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Por Miguel Bonasso *

En el discurso protogolpista y amenazante que pronunció Luis Abelardo Patti en la Cámara de Diputados, volvió a insistir en que no tenía causas judiciales abiertas, porque había sido “sobreseído por los jueces de la democracia”. Como lo dije en el recinto, es una doble mentira que vamos a demostrar –con mayor detalle y precisión– en esta columna.
El 15 de diciembre de 2003 la Cámara Federal confirmó el procesamiento, sin prisión preventiva, del entonces intendente de Escobar, por encubrimiento del teniente coronel retirado Jorge Granada que en ese momento se hallaba requerido por la Justicia, junto con otro represor, el también teniente coronel retirado Luis Arias Duval. Ambos permanecieron prófugos durante más de un año.
La resolución de la Sala II que integran los camaristas Martín Irurzun, Horacio Catani y Eduardo Luraschi confirmó de este modo el auto de procesamiento que dictó el juez federal Claudio Bonadío. La causa está referida al secuestro y asesinato de veinte montoneros, en 1980.
En su deposición, registrada por los impecables taquígrafos del Congreso, Patti dijo textualmente: “Sobre la denuncia por el encubrimiento de Granada no estoy procesado ni fichado: estoy denunciado porque el señor Granada vivía en Escobar y presidía una sociedad de fomento. Nos visitaba siempre en la Municipalidad de Escobar, porque en dos años nadie lo fue a buscar a la casa. En esa causa nos citaron a declarar, pero nunca a fichar, y siempre estamos a disposición de la Justicia”.
Menos mal que está a disposición de la Justicia, porque la causa 17254/03 está abierta y activa, por cierto. Y Patti continúa procesado por encubrimiento. Actualmente la instruye el Juzgado Federal número 4, a cargo del juez Ariel Lijo. Según pudo establecer este diputado, el magistrado ordenó una medida el 24 de noviembre último y estaría cercano el momento procesal en que el juez deba correr vista al fiscal, quien a su vez dictaminará si formula o no el correspondiente requerimiento de elevación a juicio oral. Si lo hace, el procesado Patti deberá comparecer y ser juzgado en juicio oral y público.
Para su pesar, también está abierta la causa Cambiasso-Pereira Rossi, la más emblemática en relación con su costumbre inveterada de asesinar por la espalda en supuestos “enfrentamientos”. Como algunos lectores recordarán, Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi, que militaban en el sector de Intransigencia Peronista, liderado por Vicente Saadi, fueron secuestrados en el bar Mágnum de Rosario, en la mañana del 14 de mayo de 1983, en presencia de varios testigos. Tres días más tarde, el entonces jefe de la Policía Bonaerense y calificado general genocida Fernando Verplaetsen informó públicamente que los “dos subversivos” habían sido “abatidos” a la altura del kilómetro 103, cerca de la localidad de Lima, jurisdicción de Zárate, en un “enfrentamiento” con una patrulla de la Bonaerense, comandada por Patti e integrada por los suboficiales Rodolfo Diéguez y Juan Amadeo Spataro.
No pudo explicar, obviamente, cómo habían hecho dos personas secuestradas en Rosario para “enfrentarse” en Zárate. Tampoco lo entendió el juez de Rosario, Jorge Eldo Juárez, que recibió numerosas amenazas de muerte por acreditar, con testigos, el secuestro, casi en pleno centro de Rosario.
Patti confesó ser el autor de las muertes, pero insistió en la inverosímil teoría del enfrentamiento. Las autopsias revelaron que mentía: los disparos habían sido hechos a mucha menor distancia de la que él afirmaba y en sus cuerpos había huellas indelebles de la picana eléctrica.
El juez Juan Carlos Marchetti, que no era precisamente “de la democracia”, dictó pese a todas estas pericias, el sobreseimiento provisorio, que fue confirmado por otro tribunal de la dictadura: la Cámara Segunda Departamental de San Nicolás, integrada por los jueces Andrín, Aramburu y Castelli. Quienes –pese a la resolución– hicieron notar que los testimonios eran contradictorios y la credibilidad de Patti, escasa.
Jurídicamente hablando, el sobreseimiento dictado fue provisorio y se convirtió en definitivo por el simple paso del tiempo.
Por eso, como su causa fue sobreseída de manera provisoria antes de pasar a la etapa de juicio, Patti no es amparado por la garantía judicial que protege a las personas contra un doble juzgamiento. Patti nunca corrió el riesgo de ser condenado, porque nunca hubo acusación fiscal contra él.
Por estas y otras razones de mucho peso, como la imprescriptibilidad constitucional de los crímenes de lesa humanidad, el fiscal de San Nicolás, Juan Murray, requirió la nulidad de este sobreseimiento provisorio, que se volvió definitivo, la correspondiente instrucción así como la indagatoria y detención del ex comisario Patti y otros cómplices, encubridores y autores intelectuales. Hizo de este modo justicia al reclamo de las hermanas de Cambiasso, Gladys y Ethel, que han visto en la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, la senda que podría llevar a juicio a los autores de este doble crimen de lesa humanidad perpetrado por la dictadura genocida.
En esta incidencia de nulidad, el juez de San Nicolás, Villafuerte Ruzo ha dictado una providencia, el 25 de noviembre de 2005, en la que ordena diversas medidas instructorias, sin perjuicio de evaluar –una vez arribados los documentos al tribunal– las restantes medidas peticionadas por el Ministerio Público Fiscal, entre las que se encuentran (entre otras) la declaración de la actual ministra de Defensa, Nilda Garré, que integró en su momento, con gran valor personal, la Comisión Investigadora del caso. Es interesante destacar que la Comisión Provincial de la Memoria, depositaria de los archivos de la Dipba (Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires) remitió a la Fiscalía Federal de San Nicolás un informe detallado de los antecedentes del caso, documento público del que surge claramente que la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizó una actividad de inteligencia, tendiente a instalar la versión del “enfrentamiento”. La causa, como se ve, está lo suficientemente activa como para preocupar a Patti.
También está vigente la causa por el secuestro y asesinato de Gastón Gonçalves, en 1976, que iniciaron –en agosto del año pasado– sus hijos Manuel y Gastón. En este caso el juez Villafuerte Ruzo no hizo lugar al pedido del fiscal y las querellas (los hijos de Gonçalves y otra víctima de apellido Secret, así como las secretarías de Derechos Humanos de la Provincia y la Nación) por considerar que la prueba no era suficiente. Pero, sugestivamente, se declaró incompetente y remitió la causa al Juzgado Federal de Campana, a cargo del doctor Faggionato Márquez, que es quien deberá decidir si hace lugar a la petición de la Fiscalía, donde se realiza un amplio detalle de la prueba en que se funda el pedido de detención e indagatoria.
Se podría abundar en detalles que sobrepasarían holgadamente este espacio, pero basta y sobra para demostrar que Luis Abelardo Patti les está mintiendo a los medios y, lo que es más grave, a la Cámara de Diputados de la Nación.

* Diputado nacional.