Por primera vez la Justicia argentina analiza calificar los asesinatos cometidos por la Triple A durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón como crímenes de lesa humanidad. Esta novedad es consecuencia de la aparición en España de Rodolfo Eduardo Almirón, un ex jefe de aquella organización terrorista de ultraderecha, que fue encontrado por periodistas de ese país. El hallazgo obligó al juez federal Norberto Oyarbide a desempolvar una vieja causa y a descubrir, entre los papeles amarillentos, que desde 1984 existía un pedido de captura contra el ex subcomisario por los homicidios del diputado Rodolfo Ortega Peña, del ex subjefe de la policía bonaerense Julio Troxler y del profesor Silvio Frondizi, hermano del ex presidente, entre varios otros.

Una investigación periodística del diario español El Mundo reveló la semana pasada que Almirón, de 70 años, vive en la localidad de Torrente, a diez kilómetros de Valencia. Hasta entonces caminaba muy tranquilo por el barrio de Xenillet. Había llegado a España en julio de 1975 junto con el propio fundador y líder de la Triple A, José López Rega, cuando éste, radiado del poder, tuvo que irse de la Argentina. Almirón y su ex suegro, Juan Ramón Morales, quien también viajó, eran jefes de seguridad de “el Brujo”. En Europa se vincularon con otros grupos fascistas.

Con el reciente descubrimiento de Almirón, el Movimiento Argentinos en el Exterior se presentó ante el juez español Baltasar Garzón y le pidió que lo investigue como “responsable operativo” de la Triple A, una organización que anticipó el Terrorismo de Estado desplegado a partir del golpe de 1976 y que “trasladó su conducción a Madrid” desde donde “continuó su accionar”. Pero el organismo también recordó que en la Argentina existía al menos una causa sobre los asesinatos, secuestros y atentados del grupo terrorista que montó, financió y dotó de armas López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social.

Fue así como, el lunes pasado, el juez Oyarbide puso a un secretario a revisar las estanterías y encontró, en medio de los 39 cuerpos de una vieja causa sobre los crímenes de la Triple A, un papel con un pedido de captura contra Almirón fechado en 1984 donde se lo acusaba de “asociación ilícita en concurso real con homicidio doblemente agravado en hechos reiterados”. Se le imputaban por lo menos cuatro asesinatos: los de Ortega Peña, Troxler, Frondizi y su yerno Luis Mendiburu, acribillado cuando trataba de salvarlo.

Oyarbide se tomó una semana de licencia. Lo primero que hizo su reemplazante, Julián Ercolini, fue enviar a Interpol España una notificación para recordarle la existencia de la orden de captura y solicitarle que confirme si el hombre identificado en las cercanías de Valencia es efectivamente el represor Almirón. Al día siguiente, la agencia internacional mandó una nota pidiendo al juzgado una serie de precisiones como paso previo a una posible extradición, entre ellas, de qué delitos se acusa al ex policía y si la causa sigue abierta.

Según informaron a Página/12 allegados al expediente, Oyarbide contestará a mitad de esta semana el requerimiento de Interpol y, de ese modo, ratificaría el pedido de detención con miras a la extradición. Pero no será un trámite más: tendrá que resolver si los crímenes de los que se acusa a Almirón como miembro de la Triple A son delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. “Si no se hace esa aclaración se podría llegar a interpretar que la causa prescribió”, advirtió un funcionario de la causa. El juez, señalaron, está estudiando el asunto.

Hace poco más de un año, el fiscal Eduardo Taiano pidió el desarchivo de esta causa que, en rigor, nació en 1975 con una denuncia del abogado Miguel Radrizzani Goñi. En su dictamen, Taiano reclamaba que se reabriera la investigación sobre por lo menos ocho de los secuestros y asesinatos de la Triple A teniendo en cuenta, planteó, que son crímenes de lesa humanidad. Argumentó que fueron cometidos desde el aparato del Estado por “un grupo” que “afectó gravemente a un gran número de personas, contrariando la concepción humana más elemental, hechos que de acuerdo al derecho internacional constituyen delitos de lesa humanidad”.

