, a repetición, por la falta de mérito. Así lo hizo en el caso del comisario Rubén Santos (imputado por irregularidades en los servicios adicionales contratados para los partidos de fútbol). Falta de mérito dictó, asimismo, a los policías que agredieron a dos fotógrafos de la agencia de noticias alternativa Indymedia. No en vano se considera que el magistrado mantiene fluidas relaciones con las fuerzas de seguridad.
Con todo, la falta de mérito más estruendosa fue la resuelta en favor de Guillermo Bártoli, cuñado de María Marta García Belsunce y sospechado de haber gestionado a sabiendas un certificado de defunción que estableciera la muerte de la mujer como producida por causas naturales. El criterio de Lucini fue contestado por la Cámara del Crimen que, con la firma de Edgardo Donna, Carlos Elbert y Gustavo Bruzzone revocó la falta de mérito, procesó a Bártoli –en la creencia de que la causa estaba relacionada con el homicidio y “no se debe ser ingenuo en ese sentido”– y trabó embargo de sus bienes por 500 mil pesos. Hace poco. Lucini fue visto en la sede del CUBA –Club Universitario de Buenos Aires– almorzando con un personaje polémico: el ex juez Lucio Somoza, también ligado a la policía, defensor de uniformados y amigo y superior de Pablo Belisario Bruno, separado de la justicia por permitir torturas a detenidos.

El fiscal

El fiscal Juan Carlos Sansone tampoco ha tenido una actividad descollante. El menemismo trazó una línea divisoria entre los fiscales de Cámara Norberto Quantín y Ricardo Sáenz. Quantín tiene una foja de servicios intachable y fue considerado durante ese tiempo un hombre poco dócil y refractario a las presiones. Sus fiscales eran conocidos como “los centauros” y mantenían hacia su jefe una fidelidad a toda prueba. Sáenz, en cambio, gozó de la consideración de los sucesivos procuradores y ministros de Justicia de Carlos Menem. Sansone se inscribe en el grupo de fiscales que responden a este último.
Cuando el abogado defensor Pedro D’Attoli solicitó la excarcelación del dueño de Cromañón y antiguo propietario de Cemento, Lucini la denegó. D’Attoli apeló la resolución y la Cámara de Apelaciones, con la firma de Gustavo Bruzzone y María Laura Garrigós de Rébori y la disidencia de Rodolfo Pociello Argerich, accedió a su libertad. La decisión provocó la reacción cataclísmica de un grupo de familiares que cercó y asedió la sede de la Cámara del Crimen, en la calle Viamonte, frente al Teatro Colón. Los dos jueces no habían hecho sino proceder de acuerdo con sus convicciones, contrarios a la aplicación sistemática de la prisión preventiva, una medida que reservan a quienes se considera proclives a eludir la acción de la Justicia o constituyen un peligro para la sociedad. Los dos camaristas fueron respaldados por sus colegas del tribunal y por buena parte del Poder Judicial y de los abogados del foro. El padre de una de las víctimas, el abogado José Antonio Iglesias, estimó que se había producido una reacción “corporativa”.

Los camaristas

- Gustavo Bruzzone. Fue discípulo del jurista Marcelo Sancinetti. En la carrera judicial, trabajó como secretario del juzgado federal de Miguel Pons, fue después fiscal federal y fiscal de juicio del fuero penal económico. Ganó por concurso la plaza que ocupa en la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y, se afirma, aspira a ganar el cargo de fiscal de Casación. Defensor a ultranza del pensamiento garantista, dictaminó que no son delitos los cortes piqueteros porque se trata de la huelga de quienes no tienen trabajo. Ha desarrollado su actividad exclusivamente en el Estado. Es docente universitario y uno de los procesalistas más reconocidos del país. Dirige prestigiosas publicaciones de derecho penal y procesal penal.

