Dicen que los últimos en irse a dormir veían las sombras de los obreros aparecer como fantasmas entre las casas del pueblo. De un brinco alcanzaban la plancha de acero del camión, rodeado de tres varas de eucalipto, que los llevaba hasta el campo. “¿Usted sabe lo que era eso?”, recuerda ahora el maestro del pueblo de Virasoro sobre esos obreros de la yerba mate que salían de madrugada a trabajar a Las Marías.

A treinta años de aquello, el pueblo empieza a preguntarse por el destino de los obreros de Las Marías desaparecidos o detenidos durante la última dictadura militar como si hasta ahora nadie se hubiese atrevido a hacerlo en voz alta. En marzo de 2006, el hijo de un desaparecido impulsó una denuncia judicial en Paso de los Libres con el aval de los organismos de derechos humanos locales para tratar de entender qué sucedió y quiénes fueron los responsables de la suerte de su padre. La denuncia pasó de mano en mano, como un texto maldito: ni el juez federal natural de la zona ni otros 11 conjueces aceptaron el caso y prefirieron inhibirse.

“A mí no me lo contaron, yo lo vi”, dice Miguel Argüello, el maestro y director de la escuela 212 donde estudiaban los hijos de los obreros de la yerba mate. Argüello, ahora jubilado, con 76 años de edad y mientras viaja en un colectivo del pueblo. “A mí me tocó verlos muchas veces (a los obreros) cuando me quedaba en la escuela trabajando de noche y al amanecer los iba viendo aparecer: se los llevaban a trabajar así como estaban, hiciera frío, calor o heladas.”

La historia

Virasoro es una pequeña localidad de Corrientes que creció alrededor de la planta de Las Marías, ubicada a unos 7 kilómetros del lugar. Durante años, y fuera del empleo público, el establecimiento dedicado a la producción de la yerba mate y de té fue la única fuente de trabajo del pueblo. Manejaban la cadena de producción completa directa o indirectamente con la tercerización de servicios y solía decirse que cualquiera que intentaba hacer algo con el té o la yerba mate estaba obligado a entrar en contacto con ellos.

El dueño de todo aquello era y es Adolfo Navajas Artaza, “Don Toco” le dicen los lugareños. Un hombre con la semblanza de los caudillos del norte: carismáticos y queridos, pero que suelen hacer de la condición de patrones una herramienta política. Entre 1969 y 1973 Navajas Artaza gobernó de facto la provincia de Corrientes y años más tarde volvió a prestar apoyo al partido militar como ministro de Acción Social de Reynaldo Benito Bignone durante la última dictadura.

Tal vez por esas razones, a sus obreros se les hizo cuesta arriba lograr organizarse. Aunque hicieron algún intento durante el primer gobierno peronista, pudieron concretarlo recién a partir de 1973. La primavera camporista y los aires revolucionarios que llegaban desde adentro y afuera del país motorizaron un proceso que terminó en la creación de dos agrupaciones gremiales. Una fue el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y la otra, la Federación de Obreros Rurales (Fatre).

El camionero

Marcelo Acuña es camionero. Y fue el primer secretario general del Sindicato de la Alimentación (STIA) en Virasoro desde su fundación en 1973 hasta el golpe del 24 de marzo de 1976.

Cuando cuenta su historia explica que llegó a Virasoro dos veces. La primera, mientras escapaba de la Libertadora en el año ’55. “Todavía me acuerdo –dice– de las pasadas del camión acarreando peones; le hablo de peoncitos, de gente que todavía se sacaba el sombrero para hablarle al patrón; imagínese que no había aguinaldo, no había 9 horas y lo primero que le decían a uno cuando reclamaba algo era: ‘Andá y pedile a Perón’.”

