Domingo, 18 de junio de 2006 | Hoy
“El eje central de la estrategia oficial hacia las privatizadas ha sido imponer un mayor control estatal sobre el conjunto de las empresas. Lo ha hecho a través de intervenciones directas, como en los casos del Correo y Aguas Argentinas, o determinando cuáles deben ser las inversiones. Es un cambio muy fuerte respecto de la tendencia aperturista de la década pasada. No se puede revertir todo de un día para el otro, hay tiempos lógicos que deben madurar. Pero lo importante es que después de tres años se puede decir que claramente hay una orientación definida. Profundizarla no es fácil, pero se sostiene un camino. Igual considero que si el Estado entrega subsidios y aporta el capital para inversiones estratégicas, tal como ocurre con el servicio ferroviario, debería ser el que gestione las empresas. Cuando anuló el contrato del ramal San Martín, lo pasó a otros concesionarios privados que también registran incumplimientos contractuales. El Estado tiene que ser capaz de operar una compañía porque de lo contrario tampoco puede manejar la administración pública. O tenemos un Estado bobo o es eficiente y capaz. En Estados Unidos el correo y los trenes están en manos estatales. Me parece valioso el intento de crear una empresa petrolera para que el Estado tenga un papel en ese segmento fundamental de la economía. De todos modos, Enarsa todavía es demasiado chica.”
“Desde el punto de vista del interés de los usuarios lo concreto es que, salvo algunos ajustes puntuales, no hubo aumentos de tarifas. La administración anterior hizo diversos intentos de reacomodamientos tarifarios, impulsados por Roberto Lavagna, que fueron parados en tres oportunidades por la Justicia ante acciones de asociaciones de consumidores. Sin perjuicio de ello no se puede dejar de señalar que existen una serie de acuerdos con distintas privatizadas que generan preocupación. En telefonía, los convenios contemplan subas de tarifas por la vía de la reducción del horario de llamadas libres, pero sobre todo el problema es que se perpetúa el esquema de monopolio, con preponderancia para Telefónica y Telecom y trabas para el ingreso de competencia. También es cuestionable la dolarización de las tarifas para Aeropuertos 2000. En este caso, como en otras concesiones viales, se ve al Gobierno muy permeable al grupo Eurnekian. Hay otros temas a considerar. Coincidimos con la estatización de Aguas Argentinas, pero no con la designación de Carlos Ben como presidente de AySA porque antes era ejecutivo de Suez. Más allá de las personas, tanto en el Correo como en AySA hay que revisar los marcos jurídicos. De lo contrario, podemos correr el riesgo de que se repitan situaciones graves como cuando las compañías tenían operadores privados. Por último, es muy grave no tener entes de control de las empresas idóneos y eficientes.”
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