- María Laura Garrigós de Rébori. Garantista convencida, ex juez correccional intervino en el caso de los desmanes provocados por los “batatas” del Mercado Central en la Rural; falló en defensa de la libertad de prensa y, al revés, absolvió al “Padre Pedro”, sometido a la cámara oculta de un programa de tevé que lo inculpó de usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina. Fue una de las primeras en dictaminar la inconstitucionalidad de la norma que obligaba a los jueces correccionales a ser, a un tiempo, investigadores y juzgadores. Ese criterio fue avalado luego por la Corte. Es docente de derecho penal en la UBA.

El defensor

Pedro D’Attoli. Fue jefe de la secretaría privada de Isabel Perón. Tras el golpe de 1976 fue detenido junto a notorios nombres del PJ en el barco 33 Orientales. Si bien no continuó su carrera política, mantuvo siempre firmes lazos con el peronismo ortodoxo y con el menemismo. Tuvo gran exposición pública al querellar a la policía por la muerte del actor Adrián Ghío. Patrocinó, entre otros, a Julio Mahárbiz y al polémico empresario de la carne José Samid.

Si precisás un Consejo

La libertad de Chabán produjo un doble efecto: en principio, desencadenó un inmediato pedido de juicio político a Garrigós y Bruzzone, presentado al Consejo de la Magistratura por Jorge Casanovas. Casanovas demonizó el fallo pese a confesar en el mismo escrito que no lo había leído; después, la Cámara de Casación hizo lugar al recurso que solicitó la revocatoria de la libertad acordada al empresario. Los dos hechos se revelaron ricos en datos útiles para comprender la superposición de intereses que se esconde tras el telón trágico de los sucesos del 30 de diciembre de 2004.
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, en realidad, Jorge Casanovas, la menemista Leila Chaya, el radical Juan Jesús Mínguez y Luis Pereira Duarte impulsaron el tratamiento del juicio político a Bruzzone y Garrigós. En una sesión de principios de mes, un grupo de familiares de las víctimas de Cromañón había proferido amenazas contra los consejeros Beinusz Szmukler, Marcela Rodríguez y Pereira Duarte. “Esto no es Cuba, es Argentina”, increparon a Szmukler. El tono continuó subiendo e, incluso, pudo escucharse que desde el pequeño grupo de padres alguien advertía que el próximo 30 de diciembre estarían junto a las tumbas, pero las de los hijos de los consejeros, quienes sufrirían así lo mismo que ellos han sufrido.
El martes siguiente, a pesar de que el tema de Cromañón no se encontraba en el orden del día, Casanovas pidió la palabra y propuso que se votara el informe preliminar. La moción fue rechazada por Mínguez, Rodríguez, Pereira Duarte y Szmukler, quienes explicaron que necesitaban leer el escrito. Sabiendo que ni Rodríguez ni Szmukler podrían estar presentes en la sesión siguiente, Chaya propuso que el informe se votara el jueves 17 de noviembre. De ese modo, Casanovas y Chaya lograron que el 29 de este mes Bruzzone y Garrigós concurran a declarar por el artículo 9 del reglamento de la comisión (una suerte de declaración indagatoria).
Jorge Casanovas lleva el galardón de ser el único miembro de la justicia que durante la dictadura militar y en calidad de fiscal de los tribunales de Lomas de Zamora, pidió la aplicación de la pena de muerte. Partidario de la “mano dura”, ministro de Justicia bonaerense junto a Carlos Ruckauf, respaldo de Juan Carlos Blumberg y actual diputado. Casanovas propició el juicio político del camarista Alfredo Barbarosch, quien, junto a Bruzzone, denunció a los jueces Juan José Mahdjoubián e Ismael Muratorio, involucrados en maniobras de forum shopping en favor de Raúl Moneta. En otra de sus temibles actuaciones, Casanovas promovió también el juicio político del juez de ejecución Sergio Delgado, por investigar los manejos turbios del servicio penitenciario. Fue camarista de Casación.
Leila Chaya es diputada menemista, amiga del ex banquero Moneta y de su abogado Alejandro Mitchell. Apoyó la destitución del juez Leiva y el juicio político a Barbarosch.
Marcela Rodríguez es diputada por ARI, fue asesora del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Es discípula de Carlos Nino, master en Yale y autora de numerosas publicaciones vinculadas al derecho constitucional.
Beinusz Szmukler es representante de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Presidente de la Asociación Americana de Juristas.

