El suboficial segundo Vicente Claudio Rossi se negó ayer a declarar ante el conjuez federal Luis López Salaberry, que investiga el caso de espionaje ilegal en la Base Almirante Zar. El suboficial sostuvo que si hablase “violaría secretos militares”. Fue el mismo argumento que planteó en una querella contra el cabo que los denunció, Carlos Ariel Alegre. El conjuez lo desestimó, pero Rossi no se resignó: ayer pidió que se lo admita como querellante para apelar la resolución. Cuando Alegre se negó a hacer espionaje ilegal, sus superiores le respondieron: “Sos muy joven, esto se hizo siempre”. El pasado de Rossi es una prueba de ese hecho: en 1998 fue procesado por fotografiar una manifestación frente a la ESMA. Es decir, por el mismo tipo de delito por el que está imputado actualmente.

En 1998 el presidente Carlos Menem había echado a correr la idea de demoler la Escuela Mecánica de la Armada y construir en su lugar un “Monumento a la Reconciliación Nacional”. El 10 de enero, las juventudes del Frepaso y del radicalismo marcharon a la ESMA con una bandera roja y blanca de 30 metros de largo que decía “Justicia” para apoyar el reclamo de los organismos de derechos humanos de convertir la ESMA en un Museo de la Memoria. En la edición de Página/12 del día siguiente, se leía: “Sobre la puerta de entrada del edificio de la escuela, detrás de una ventana del primer piso, un hombre con uniforme y gorra de la Armada siguió todo el acto con una cámara de fotos. La mayoría de los participantes lo vieron e insultaron y algunos hasta lo saludaron con una sonrisa y el dedo medio en alto”. Ese hombre no era otro que Vicente Rossi, entonces cabo.

Tras el acto, Rossi fue reconocido y se le inició una causa judicial por hacer inteligencia interna, una actividad que la Ley de Defensa prohíbe expresamente a las Fuerzas Armadas. Casualmente, el mismo delito que se le imputa ahora. En el transcurso del proceso la Armada sostuvo que el rollo de fotos fue “velado y destruido”, lo que fue considerado destrucción de pruebas. El capitán de navío Alfredo Ricardo Aliotta argumentó que “no eran de interés ni para el cabo ni para la escuela”.

Durante el proceso, Rossi afirmó que se puso a sacar fotos por voluntad propia “para vendérselas a algún medio de comunicación”. “Las tomé como quien puede tomar una foto de un anciano en una plaza o de una madre con un bebé, nunca con la intención de fotografiar caras o personas en especial”, arguyó. “No pertenezco a ningún grupo de Inteligencia de la Armada”, insistió durante todo el juicio el marino, que luego formó parte del sector de inteligencia en la Base Almirante Zar. Finalmente, el juez Jorge Urso lo sobreseyó, pese a que el fiscal Miguel Angel Osorio planteó que Rossi “efectuó una actividad típica de inteligencia”. Sólo recibió un apercibimiento leve por parte de sus superiores.

Consecuente en su carrera, Rossi se encuentra actualmente imputado junto con otros 13 marinos por el espionaje ilegal que se descubrió en la Base Almirante Zar. Entre los archivos de inteligencia se encontraron seguimientos a la ministra de Defensa, Nilda Garré, a políticos y organizaciones sociales provinciales y particularmente a los actos en Trelew que recuerdan el fusilamiento de 16 presos políticos el 22 de agosto de 1972 en la misma Base Almirante Zar.

Como Rossi, otros dos marinos imputados, Vicente Guantay y Alfredo Andrade, también se negaron a declarar esta semana. Su abogado, Guillermo Hervida, planteó que es inconstitucional el decreto presidencial que los releva del secreto. También pidió ser querellante contra el cabo Alegre por “violación de secreto militar”. Ante esto, el fiscal Fernando Gelves solicitó que no se lo admita como parte. El fiscal tendrá que volver a citar a Alegre, que declaró la semana pasada, esta vez para que testifique sobre las amenazas que recibió unos días antes de presentarse ante el juez López Salaberry. Desde el silencio, Rossi insiste con su planteo contra el cabo que los denunció, seguro de que el espionaje político “se hizo siempre” y se seguirá haciendo.

Informe: Werner Pertot.