En la mayoría de las escuelas del país, los docentes se reunirán mañana no para dictar clases, sino para debatir qué debería garantizar una nueva ley de educación. La jornada forma parte de las consultas que el oficialismo impulsó con la intención de elaborar un proyecto de ley que llegue al Congreso con el mayor consenso. El objetivo es sancionar antes de fin de año una norma que trate de articular el fragmentado sistema educativo nacional. Mañana en la Ciudad de Buenos Aires no habrá clases y en el distrito bonaerense los alumnos tampoco concurrirán el jueves porque se adicionará un día ya previsto de capacitación docente.

En los 44 mil establecimientos públicos y privados del país se distribuyó un millón de cuadernillos con el documento base elaborado por la cartera nacional y otro millón se imprimió con los diarios de tirada nacional el último domingo. En esos dos millones de ejemplares se adjuntó una encuesta con dieciocho preguntas cerradas y una abierta para que la gente participe. En rigor, el cuestionario no hace más que enumerar temas que el sentido común indica como básicos para incorporar a una ley o que, de hecho, ya están vigentes en la cuestionada Ley Federal de Educación, promulgada durante el menemismo en 1993.

“¿Usted está de acuerdo con que la escuela media/polimodal sea obligatoria?”, “¿Usted está de acuerdo con que el Estado Nacional tenga un papel más activo cuando en una provincia esté en riesgo el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes?”, “¿Usted cree que el Estado tiene la obligación de garantizar igualdad de oportunidades a través de acciones que favorezcan a los sectores sociales más desprotegidos?”, son algunos de los interrogantes.

El ministro de Educación, Daniel Filmus, dijo que si se reciben 10 mil respuestas será el propio ministerio el encargado de realizar el procesamiento de la información. En caso de que se supere esa cifra aseguró a este diario que “hay empresas que se dedican a eso o está la Universidad Tecnológica Nacional, que realizó el procesamiento de las pruebas de Evaluación de la Calidad Educativa”.

–Pero se tardó más de dos años en tener los resultados de las pruebas –le señaló Página/12.

–Todo dependerá de la cantidad de respuestas –concluyó el ministro, y también aclaró que hasta ahora no se contrató a nadie.

Más allá de las acciones oficiales, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) realizó varios congresos educativos y elaboró su propio documento. “Pongamos la escuela en Asamblea” es el título que postula “el derecho social a la educación, la responsabilidad indelegable del Estado, la revalorización del trabajo docente y la unidad del sistema educativo” como ejes para una “escuela pública, popular y democrática”.

“Nuestra fuerza ha posibilitado un avance en relación con el financiamiento educativo. La ley de financiamiento incorporará en cinco años más de 10 mil millones a los presupuestos educativos, generando un piso de recursos que dará sustento a una transformación que tiene que tener como eje el derecho a una educación para todos/as a lo largo de toda la vida y al Estado como principal responsable de garantizar el ejercicio de ese derecho”, señala el secretario general del gremio, Hugo Yasky, en la página introductoria del documento. Esa ley prevé un incremento progresivo de la inversión en educación hasta alcanzar el 6 por ciento del Producto Bruto Interno en el 2010 mediante el aumento del presupuesto nacional y los provinciales. Su sanción fue casi unánime, pero después de seis meses la cartera educativa todavía no firmó los convenios con las provincias para fijar la inversión nacional y la contrapartida que debe garantizar cada jurisdicción.

En la jornada de debate que se realizará mañana, cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires decidieron la modalidad de participación. En las escuelas porteñas, el ministro Alberto Sileoni dispuso que como conclusión del intercambio docente, cada establecimiento deberá presentar un texto por mayoría y uno por minoría a los respectivos supervisores para que luego se eleven al Consejo Federal de Educación, que reúne a los ministros de todo el país. El sábado próximo en todas las escuelas porteñas se ampliará la convocatoria a los padres, alumnos y organizaciones sociales. Un esquema similar se repetirá en el país. En octubre se prevé que llegará al Congreso el proyecto que contemple los múltiples aportes.