Los diputados aprobaron ayer en comisión el proyecto que propone eliminar del Registro Nacional de Reincidencia a quienes fueron juzgados por los Consejos Especiales de Guerra durante la última dictadura. La iniciativa del kirchnerista correntino Hugo Perié pasó a la firma de los legisladores en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Derechos Humanos, que preside Remo Carlotto, y de Legislación Penal de la Cámara baja, encabezada por Rosario Romero. De ser aprobada serán suprimidas de los registros de reincidencia las sentencias emitidas por los tribunales militares contra civiles entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

El proyecto establece la obligación de suprimir del Registro de Reincidencia y de todos los organismos de defensa y seguridad nacionales y provinciales “los antecedentes relativos a sentencias y resoluciones dictadas por los Consejos de Guerra Especiales Estables del último gobierno de facto”. La iniciativa incluye, además, que esos datos se incorporen al Archivo Nacional de la Memoria y al Archivo General de la Nación para que se conserven como registros históricos.

En los fundamentos de la iniciativa, Perié destacó que la mayoría de las personas que fueron juzgadas por esos tribunales “fueron condenadas a muchos años de prisión, pero también a la pena de inhabilitación absoluta y perpetua, lo que importa impedimentos actuales, por ejemplo, para ejercer la función pública o el derecho al voto”.

Durante la reunión de ayer, la única voz en contra del proyecto fue la de la diputada del PRO Nora Ginzburg, que rechazó la iniciativa al considerar que se trata de una norma “inocua e innecesaria” por ser “testimonial”. Sin embargo, la kirchnerista Diana Conti aclaró que “no es cierto que este tipo de actuaciones no sigan produciendo efectos ahora” y recordó que hace “dos o tres años el vocero de un importante ex funcionario nacional quedó varado en la frontera porque le saltaban datos por reincidencia”. Por su parte, la kirchnerista correntina Araceli Méndez de Ferreira señaló que “esos tribunales eran irregulares” y recordó que “designaban a los abogados defensores” de los detenidos y “no había plazo para apelar” las sentencias.

“Los Consejos de Guerra Especiales funcionaron como un engranaje más del plan sistemático de violaciones a derechos humanos ejecutado por la última dictadura militar. Además de transgredir la división de poderes, avalaban la tortura y la desaparición forzada desde que las personas que eran sometidas a los juicios acarreaban torturas previas y secuestros cometidos por fuerzas de seguridad y eran ‘legalizados’ por los Consejos de Guerra”, señaló Perié en el proyecto.