El paisaje es amable con quienes recorren la llanura de Córdoba al sur, ahí donde el paraíso sojero ha logrado que en medio de la nada se abra un helipuerto público y las máquinas que se atisban desde el camino exhiban bajo el sol sus carcazas último modelo. Hasta las estaciones de servicio de la Ruta 6, que une Bell Ville con Inriville, parecen transplantadas desde pleno Palermo, con sus terrazas de madera ofreciéndose a la pampa. Ahí, a escasos tres kilómetros del lugar donde aterrizan los helicópteros de los hacendados, todavía se puede ver el cadáver del cabaret Puente de Fuego, el lugar de donde una mujer escapó y otras fueron arrancadas y detenidas compartiendo el crimen de su victimario.

El lugar es tal cual lo describen las mujeres en sus testimonios. Por las ventanas de rejas se pueden ver los boxes pintados de rojo, con camastros hechos de material y lavatorios y bidets en el mismo espacio. Detrás, ahora tapiada, está la habitación que, según Betiana, llamaban “de la virgen”, donde atendían las menores que rotaban por el lugar, distintas cada dos o tres meses. En los roperos de madera todavía están también los nombres de las últimas chicas que estuvieron allí, escritos en aerosol, como si necesitaran anotarlos para no olvidarse quiénes eran antes de convertirse en un cuerpo de alquiler.

“Nunca nos daban plata, cada vez que necesitábamos algo nos lo aumentaban de precio. No podíamos ir al supermercado, González y la novia nos traían la comida y las cosas de higiene y nos las cobraban muy caro. Por eso nunca iba a salir, nunca iba a volver a ver a mi mamá y a mis sobrinos”, dijo Betiana ayer en su declaración frente al Tribunal.

Por si quedaban dudas de las dificultades de las mujeres que por ahí pasaron para decidir sobre sí mismas, el campo abierto se ofrece como una respuesta: no hay dónde ir sin un vehículo. No existen los teléfonos públicos, ni el transporte público. Hacer dedo puede tener el riesgo adicional de ser levantada por un cliente, como relató en la instrucción una de las menores.

Entre lo que queda de Puente de Fuego, también están los restos de la cueva donde Sandra Amaya adelgazó hasta desnutrirse. Un inmenso basural al costado del río Carcarañá, protegido por ramas y rodeado de las chapas que hacían de techo. Ya nadie va por ahí a buscar mujeres ni tragos, para eso hay otras “whiskerías” que de noche se divisan por las luces rojas y de día se cierran como si reaccionaran a la luz. En esos lugares es donde el fiscal general de Córdoba, Gustavo Garzón Vidal, ordenó inspeccionar más allá de las denuncias a quienes están bajos sus órdenes. El de Inriville o el caso de Las Varillas –donde también se encontraron menores– o el de las paraguayas traficadas no son casos aislados, están develando una trama que todavía espera una legislación más ajustada –desde hace dos años hay proyectos en el Congreso Nacional– para el delito de trata, que no se agote en los límites de las provincias y que permita no sólo trazar el mapa que siguen los tratantes sino también cortarles las rutas.