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Por Alfredo Zaiat y Raúl Dellatorre

Después de la lista de los supermercados, de rubricar el acuerdo con la Coordinadora de Industrias de Productos de la Alimentación para bajar los precios de esos bienes básicos y del compromiso asumido por la cadena de la carne de aumentar la oferta para descomprimir las tensiones de ese mercado, Economía va tras el objetivo de que Aluar disminuya el 30 por ciento la hojalata de aluminio. Este insumo es fundamental para la industria de alimentos, que se queja por la elevación de los costos del packaging, que termina trasladándose a precios al consumidor. La forma de conseguir esa rebaja es con la amenaza de aplicar retenciones a las exportaciones de aluminio, hoy exceptuadas de ese impuesto. Ante la manifiesta preocupación de los funcionarios por la evolución de los índices de precios, Página/12 buscó precisar, en fuentes de la Casa Rosada y del Palacio de Hacienda, cuál es la estrategia global del Gobierno en esa materia, más allá de la nómina de productos con rebajas en las grandes cadenas de comercialización o de acuerdos sectoriales. “No descartamos ninguna herramienta. Todas y cada una, según el caso, serán aplicadas para desarmar las expectativas inflacionarias que se han instalado en la sociedad”, definió un estrecho colaborador de Miceli.
Como se comprobó con la carne, las mayores retenciones son una de las principales armas que mostrará Economía para disciplinar a sectores exportadores de bienes de la canasta de alimentos. Además, tiene en estudio continuar con la eliminación de reintegros, la reducción de aranceles para importar en algunos rubros, y disponer de líneas de crédito para inversiones productivas (por ejemplo, con los préstamos del Banco Nación anunciados a media semana), entre otras medidas a implementar para frenar el aumento de precios. El objetivo expresado es incrementar el abastecimiento interno sin subas de precios, en un escenario de más competencia, ante la mayor demanda local.
Transcurridas casi dos semanas desde el despido de Roberto Lavagna del despacho principal del Ministerio de Economía, su reemplazante, la kirchnerista más lavagnista del Gobierno, Felisa Miceli, tiene como objetivo que los índices de precios de los próximos dos meses sean más bajos que el registrado en noviembre. En especial, el de la canasta básica alimentaria, que el mes pasado subió 3,3 por ciento, variación considerada por la ministra como un desfasaje enorme.
Después de la rúbrica de la carta de entendimiento con la Copal, en la cual se involucró a esos fabricantes para que bienes básicos “lleguen al precio más bajo posible a los consumidores”, en Economía empezaron a estudiar para ello el mercado de la hojalata. Ese interés tiene su origen en el reclamo de esos empresarios por el precio de ese insumo fundamental en la presentación de sus productos. El principal y casi único productor de hojalata en Argentina es Aluar. Miceli está convencida de que hay que transparentar la cadena de valor en Argentina, para conocer el verdadero costo en cada uno de los eslabones y para brindar competencia en sectores que carecen de ella. La ministra ordenó a sus colaboradores en la materia analizar los beneficios fiscales con que cuenta la empresa de la familia Madanes Quintanilla. Luego de ese estudio piensa reunirse con las autoridades de la compañía para solicitarle una rebaja del precio interno. Uno de sus funcionarios de confianza aconsejó que el pedido debería ser una disminución del 30 por ciento en la hojalata.
La idea que domina en el pensamiento de los habitantes de la Rosada y de Economía es que hay que desligar los precios internos de los que obtienen los exportadores por las ventas al exterior. En Aluar, por ejemplo, sostienen que es una compañía que ha tenido varios beneficios que se reflejan en el precio interno de sus productos: el fuerte ajuste cambiario, el incremento de los valores de exportación y una serie de medidas fiscales. Respecto a este último punto, Aluar no carga con retenciones por la exportación de aluminio y sí goza de reintegros por sus despachos al exterior, además de otros beneficios impositivos por vía dedesgravaciones. “Todas esas utilidades adicionales, en las que colabora el Estado, para fomentar las exportaciones, se reflejan en el mercado interno”, explicó la fuente.
La política frente a ese sector tendrá la impronta de negociación de Néstor Kirchner: si Aluar no baja el precio de la hojalata en el mercado interno se le aplicará retenciones, no fijas, sino móviles de acuerdo a la evolución del precio internacional. Es el mismo esquema aplicado con las petroleras en agosto del año pasado, que terminó por disciplinarlas y congeló desde entonces el valor de las naftas en los surtidores en un escenario mundial con un barril de petróleo por las nubes. “Si pese a los importantes beneficios fiscales que reciben, en Aluar no comprenden que estamos viviendo una emergencia, también les quitaremos los reintegros a las exportaciones”, comentó con firmeza el funcionario de la Rosada.
Aluar será el caso inmediato, pero la meta es “resolver las situaciones de los mercados que no tienen competencia, generando trabas en el abastecimiento interno con precios que alteran toda la cadena de valor del sector”, explicó, por su parte, uno de los colaboradores de Miceli. Aclaró que la idea es trabajar en conjunto con las empresas para consensuar –“sin imponer”– el precio para el mercado local.
A nivel microeconómico ha quedado expuesto que la estrategia oficial apunta a operar a nivel de cada uno de los sectores sensibles del rubro de la alimentación. Tarea de por sí desgastante, como quedó en evidencia con la lista de precios devaluados de los supermercados y en el trabajoso pacto con la carne. En relación con la negociación con los frigoríficos, cerca de Miceli aseguran que nunca en las tratativas estuvo previsto que Economía ceda a las pretensiones de la industria de dar marcha atrás en el aumento de las retenciones a cambio de la rebaja en siete cortes de consumo popular. Por el contrario, se amenazó elevarlas aún más para desalentar del todo las exportaciones y así garantizar un aumento de la oferta en la plaza local para contener y apuntar a una baja de precios por mecanismos de mercado. Así se llegó el viernes a la noche a una Carta de Entendimiento del sector privado comprometiéndose ante el Gobierno a “sumar esfuerzos para aumentar la oferta de hacienda en las próximas semanas” y descomprimir así la plaza.
Página/12 consultó a un estrecho colaborador de la ministra de si, además de las medidas a nivel sectorial para contener precios, habrá alteraciones en lineamentos generales de la política macroeconómica en relación con el frente fiscal y monetario. La respuesta fue sencilla:

