Los resultados de la primera ronda de consultas por la nueva Ley de Educación nacional fueron presentados ayer por el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, para quien se cumplió el objetivo de instalar los ejes centrales y afirmar tendencias: “Son temas de amplio consenso, no queríamos dividir a la sociedad en un debate –le comentó a Página/12– seguramente en la segunda ronda, cuando se discuta la forma de implementar las cambios, va a haber más debate”. Más del ochenta por ciento de quienes respondieron consideraron necesario sancionar una nueva ley. El altísimo porcentaje de respuestas afirmativas al cuestionario oficial mostró que hay temas que la sociedad ya tiene saldados.

El 5 de julio pasado se realizó la jornada de debate en la que se suspendió el dictado de clases para que los docentes reflexionen en su horario de trabajo sobre el documento base elaborado por Educación. También se convocó a padres y alumnos y se recibieron sugerencias de unas 700 organizaciones sociales. El sondeo “mostró la iniciativa de construir un sistema educativo nacional, algo impensado en los ’90, donde la mayoría quería una educación más autónoma y de poca participación estatal”, advirtió Filmus. Según afirman desde el Ministerio, se repartieron 109 mil cuestionarios a través de Internet, diarios y en mesas dispuestas en la vía pública. Hasta el momento, se procesaron –según aseguró Filmus– casi 45 mil respuestas sobre distintos aspectos que incluyen, entre otros, la formación y capacitación docente, el perfil de la escuela media y los contenidos curriculares.

“La idea es que sea una ley que represente más que a un partido político o a un gobierno de turno, que exprese una voluntad explícita de la gente. Podríamos haber tratado la ley directamente en la Cámara de Diputados y tendría legalidad, pero sólo consultando a la comunidad vamos a lograr que sea legítima”, subrayó Filmus, que en la presentación en el Palacio Sarmiento estuvo acompañado por la directora de Cultura y Educación bonaerense, Adriana Puiggrós; el ministro de Educación de Corrientes, Rubén Ojeda, y la subsecretaria de Educación porteña, Mara Brawer.

Para el ministro, que el 90 por ciento de los encuestados exija un sistema educativo unificado, en contenido, en todas las provincias, no quiere decir que se deje de reconocer las especificidades de cada región: “Sobre una estructura común, lo que nosotros llamamos ‘Núcleos de Aprendizaje Prioritario’, cada provincia completa el currículum de acuerdo con sus propias necesidades; algo inevitable, por ejemplo, en las escuelas rurales”. Otro de los ejemplos que enumeró fue la necesidad de que las comunidades aborígenes accedan a la educación en su propia lengua, “por más que no representen un gran porcentaje y poca gente esté al tanto como para opinar”. Al ser consultado por el tibio apoyo que se les dio a las organizaciones comunitarias en la gestión y participación educativa, Filmus aclaró que “no hay experiencias en Argentina de educación comunitaria en las escuelas”.

La consigna que tuvo más aceptación, casi el ciento por ciento, fue la que propone una capacitación similar para todos los docentes, que sea permanente, gratuita y obligatoria. De hecho, éste fue uno de los puntos más reivindicados en el foro cibernético que abrió el portal educ.ar, que registró más de 12 mil intervenciones. Además de pedir que se agreguen actividades extracurriculares, el 90 por ciento consideró importante que el Estado evalúe periódicamente el nivel de los alumnos, que se actualicen cada cinco años los contenidos, que haya más escuelas con jornada completa, que se incorpore la enseñanza informática en los colegios y que se extienda la obligatoriedad hasta el secundario.

El ministro resaltó la importante participación de las organizaciones, que incluyó a sectores heterodoxos como gremios docentes y del trabajo, organizaciones de derechos humanos, universidades nacionales, centros de investigación, estudiantes universitarios, empresarios, ex ministros de educación, líderes de distintos credos religiosos, pueblos originarios y asociaciones de educación privada, entre otros. Luego de sistematizar estey otros aportes (las organizaciones emitieron 730 documentos para el debate), en el ministerio planean elaborar un anteproyecto que estará listo a fines de este mes y que durante septiembre volverá a las escuelas para avanzar en la redacción final. Según lo pautado, el proyecto de ley llegaría al Congreso nacional a fines de octubre.

Informe: Emilio Ruchansky.