La fiscalía recordó –al citar el trabajo de Ignacio González Jansen– que “entre julio y septiembre de 1974 se produjeron 220 atentados de la Triple A, casi tres por día, 60 asesinatos, uno cada 19 horas, y 44 víctimas resultaron con heridas graves. También 20 secuestros”. Como cifra global al accionar de la organización terrorista se le atribuyen más de 1500 crímenes. Para Taiano, a la luz del derecho internacional que Argentina suscribe, retomar aquella investigación “es una obligación”.

El juez Oyarbide reabrió la causa, pero nunca se pronunció sobre el planteo de Taiano. Pasado mañana un grupo de organismos de derechos humanos (entre ellos la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación Gremial Docente y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) se presentará en el juzgado para pedir la extradición de Almirón y ser aceptados como querellantes, además de adherir al planteo del fiscal. El representante del Movimiento Argentinos en el Exterior, Luis Pérez Leira, pidió a la Justicia española que detenga a Almirón cuanto antes. A su entender, lo importante es que se lo juzgue “en alguna parte, pero que se lo juzgue”.

Antecedentes promisorios

El Estado argentino reconoció su responsabilidad en los homicidios de la Triple A –lo que los equipara con delitos imprescriptibles– al resolver que se debía indemnizar a los familiares de víctimas del terrorismo anterior a 1976. Entre ellos, por ejemplo, figuran los hijos de Ortega Peña y la familia del sacerdote Carlos Mujica. El ex rector de la UBA Raúl Laguzzi y su esposa, que perdieron a su bebé de cuatro meses al explotar una bomba en un atentado en su propia casa, donaron la indemnización a entidades que ayudan a chicos carecientes.

Como antecedente judicial, la Corte Suprema encuadró el asesinato del general chileno Carlos Prats y su esposa, ocurrido en septiembre de 1974 en Palermo, como un crimen de lesa humanidad. Por ese homicidio, ejecutado en el marco del Plan Cóndor, el ex agente de la policía secreta de Chile fue condenado a reclusión perpetua por el Tribunal Oral 6. Al confirmar la sentencia, la Corte preparó el terreno para declarar, tiempo después, la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

En la antigua causa sobre la Triple A se llegó a procesar a López Rega en octubre de 1983, aunque recién se logró su detención y extradición desde Estados Unidos en julio de 1986. El entonces fiscal Aníbal Ibarra pidió para él la pena de prisión perpetua en la etapa final del juicio, pero Martín Irurzun, el juez que estaba a cargo de la pesquisa, no alcanzó a dictar sentencia: “el Brujo” murió antes, en junio de 1989.

Ibarra responsabilizó a López Rega por seis asesinatos, todos en 1974, que la Triple A reivindicó:

- Uno fue el de Ortega Peña, que recibió quince disparos cuando bajaba de un taxi en Carlos Pellegrini y Arenales. Estaba con su esposa, Helena Villagra. A ella un proyectil le atravesó la mejilla derecha y salió por la izquierda, pero sobrevivió. Ortega Peña era diputado, integraba el Frente Justicialista de Liberación y denunciaba abiertamente a López Rega.

- También se culpó al “Brujo” por el crimen del abogado de presos políticos Alfredo Curutchet, que recibió cincuenta disparos.

- Julio Troxler había sido militante peronista y subjefe de la Policía Bonaerense. Participó en el levantamiento contra la Revolución Libertadora y se había salvado de milagro en los fusilamientos de José León Suárez. Lo mató la Triple A con varios disparos en la cabeza.

- A estos casos la acusación agregó los asesinatos del académico Silvio Frondizi (hermano del ex presidente Arturo Frondizi) y el periodista Pedro Barraza y su amigo Carlos Laham.

En el expediente hay una larga lista de asesinatos que incluyen al padre Mujica, al ex vicegobernador de Córdoba Atilio López y el ex secretario de Economía de esa provincia Juan Varas.

En una derivación de esta causa se llegó a condenar por secuestros, robos y toda clase de ataques a la banda del fallecido agente Aníbal Gordon. Pero varios de los laderos clave de López Rega siguen impunes, entre ellos Miguel Angel Rovira, quien en 2001 fue descubierto cumpliendo la función de jefe de seguridad de Metrovías. Perdió el puesto después de ser escrachado por HIJOS, pero sigue en libertad.