Air Comet-Marsans, la operadora turística dueña de Interinvest, desplazó a Antonio Mata de la presidencia de esta sociedad y del Consejo Directivo de Air Comet, el grupo que controla Aerolíneas Argentinas, desautorizándolo para formular declaraciones en nombre de estas compañías y anunciando que en su reemplazo actuará Gerardo Díaz Ferrán. Este es uno de los dos socios que están en tratativas para comprarle al objetado ejecutivo su tercio del capital accionario. ¿Por cuánto? Ese es el punto. El valor de Aerolíneas, en una situación económica crítica y sin balances aprobados desde el 2002, no es un dato cierto. En una actitud desafiante, Mata había embestido públicamente contra el acuerdo efectuado en Madrid con Felisa Miceli y Julio De Vido, despertando la furia del gobierno argentino.

El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, tuvo que salir a desmentir ayer que el Gobierno necesite pagar –como había afirmado Mata– 33 millones de pesos para subir al 5 por ciento la participación estatal en Aerolíneas Argentinas, aunque no desechó la chance de un aporte para lograr ese cometido: “No estamos descartándolo, pero nadie puede ponerle todavía un número ni está definida la forma”, aseguró ante Página/12. El colaborador de Julio De Vido desmintió las declaraciones periodísticas que había formulado Mata, quien le puso precio al paquete accionario, cuando ése es un dato en gran medida condicionado a una negociación abierta. El dato resultó tan irritante para Jaime como las dudas expresadas por el desplazado empresario respecto del poder de veto estatal sobre cuestiones clave como cambios estatutarios, alianzas estratégicas y levantamiento de rutas. Estos puntos forman parte del acuerdo firmado días atrás en Madrid entre Argentina y el grupo privado español, que contiene una condición mucho más urticante que el controvertido precio: la aprobación de los balances empresarios, que Planificación ya objetó hasta en los tribunales.

Apenas leyó las declaraciones de Mata, Jaime se comunicó a Madrid para ratificar que el acuerdo firmado en Europa estaba vigente. Quiso escucharlo en boca de Gonzalo Pascual y Díaz Ferrán, socios de Mata en partes iguales de Interinvest, la sociedad jurídica que posee el capital mayoritario de Aerolíneas. La ratificación llegó de modo inmediato y contundente con el desplazamiento sin miramientos de Mata.

El empresario en desgracia ya había sido desplazado de la conducción de Aerolíneas hace varias semanas, cuando se disolvió el Comité Ejecutivo y se confió el comando cotidiano a Esteban Macari, el gerente general. Ya en este momento había febriles negociaciones con el gobierno argentino para buscar una salida que permitiera oxigenar a la compañía con un aumento de tarifas y la subvención del combustible y el IVA sobre los leasing. De Vido estaba convencido de dar este paso, pero no se quiso avanzar en la firma del decreto que concedería estas prerrogativas hasta no tener garantías de que se inyectarían recursos frescos en la empresa y de que el Estado tendría injerencia real en el management.

La encerrona pareció superarse con la firma del acuerdo madrileño que, sin embargo, deja muchas cuestiones sin resolver. Allí se admite la posibilidad de que el Estado aumente su participación del 1,34 por ciento actual –licuada por objetados aumentos de capital dispuestos por Air Comet-Marsans bajo la conducción de Mata– hasta el 20 por ciento, por varias vías posibles. “Mediante la capitalización de créditos de AASA, con un aporte en efectivo y cualquier otro método que las partes acuerden en el marco del régimen legal vigente”, reza el texto.

Entre las variantes posibles está la de capitalizar acreencias estatales en contra de la empresa, por impuestos o tasas impagos. Pero al menos hasta ayer, en Transporte no había claridad respecto del monto adeudado por la privatizada, que permitiría concretar una solución al estilo de la que se encontró con Aeropuertos Argentina 2000. En este caso, el Estado acordó cobrarle parte del canon que Eduardo Eurnekian no honró durante años con una porción de acciones, que transformarán aquella empresa en una sociedad mixta. Camino que podría, eventualmente, ser replicado en este caso.

Sin embargo, nadie en el Gobierno desconoce que antes de cualquier cuestión debe superarse la controversia en torno de los balances de la privatizada. El Estado impugnó sistemáticamente todos los estados contables presentados por la gestión del grupo privado que detenta la mayoría accionaria y hasta apeló a la Justicia para que se investigue si, tal como suponen los abogados de Planificación, Mata y sus socios desviaron varios cientos de millones de dólares que recibieron desde el 2001 de manos del estado español a través de la SEPI.

El más reciente acuerdo con Interinvest abre una puerta para que el estado argentino se desdiga avalando los balances que objetó en Tribunales, incluyendo la aprobación del correspondiente al ejercicio del 2005, que acaba de presentarse. Pero el desafío es grande para ambas partes. La gestión de Aerolíneas –que aun con Mata afuera sigue estando en manos del mismo grupo accionario que él también integra– debería justificar los imputados desvíos de aquel dinero o aportarlo sin alterar nuevamente el esquema accionario actual, tal como anhela Planificación. Caso contrario, los abogados estatales deberían encontrar un camino para avalar lo que cuestionaron fundadamente ante la Justicia, con la consiguiente responsabilidad política y legal.

Vale la pena señalar que Díaz Ferrán y Pascual forman parte de la misma conducción sospechada de haber malversado el dinero que el Estado español aportó hace más de cuatro años para paliar los multimillonarios pasivos que dejó sobre Aerolíneas la SEPI, a través de la discutida conducción de Iberia. Un auxilio de las arcas hispanas que podría reforzarse ahora, bajo el paraguas de un nuevo pacto con el gobierno de Néstor Kirchner.