Luego de seis días de deliberaciones en la casa de ejercicios La Montonera de Pilar, la Asamblea Episcopal reclamó ayer que la futura ley de educación, a tratarse este jueves en el Congreso, no excluya “la dimensión trascendente del hombre” de su articulado, ni los subsidios estatales necesarios para “sostener y respaldar” la libertad de enseñanza. Altas fuentes del Ministerio de Educación reconocieron que les “resulta inexplicable” la preocupación de la Iglesia “porque en el proyecto de ley no hay señales en ese sentido”.

Terminado el plenario, los obispos demandaron al Estado cumplir con su rol “principal y subsidiario” para conjugar “el derecho natural e inalienable de los padres a elegir para sus hijos una educación que responda a sus propias convicciones y creencias, sin discriminación alguna”. De todas formas, los clérigos evitaron confrontar directamente con el Gobierno: el documento presentado ayer peca de ser un ayudamemoria, luego de que el ministro Daniel Filmus los recibiera en los debates preliminares sobre el proyecto.

El Episcopado, según consta en la declaración, aseguró querer “contribuir” a la futura norma educativa para que sea “un instrumento eficaz” para formar a las próximas generaciones. No obstante, instó a las “autoridades” y legisladores que recuerden que “resulta irrenunciable sostener el principio de libertad de conciencia como un derecho de las familias, de los educadores y de los educandos”. Los obispos pidieron a quienes concierne la responsabilidad de sancionar la ley que “asuman estos principios y los incluyan en su contenido”.

Tras afirmar que “la educación es para todos, y todos tienen derecho a iguales oportunidades”, desde el plenario episcopal reiteraron que “corresponde al Estado, sobre la base del principio de justicia distributiva, financiar de manera equitativa tanto la educación de gestión estatal como la de gestión privada”. Los obispos aseguraron, en el documento de nueve puntos, que “la necesidad real de superar un sistema educativo fragmentado no debe justificar una intervención excesiva del Estado nacional sobre las autonomías provinciales”. Según explicaron, “la libertad de enseñanza garantizada por la Constitución Nacional, mantiene y preserva un único sistema de educación pública con dos subsistemas: el de gestión estatal y el de gestión privada”. El fin último de este socavado reclamo, apunta a solventar una educación “de calidad”, que dé “a todos los argentinos la posibilidad a cada educando de conocer, amar y creer en Dios, creador y padre de todos”.

En pos de preservar estos ideales, los obispos apelaron a “todo el pueblo de Dios, a los hombres de buena voluntad, especialmente a los padres de familia y a los educadores” para que se comprometan a sostener “los principios que hemos recordado y a los cuales han adherido más de trescientas cincuenta mil personas, muchas de ellas pertenecientes a distintos credos y otras instituciones”.

Informe: Emilio Ruchansky.