“El Presidente es un indeciso. Su indecisión para optar entre el sistema de reparto y el sistema privado lo llevó a estar en el régimen jubilatorio de las AFJP”, dijo la diputada María América González para también cuestionar la indefinición del Gobierno nacional en establecer, como reclamó la Corte Suprema, un índice de ajuste automático para los haberes de jubilados y pensionados. Como contrapartida, los bloques del ARI, la UCR, el socialismo, la CTA, partidos provinciales y el justicialismo nacional acordaron un proyecto único para los ajustes jubilatorios que establece un coeficiente que contempla los aumentos salariales para los trabajadores en actividad y el incremento de la recaudación impositiva.

Acompañada de varios de los legisladores firmantes del proyecto, la diputada arista se encargó de presentar el proyecto y diferenciar el coeficiente que les daría por ley movilidad a los haberes jubilatorios, con el 13 por ciento que estableció el Gobierno como monto fijo previsto en el presupuesto 2007.

El economista y referente de la CTA Claudio Lozano fue el encargado de explicar técnicamente el índice que impulsa el proyecto común: “El Coeficiente de Actualización y Garantía de Movilidad para los haberes jubilatorios se compone de un 50 por ciento por el aumento del salario de los trabajadores registrados –de acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares del Indec– , un 23 por ciento de los recursos previsionales de la Anses y el 27 restante de los aumentos de los recursos fiscales aplicados al sistema previsional”.

Pero la iniciativa de las bancadas opositoras no sólo se limitó a la presentación del proyecto de ley. Los legisladores del radicalismo dijeron que impulsarán la recolección de firmas si el proyecto no prospera en el recinto de sesiones, donde seguramente el oficialismo bloqueará su tratamiento; y volvieron a la carga por la recuperación de los aportes patronales reducidos por ley durante el menemismo “para garantizar los ingresos del Anses”.

También evaluarán la posibilidad de solicitar ante la Corte Suprema ser tenidos en cuenta como amicus curiae, una especie de veedores, en el cumplimiento de la jurisprudencia sentada por la propia Corte en su fallo sobre el “caso Badaro”, porque “resulta urgente e imprescindible recomponer los derechos vulnerados por las sucesivas leyes que arrasaron los derechos adquiridos de los jubilados y pensionados y violentaron el texto constitucional e innumerables tratados internacionales”.

Junto a González y Lozano también estuvieron presentes en la conferencia de prensa, en la que ofrecieron detalles de la iniciativa conjunta, el jefe de la bancada de diputados del ARI, Eduardo Macaluse; por la UCR fueron los jefes de los bloques de diputados y senadores, Fernando Chironi y Ernesto Sanz; el senador socialista Rubén Giustiniani y el diputado del PS Pablo Zancada. El proyecto también consiguió la adhesión del Partido Nuevo de Córdoba, del Nuevo Espacio Entrerriano y hasta del peronismo no kirchnerista encabezado por Jorge Sarghini.

La idea de los opositores es presentar la propuesta en ambas Cámaras para dar debate en medio del tratamiento del presupuesto entrante previsto para antes de fin de mes.