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Latas de gaseosa, de cerveza, el envoltorio metálico de la manteca, los envases de tetrabrik y las latas de conserva están asociadas a Aluar. Su nombre también es un peso pesado en la industria de la construcción. Y en la automotriz, con su intervención en la fabricación de carrocerías y motores. Instrumental médico de alta tecnología necesita de su producción, lo mismo que los generadores de energía eléctrica y los fabricantes de aviones. Cuando la empresa aumenta el precio del aluminio, todos esos sectores lo sufren y, detrás ellos, los consumidores, que empiezan a refunfuñar contra el Gobierno por la inflación. Aluar tiene el monopolio exclusivo de este insumo básico. Es el único productor de aluminio primario en la Argentina. Semejante poder fue edificado desde los cimientos por el Estado, que ahora necesita disciplinar con urgencia.
Aluar forma parte de una elite de formadores de precios, junto a Techint (acero), Repsol YPF (hidrocarburos), Loma Negra (cemento), Dow Chemical (petroquímica), Profertil y Monsanto (fertilizantes y agroquímicos), entre los más grandes. Como todas ellas, la empresa de la familia Madanes tiene una relación carnal con el Estado. Y de ese grupo, está bien instalada en el podio. De hecho, la estrategia de Felisa Miceli para forzar a Aluar a controlarse con el precio del aluminio es retacear apoyo del sector público para sus inversiones y privarla de algunos de sus muy instalados privilegios.
La ministra de Economía no tiene una tarea fácil. Aluar ya puso en marcha su maquinaria para una inversión de 2500 millones de pesos en tres años. Es el proyecto más grande desde la devaluación. Busca ampliar la capacidad de producción de su planta en Puerto Madryn de 272.000 a 400.000 toneladas de aluminio anuales. Participarán del emprendimiento como proveedores las petroleras Pan American Energy y Repsol YPF, compañías con fuertes influencias. Pero la clave para que la iniciativa se materialice son los subsidios del Gobierno. La promoción estatal financiará el 25 por ciento de la inversión. Roberto Lavagna firmó en febrero la resolución 60 que aprueba beneficios fiscales para la compañía por 690 millones de pesos. Una parte será en la devolución anticipada de IVA (279,1 millones) y otra parte (410,6 millones), en la amortización acelerada del impuesto a las Ganancias.
“Realmente queremos agradecer desde el gobierno nacional la decisión de inversión de Aluar, que es reiterar el compromiso que la empresa tiene con el país y no desde hoy sino hace muchísimo tiempo”, destacó Néstor Kirchner en mayo pasado durante el acto en Casa Rosada en que se anunciaron las obras. Ese solo proyecto se llevará el 62 por ciento del monto asignado por el Gobierno para subsidios a la inversión.
Toda la historia de la empresa está marcada por la ayuda estatal. Nació como un proyecto estratégico de desarrollo de industria liviana, impulsado fundamentalmente por la Fuerza Aérea. El objetivo era plausible, teniendo en cuenta que la Argentina no producía aluminio y el insumo se hacía cada vez más necesario. Desde 1947 en adelante hubo varios intentos por constituir una empresa nacional de aluminio, que fueron fracasando por distintos motivos. El que logró en parte torcer esa historia fue José Ber Gelbard, quien trajinó y movió todas las influencias a su alcance para que el gobierno de Onganía aprobara en diciembre de 1969 el pliego de condiciones para “la instalación, puesta en marcha y explotación de una planta productora de aluminio en Puerto Madryn, Chubut”.
En agosto de 1971, Agustín Lanusse completó el proceso adjudicando la empresa a Aluar (Aluminio Argentino S.A.), compañía que resultó ganadora de la licitación. Gelbard era por entonces socio minoritario de FATE, la firma madre del grupo de la familia Madanes, que aún conserva y es la principal productora de neumáticos del país.
Aluar consiguió en el contrato original fuertes ventajas fiscales: exención total de Ganancias durante los primeros cuatro años y pagos reducidos hasta el décimo; eximición por un decenio del impuesto deSellos; exenciones en IVA y Capitales; franquicias para la importación de equipos, y arancel cero para importar materias primas e insumos. A Agua y Energía Eléctrica (empresa estatal) se le impuso construir la central de Futaleufú y el sistema de transmisión transpatagónico hasta Madryn. La elección de esa localidad obedeció a la necesidad de construir un puerto de aguas profundas y a la cercanía de una fuente económica y confiable de energía eléctrica. El mayor costo de la expedición lo afrontó el Estado.
Sin embargo, la empresa manejó sus precios como cualquier compañía privada que busca maximizar beneficios. Ese comportamiento se hizo todavía más evidente a partir de la década pasada. En ese entonces, Aluar también se convirtió en un caso testigo para otras políticas que se instalaron con el menemismo. En 1993, debido al retraso cambiario y a una caída del precio internacional del aluminio, la empresa avanzó con un régimen de precarización laboral de fuerte impacto. Decidió de manera unilateral una rebaja generalizada de salarios, del 25 por ciento, y amenazó con despidos generalizados si los trabajadores no aceptaban. Después de un largo conflicto, logró imponerse.
“El mismo recorte hubiese sido impensable en el pasado reciente sin la mística de los bombos y los recurrentes llamados a protestas generalizadas en señal de solidaridad”, destacaba una nota de La Nación de diciembre de aquel año. “¿Es Aluar un caso testigo?”, se preguntaba el mismo artículo. Con el tiempo se comprobó que la respuesta era afirmativa. A pesar de todo, Aluar achicó un año después su plantel. En medio del proceso, empezó a participar de las privatizaciones menemistas. Compró la hidroeléctrica Futaleufú y se asoció con Cammuzzi (en febrero de 1994, cuando tenía balances en rojo) para quedarse con la línea de transmisión eléctrica hacia el sur.
Aunque el proyecto de Aluar fue pensado para cubrir las necesidades productivas para el mercado interno, la empresa creció mirando hacia afuera. Actualmente exporta el 80 por ciento de su producción y maneja el precio interno en función del mercado internacional. Javier Madanes, su presidente, controla la empresa desde Barcelona, su residencia habitual.