La segunda vez que llegó fue para fines de los ’60. “Dejé Misiones buscando mejor trabajo y a través de un pariente conseguí entrar a Las Marías”, explica. “Nunca fui militante político, pero en un tiempo manejando el camión de un concejal me di cuenta de que todo era política.” Cuando llegó esa vez, Las Marías pagaba salario familiar y buenos sueldos. Pero las ocho horas de trabajo se hacían doce aunque nadie las pagaba como extras. Una parte de los obreros salía de sus casas a las 4 de la mañana para empezar a trabajar a las 6 en los Molinos, pero solían llegar antes de la hora porque el camión que los pasaba a buscar era de la empresa y los recogía demasiado temprano. Durante la espera, acarreaban cajas a los depósitos o hacían lo que había para hacer. “Por esas extras –sigue Acuña– los incondicionales cobraban 90 pesos a fin de año, pero era una miseria.” El ’73 permitió algunos cambios, entre ellos el sindicato que nació durante una reunión convocada para recibir al delegado de la STIA de Buenos Aires. La escuela del maestro Argüello cobijó ese día a unas cien personas. Que un día más tarde se presentaron formalmente ante las autoridades de Las Marías.

La breve vida de un gremio

Vestido de inspector, Acuña dejó durante un tiempo el puesto de camionero para revisar los lugares de trabajo. Un día entró a un galpón arrocero para verlo y se dio cuenta de que había cinco personas sin cobertura legal. Enseguida, pidió hablar con los dueños. Volvió a hacerlo en una segunda inspección. Mientras insistía se produjo el golpe de Estado. Para entonces, el dueño de la arrocera lo denunció por corrupción.

“Me acusó de que yo le había pedido diez kilos de arroz para que no lo joda más. Y con eso la policía me llevó preso con una excusa para sacarme del medio”, explica. Estuvo detenido entre el 16 de abril de 1976 y el 23 de abril de 1980. Aunque logró demostrar que lo del arroz no era cierto, la situación no mejoró. “A esos cargos, la gente de Las Marías le sumó una denuncia de malversación de fondos y hasta no sé si usaron la palabra subversivo. Uno colige a partir de lo que conoce: sería infantil para nosotros decir que la gente del establecimiento estaba fuera.”

En 1976 el Ejército detuvo además a Pablo Franco, tesorero del gremio y a Ramón Aguirre, secretario general de Fatre, los dos sindicatos involucrados en la producción y elaboración de la yerba mate. Dos estuvieron detenidos en el Escuadrón 7 de Gendarmería en Paso de los Libres. Y el tercero, en la Brigada de Investigaciones de Chaco. A eso le llaman la primera fase de la represión en Virasoro.

Un año después, y cuando nadie lo esperaba, los operativos se repitieron. Entre marzo y mayo de 1977 cayeron presos otros tres delegados de Fatre: Juan Manuel Gómez, Héctor Sena y Epifanio Monzón.

La lista incluyó a Carlos Arturo Escobar, Areco, Bernal, Viana e Infrán como trabajadores rurales de los sindicatos yerbateros.

Y además, a los dos desaparecidos del 2 y 29 de junio de 1977. Ellos son el secretario adjunto y un delegado de Fatre, Neri Pérez y Marcelo Peralta respectivamente. De todos, Peralta parece ser la única excepción del caso, porque no trabajaba directamente para Las Marías sino para una estancia llamada María Aleida, cuya propietaria era la mujer de un teniente primero (Re) del Ejército, Carlos María Torres, que luego del golpe se convirtió en intendente del pueblo. La estancia no formaba parte directa del pool Las Marías, pero los testigos de las causas suelen equipararlas cuando hablan (ver aparte).

Los responsables de los organismos de derechos humanos y asociaciones civiles de Corrientes insisten: “Lo que todos ellos tenían en común era su actividad gremial”, explica Hilda Presman, una de las mujeres de la zona comprometida con las causas sobre la represión. “Como las únicas víctimas de Virasoro eran obreros sindicalizados de Las Marías, pedimos que la Justicia investigue si la empresa tuvo o no relación con estos casos.”

¿Por qué ahora? Las explicaciones parecen variadas. En el pueblo logran hablar de dos razones. Una es que los obreros se están jubilando y empiezan a dejar de depender de la empresa. La otra no es muy distinta, pero se refiere al pueblo. Después de treinta años, dicen, el empleo empezó a diversificarse y Las Marías perdió el peso simbólico de entonces. “Pero no crea que acá cualquiera se pone a hablar de todo esto así nomás –aclara el maestro–, todavía hay mucho temor y somos pocos los locos que nos ponemos a remover la memoria.”