Según había previsto Página/12, algo volvió a cambiar en el proceso de remate del Edificio República, propiedad de Raúl Moneta, anunciado para el 5 de diciembre. La variante consistió en la modificación de la base establecida, que a pedido del ex banquero subió de 48 millones de dólares a 75 millones de dólares. Para autorizarlo, el juez Ignacio Liberti se remitió al silencio del Banco Central –el que calla, otorga– y a los valores que arrojó una nueva tasación efectuada por Unibon, empresa presidida por Pedro Bravo, padre del abogado de Moneta y, a la vez, tío de su yerno. De acuerdo con las fuentes consultadas, el aumento del 56 por ciento no hace sino dificultar la aparición de un comprador. Como si todo esto fuera poco, una versión indica que a estas horas ya podría haberse concretado la posibilidad adelantada por este diario: la venta del inmueble en 25 millones a la sociedad Sud Invest. De ser así, el acuerdo se informaría y aprobaría el jueves próximo, en la reunión de directorio del BCRA.

La subasta sufrió siete postergaciones a lo largo de siete años, un privilegio del que no suele gozar la gente común, condenada a ver cómo pasan de mano sus propiedades en las tumultuosas sesiones de la Liga de Rematadores. La hipoteca del edificio diseñado por César Pelli, ejecutado por Mario Roberto Alvarez y el único de la ciudad que tiene una manzana propia, había sido cedida por el Banco República al Central como parte de la cartera que respaldó los voluminosos redescuentos recibidos para salvar una supuesta etapa de “iliquidez transitoria”. La crisis del Banco República, sin embargo, no era transitoria sino terminal: luego de haber vampirizado un ex banco provincial –el Banco Mendoza– se fagocitó a sí mismo. Al advertir que el final se acercaba, los primeros depósitos que escaparon fueron los de familiares, socios, amigos y vinculadas. Las cuotas de la hipoteca no se habrían pagado jamás, aunque el verdadero monto de la deuda oscila entre los cien millones de dólares que insinuó el fideicomiso y los 16 que en un momento habría fijado el sorprendente dictamen de un funcionario del BCRA.

El rematador Hugo Taquini tasó el edificio prendado en 48 millones, pero hace unos meses, Moneta pidió que el monto fuera incrementado a 80 millones. En aquel momento el juez Liberti desechó la pretensión. Sin embargo, el 25 de este mes Moneta volvió a la carga. Y esta vez el magistrado se avino al reclamo. El argumento consistió en que “el ejecutante –el Central– guardó silencio, silencio que debe interpretarse como una aceptación tácita del precio de la subasta”. Liberti también dio por bueno al tasador de Moneta, que no es otro que Pedro Bravo, padre de Matías Bravo, su abogado. Y un poquito más aún: Bravo es el tío de Eduardo Pearson, yerno de Moneta. El número fue, al final, de 75 millones de dólares, cifra al parecer exagerada y sólo apta para desalentar a quienes se han mostrado interesados (entre ellos una importante compañía del mercado inmobiliario).

Las maniobras, no obstante, no se detuvieron allí. El viernes volvió a tomar fuerza la versión –adelantada por este diario– de que Sud Invest habría concretado la compra de la deuda de Inversora Ancona y Candia Inversora en veinticinco millones de dólares, una cantidad con la que el BCRA se sentiría resarcido. Si se trata de Ancona y Candia, convendría recordar que pertenecen a Moneta y fue a través de ella que el ex banquero compró la deuda que le permitía asociarse con Daniel Hadad en Canal 9. El rumor agrega que, el jueves, el tema se sometería al juicio y la aprobación del directorio del BCRA. Y el remate del edificio quedaría sin efecto. Todo es posible en el universo que rodea a quien fuera financista estrella de los ’90.