La figura de Carlos Ruckauf quedará definitivamente asociada con el decreto que durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón llamó a las Fuerzas Armadas a “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”. Más allá de ese decreto, el 2772/75, en total son cuatro las resoluciones en las que se ratificó el aniquilamiento. Si bien fue la firma de Ruckauf la que perduró en la memoria, junto a él también sobresalen los nombres de Antonio Cafiero, Angel Federico Robledo e Italo Luder, entre muchos otros. La lectura de esos documentos y de algunas resoluciones secretas evidencian un contundente cambio de lenguaje. De reclamar el aniquilamiento “del accionar” de las organizaciones armadas, se pasó a pedir “el aniquilamiento de los elementos constitutivos” de esas agrupaciones. En buen romance, se disponía el aniquilamiento de sus militantes. El exponencial aumento del terrorismo de Estado que siguió al golpe militar había liberado hasta ahora a estos dirigentes peronistas de rendir cuentas por los efectos de esos decretos.

El primero de los cuatro decretos de aniquilamiento está fechado el 5 de febrero de 1975, tres meses más tarde de que se dispusiera el estado de sitio. Isabel –como se conoció popularmente a la viuda de Juan Domingo Perón– y todo su gabinete convocaron al Ejército a intervenir en Tucumán. Fue el comienzo del denominado Operativo Independencia. Bajo el comando del Ejército se alinearon las otras Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales y los ministerios de Defensa y de Bienestar Social. Todo el aparato del Estado a disposición del “aniquilamiento”.

El 6 de octubre del ’75, un día después de que Montoneros rompiera su tregua con el Ejército y atacara el Regimiento 29 de Infantería de Formosa, el gobierno de Isabelita firmó tres decretos de aniquilamiento. El 2770 definió la creación del Consejo de Seguridad Interna y sus competencias. El 2771 autorizó a ese flamante consejo a firmar convenios con las fuerzas policiales, penitenciarias y gobiernos provinciales. El 2772, el más conocido, le dio a las Fuerzas Armadas el amparo legal para el aniquilamiento y las puso bajo el comando de la presidenta y de su Consejo de Defensa.

La primera resolución de ese Consejo de Defensa, en 1975, tuvo carácter secreto. Allí se describió el encuadre legal que daban esos tres decretos de aniquilamiento, se definió la composición de ese Consejo, su misión y otros items. En el punto seis de esa resolución secreta, bajo el subtítulo “Ideas rectoras”, se dice que “el esfuerzo principal de la ofensiva será llevado sobre el eje Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Capital Federal y La Plata”. El documento también propone que se debe “evitar la formación de nuevos frentes rurales”, de combate armado. Para ello se plantean misiones especiales en Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy y el Delta del río Paraná.

“Los efectos a lograr” es el ítem más fuerte de esa resolución secreta. Se propone “aniquilar los elementos constitutivos de las organizaciones subversivas”. Más claro agua. Ya no se habla de “aniquilar el accionar” sino de aniquilar a los miembros de las agrupaciones armadas. Cuando le tocó declarar en el juicio a las Juntas Militares, Luder dijo que los términos del decreto que habilitó el Operativo Independencia, el primero de los cuatro decretos, “de ninguna manera significaba aniquilamiento físico ni violación de la estructura legal”. Nada dijo de la inequívoca definición de esta resolución secreta.

Para que no queden dudas, en el subpunto c de la primera directiva secreta del Consejo de Defensa, titulado “Intervención de las FF.AA. y de seguridad”, se dijo expresamente que “las fuerzas tendrán la más amplia libertad”.

Estos cuatro decretos fueron el espaldarazo que necesitaba el terrorismo de Estado, hasta ese momento encarnado en la represión parapolicial que desarrollaba la Triple A. Tan sólo un mes más tarde de la firma de tres de los decretos de aniquilamiento, Isabel advertía “que no renunciaría”. Obturaba así las movidas que pretendían el adelantamiento de las elecciones presidenciales fijadas para 1977. También bloqueaba el nombramiento de Luder, a la sazón, presidente provisional del Senado, como su reemplazante. En Montevideo, Videla amenazaba con que “en la Argentina deberán morir todas las personas necesarias”. Todo estaba lanzado. Mediante una resolución secreta del año ’76, la número uno, se incorporó a la SIDE un largo listado de personal. Agentes que fueron a cubrir puestos en distintos puntos de esa secretaría gubernamental. La indiferencia de los ministros que gobernaban en nombre del peronismo no podía ser mayor. Cuarenta y cinco días antes del golpe desembarcó en la SIDE, el general Otto Paladino, un falangista que con la banda de Aníbal Gordon regenteó Automotores Orletti, el centro clandestino donde se coordinó la represión del Plan Cóndor. Para la misma fecha, el general Albano Harguindeguy ocupó la titularidad de la Policía Federal. El gobierno continuaba diciendo que las Fuerzas Armadas estaban bajo su mando. El terrorismo de Estado estaba ya montado y funcionando. El tiempo demostró que aún podía llover sobre mojado.