Derecha, deré

Aun a sabiendas de que el recurso de queja elevado por el fiscal Joaquín Gaset para revocar la libertad de Chabán no era materia del tribunal de Casación, el fiscal Raúl Plée se hizo eco del reclamo, basándose en “la gravedad institucional” del caso. Su fundamento fue aceptado por dos de los integrantes de la Sala III, Guillermo Tragant y Eduardo Riggi. Angela Ledesma, entre tanto, votó en disidencia. Hace unos meses, Guillermo Tragant debió pedir licencia por haber sufrido un infarto. Lo reemplazó
Ana Capolupo de Durañona y Vedia, quien propuso resolverla. La respuesta habría sido que no puesto que “la cuestión se va a tratar después de las elecciones y cuando Tragant se haya reintegrado”. En Casación existía la sospecha de que Capolupo tenía concepciones similares a las de su colega Angela Ledesma.

- Raúl Plée. A mediados de los ’80 el joven fiscal era uno más de los integrantes de la Lista Azul, un punto de encuentro de los magistrados progresistas. Pero todo cambió y en los ’90 pasó a ser considerado un duro, afín a la extrema derecha, al igual que Juan Martín Romero Victorica y Casanovas.

- Guillermo Tragant-Eduardo Riggi. Representan el ala mayoritaria y conservadora de la Sala III de casación. El trío que conformaban con Casanovas era el más cuestionado de la Casación. Luego la homogeneidad sefisuró: a Casanovas lo sustituyó una garantista, Angela Ledesma. Fueron Riggi y Tragant, con la disidencia de Ledesma, quienes sostuvieron la responsabilidad penal de un puñado de ferroviarios que el 13 de diciembre de 2003 cortaron las vías en reclamo de mejoras. Para Riggi, también ese era un hecho de “gravedad institucional”. Ambos camaristas respaldaron igualmente la decisión de que el recurso presentado por Raúl Scheller, oficial de los grupos de tareas de la ESMA, fuera tratado por la Sala Militar del cuerpo. Los camaristas reducían así los delitos de lesa humanidad cometidos por Scheller a la categoría de “delitos militares”.

La ciudad desnuda

Uno de los capítulos decisivos de la tragedia de Cromañón tendrá lugar en el ámbito de la Sala Juzgadora de la legislatura porteña. En ese reducido universo sobresale, sin dudas, la figura de su presidente y cabeza del máximo tribunal de la ciudad: Julio Maier, abogado cordobés, filo radical, investigador en Munich, donde su tesis doctoral fue calificada como “sobresaliente”. Maier fue juez de instrucción y es profesor titular en la Facultad de Derecho. Se lo considera el máximo experto latinoamericano en derecho procesal penal. Hombre de consulta de la ONU y la OEA, su importantísimo estudio jurídico asumió la defensa, entre otros, de Amira Yoma y Aldo Dadone.
A contrapelo del criterio de Maier, a las audiencias del juicio podrán asistir parientes y amigos de los jóvenes de Cromañón. Así lo dispuso el juez (de la Justicia capitalina) Roberto Gallardo, padre de una chica damnificada el 30 de diciembre, en un trámite que despertó suspicacias: los familiares rociaron de amparos los tribunales porteños. Siete fueron los que se presentaron pero sólo se ratificó el que recayó en el juzgado de Gallardo, un enemigo evidente del jefe de Gobierno de la Ciudad. Los ribetes dramáticos de Cromañón no alcanzaban a ocultar que se trataba de un caso flagrante de forum shopping (elección del juez interviniente). Por esa y otras razones, Gallardo –una persona de finanzas complicadas e inhibido por una deuda con el Banco Francés y la quiebra de un café literario de su propiedad–acaba de ser puesto en el camino de la destitución. El cargo al que debe responder, él también, es el de “mal desempeño”.