Después de la detención y liberación condicional en España de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, sus defensores comienzan a delinear las estrategias que van a desarrollar en caso de que la extradición se efectivice y se la juzgue en suelo argentino. Jorge Berón es uno de los dos casos por los que se la acusa. Estuvo un año y medio desaparecido y vive en el mismo barrio donde lo secuestraron.

Jorge Berón es mecánico, tiene 48 años y estuvo desaparecido durante un año y dos meses. Sus dos hermanos también pero de uno de ellos, José Guillermo, todavía se desconoce el paradero. Jorge vive en el mismo barrio en las afueras de San Rafael, de donde lo secuestraron en 1975 a los 17 años. “Me llevaron a la Infantería de Mendoza, después al penal, y por último a la Unidad 9 de La Plata, donde me largan”, cuenta y agrega sobre Isabel que “esa mujer fue un títere. Si la idea es hacer justicia con los que le hicieron mal a la gente y al país, está bien que vaya presa. Pero todavía quedan muchos”, de dijo a Página/12.

Si bien el juez federal de San Rafael, Raúl Acosta, tiene al menos cuarenta días para iniciar el pedido de juicio de extradición de la viuda del general Perón a la justicia española, la respuesta definitiva puede llegar a demorar meses.

Mientras en la península ibérica comienza a abrirse el proceso, el representante legal de Isabel en el país, Atilio Neira, afirmó a este diario que “por nuestra parte intentaremos presentarnos en el juzgado de San Rafael para hacer vista del expediente e interiorizarnos de cuáles son los cargos, porque todavía no hemos recibido ningún tipo de citación ni nada. Sólo sabemos que hubo un pedido de detención internacional”.

Según Neira la línea central de la defensa que encarará estará enfocada en la presentación de “un paquete de 30 o 40 decretos y proyectos de ley enviados por el Ejecutivo cuando la señora de Perón ejercía la presidencia en el año 1975. Estos decretos establecían los procedimientos y las reglas que debían seguirse en casos de detención o enfrentamiento. Lo que pasa es que en aquel momento no contaba con apoyo parlamentario”.

El primero de los decretos que incriminan a Isabel, suscripto también por su gabinete, lo firmó en febrero de 1975, y convocaba a las Fuerzas Armadas a participar en la “lucha contra la subversión”. Fue el puntapié inicial del Operativo Independencia que desplegaron en Tucumán, preámbulo de lo que unos meses más tarde sería la forma de actuar cotidiana del gobierno militar. Un día después de que los Montoneros coparan el Regimiento 29 de Formosa, el 5 de octubre de 1975, firmó tres decretos más en los que definió la creación de un Consejo de Seguridad Interna y estableció la posibilidad de que actuaran toda las fuerzas represivas a las que les dio el amparo legal para “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”.

Informe: Julián Bruschtein.