El 31 de marzo de 2006, el canciller uruguayo Reinaldo Gargano y el presidente Tabaré Vázquez firmaron una resolución con la que designaron al nuevo cónsul en Gualeguaychú, un destino sensible debido al conflicto por la instalación de las plantas de celulosa en Fray Bentos. La persona elegida para el cargo garantiza un nuevo foco de conflicto: se trata de Arisbel Arnoldo Arocha, quien fue cónsul en Buenos Aires en los años más duros de la represión, mientras Argentina y Uruguay eran integrantes plenos del Plan Cóndor. Un sobreviviente uruguayo que estuvo detenido en el centro clandestino Automotores Orletti denunció a Arocha ante el juez federal Daniel Rafecas.

Cuando Tabaré Vázquez asumió la presidencia de Uruguay, Arocha, que era funcionario de la Cancillería, fue relegado al archivo debido a sus antecedentes durante la dictadura. Sin embargo, el gobierno uruguayo lo designó como cónsul en Gualeguaychú. En los considerandos de la resolución figura el hecho de que “la Comisión de Destinos, luego de haber analizado su preparación funcional y aptitudes, recomendó oportunamente al señor consejero Arisbel Arnoldo Arocha Moreno”. Seguramente, la medida no suavizará las relaciones entre Argentina y Uruguay y tampoco contentará a los ambientalistas que mantuvieron cerrado el puente internacional durante más de un mes en protesta por la construcción de las fábricas de pasta celulosa.

“Es una verdadera alarma, en primer lugar, para nosotros los uruguayos. Declaramos nuestro repudio a esta persona y reclamamos la remoción inmediata de su destino como representante de nuestro país”, señaló en un comunicado el colectivo de ex presas políticas uruguayas. El hecho ya causó revuelo entre los militantes del Frente Amplio en Argentina, que se están empezando a movilizar contra la designación.

“La información que tenemos es que cumplió un papel como representante de la dictadura en el exterior, esos representantes actuaban llevando y trayendo información en la que se jugaba la suerte de los compatriotas. Los uruguayos en el exilio jamás se podían acercar a las embajadas y a los consulados, porque allí estaban los representantes de la dictadura. Arocha también fue director de la sección pasaportes, lugar codiciado porque se tiene relación con las agencias internacionales. ¿Cómo puede ser que una persona con esos antecedentes esté representando a un país con un gobierno progresista? No queremos que nos represente una persona cuestionada por violaciones a los derechos humanos”, señaló a Página/12 Anahit Aharonian, ex presa política uruguaya.

En diciembre del año pasado, el diario uruguayo La República publicó el testimonio de Sergio López Burgos, quien fue detenido en Buenos Aires junto al sindicalista León Duarte, torturado en el centro de detención Automotores Orletti y llevado clandestinamente a Montevideo. López Burgos relató ante Rafecas el traslado a Montevideo de veinte uruguayos secuestrados en Buenos Aires y presentó documentación desclasificada del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país.

Entre esos papeles estaba la circular 8/976 rotulada como “secreto” de la Dirección para Asuntos de Política Exterior, en la que el ex canciller Juan Carlos Blanco daba instrucciones a los jefes de misión diplomática sobre un plan para combatir la “campaña internacional contra la imagen exterior de Uruguay”: “En el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección para Asuntos de Política Exterior coordina las acciones en el exterior y es enlace con las demás agencias nacionales participantes de esta misión”, se indicaba en esos documentos, que comprometen también al ex embajador Gustavo Magariños y a Arocha. De acuerdo con otros papeles secretos, el ex cónsul entre 1976 y 1977 manejaba listas de supuestos “subversivos” requeridos por la dictadura uruguaya.

Rafecas está actualmente investigando los crímenes cometidos en Automotores Orletti, centro del Plan Cóndor en Argentina. Y Arocha podría tener que rendir cuentas ante el magistrado.