- No habrá cambios en la política económica sobre lo que se estaba haciendo.

- Las tasas de interés seguirán en los actuales niveles. Es decir, que no se impulsará su alza para frenar precios, como recomienda la ortodoxia.

- No se frenará el presente ritmo de crecimiento. O sea, no habrá medidas para enfriar la economía.

- Se está definiendo el programa monetario con el Banco Central, planteando el objetivo para el 2006 de comprar para las reservas todo el excedente de la balanza comercial, previsto para ese año en 9000 millones de dólares. Esto significa que, por un lado, se defenderá la actual paridad cambiaria y, por otro, que se seguirá emitiendo para comprar dólares.

- En el campo fiscal, se seguirá con el Fondo Anticíclico (Miceli prefiere denominarlo ante sus colaboradores como Fondo de Excedentes) hasta abril, para luego revisar si es necesario su permanencia.

- Por el lado del gasto público, la política es no alimentar las expectativas inflacionarias con un aumento. Por lo tanto, por lo menos hasta abril, no habrá aumentos en jubilaciones, salarios de empleados públicos y en el monto de asignación de los Planes Jefes y Jefas de Hogar.

En Economía saben que han quedado atrapados en un problema –los índices de precios al consumidor– que puede implicarle un fuerte desgaste y que, por ejemplo, en el proceso de armado de la lista de supermercados hanpagado un costo elevado. Pero Miceli le comenta a cada uno de sus interlocutores, funcionarios y representantes del sector privado, que “nuestro objetivo es mejorar la distribución del ingreso para que el crecimiento que tenemos no se quede en los pocos de siempre. Y la inflación deteriora el poder adquisitivo de los que menos tienen generando una trasferencia regresiva del ingreso: lo que ellos pierden, alguien se lo queda”.