Por primera vez desde el secuestro de Luis Gerez la investigación se encamina con datos verosímiles hacia una pista policial, que incluye el otorgamiento de una zona liberada para cometer el delito. La aparición de una testigo directa de la escena del crimen y la recopilación de datos electrónicos apuntan en dirección a la comisaría de Escobar, desde la que saltó a la fama el subcomisario Luis Patti. En cambio, las fiscales Adriana Palacios e Irene Molinari enfocan al propio Gerez y su entorno familiar y amistoso. De este modo, las líneas se bifurcan en direcciones opuestas. El gobierno nacional asiste expectante a ambos desarrollos. Por un lado presume un intento de incriminar a la víctima, que considera debido a animosidad de las fiscales por razones políticas; por otro le abruma la sucesión de torpezas cometidas por las fuerzas políticas que se reivindican como propias. Sólo si alguna de esas líneas investigativas rinde frutos incontrastables, las interpretaciones políticas sobre el sentido del hecho que acompañan a cada una dejarán lugar a una verdad que hoy cada cual vislumbra según el cristal con que mira.

Vidrios polarizados

El primer indicio provino de la nutrida comunidad boliviana de la zona. En la última década hubo una serie de asaltos con extrema violencia a los quinteros bolivianos que se dedican al cultivo de hortalizas y verduras en Escobar, Campana, Pilar, Villa Rosa, Los Cardales, Capilla del Señor, Luján, Exaltación de la Cruz y General Las Heras. En casi todos los casos fueron objeto de insultos xenófobos y discriminatorios y varios de ellos fueron torturados con corriente eléctrica para que dijeran dónde guardaban sus ahorros, lo cual instaló la sospecha acerca de una posible participación de policías o ex policías. También hubo violaciones y asesinatos horripilantes, como el de una niña de once años. El actual ministro de Seguridad Carlos Arslanian, quien proviene de otra etnia perseguida, se interesó en esos casos e intervino a favor de la comunidad agredida. Varios de esos asaltos fueron esclarecidos. Sobre esa base de confianza dirigentes de esa comunidad llevaron hasta el despacho ministerial a una vecina boliviana que el 27 de diciembre alrededor de las ocho de la noche pasó por la puerta de la casa de Jorge Altamirano en el barrio Lambertucci. Según el relato de la mujer, vio a Gerez en la vereda, apoyado contra un auto estacionado frente a la casa. A lo lejos se divisaba el fuego que estaban preparando. Al seguir su camino hacia otra carnicería del barrio, la mujer vio a una cuadra de la casa una camioneta blanca con vidrios polarizados y varias antenas que avanzaba con llamativa lentitud. Cuando regresó de sus compras media hora más tarde volvió a ver el fuego, pero Gerez ya no estaba en la puerta. Eso no le llamó la atención en el momento, pero lo recordó al día siguiente cuando se enteró que Gerez había sido secuestrado. Como suele ocurrir en grupos discriminados, no confió en la policía ni la justicia y sólo lo comentó con otros miembros de su comunidad. Por eso el dato recién llegó al ministro dos semanas después del secuestro.

La patrulla perdida

La otra pista concurrente surge del sistema electrónico AVL, de reciente instalación. Cada patrullero emite una señal que permite su localización por un satélite de comunicaciones. Desde una consola central los operadores conocen la posición de cada móvil en todo momento y con absoluta precisión. Pero además esos datos electrónicos son almacenados en un disco rígido y pueden ser consultados con sólo ingresar en la computadora del sistema el día, la hora y las coordenadas de la búsqueda. Arslanian quiso conocer el recorrido del patrullero asignado a la cuadrícula correspondiente al domicilio de Altamirano en la noche del secuestro de Gerez. Descubrió así que el vehículo no había cubierto el recorrido asignado. En cambio la grabación electrónica muestra que a la hora del secuestro recorría calles del centro de Escobar que no corresponden a su cuadrícula y que son cubiertas por otros patrulleros. Arslanian ordenó la instrucción de un sumario interno para determinar por qué la dotación de ese móvil abandonó su recorrido justo a la hora señalada. El vehículo tenía dos tripulantes, uno de los cuales estaba en Mar del Plata cumpliendo tareas dentro del Operativo Sol. El viernes una comisión viajó a buscarlo para que respondiera a las preguntas del instructor. Las decisiones sobre el recorrido de los vehículos se toman en la comisaría principal de la jurisdicción.

Un paseo en Landau

En cambio, la fiscal Molinari y su adjunta Palacios han concentrado su actividad investigativa en la propia víctima y su círculo íntimo, rechazan la participación de las fuerzas federales en la pesquisa y sólo aceptan trabajar con el superintendente de Investigaciones en Función Judicial de la policía bonaerense Hugo Matzkin. Esto acentúa la desconfianza del gobierno nacional, que no olvida el episodio que Matzkin produjo en noviembre de 2003 junto con el entonces Procurador General provincial, Eduardo Matías de la Cruz. El Procurador dio a la prensa un informe elaborado por Matzkin en el que se afirmaba que desde teléfonos de la Casa Rosada y de la Jefatura de Estado Mayor del Ejército se habían hecho 26 comunicaciones con personas investigadas por los asesinatos en Bahía Blanca del médico Felipe Glasman y de los adolescentes Victoria Chiaradía y Horacio Iglesia Braun. Las investigaciones posteriores no lo confirmaron, pero la repercusión mediática fue grande y desde el gobierno se atribuyó a una jugada de sectores duhaldistas.

La fiscal Molinari fue designada durante la gestión de Eduardo Duhalde, cuando el apoderado del Partido Justicialista provincial era el concejal de Escobar y actual diputado nacional Jorge Landau. La relación de Landau con Patti se remonta por lo menos a octubre de 1990. El policía fue detenido por el juez Raúl Borrino, luego de que un peritaje comprobara que hizo pasar corriente eléctrica por el cuerpo de los detenidos Mario Bársola y Miguel Guerrero y Landau fue uno de los “vecinos de Pilar” que firmaron una declaración de respaldo a Patti. Una pueblada sobre el juzgado organizada por tales vecinos derivó en una insólita recusación a Borrino, quien fue apartado de la causa, que luego prescribió por una suma de complicidades políticas y de la magistratura. Amigo personal de Duhalde y apoderado del PJ, en 2005 Landau diseñó la ingeniería jurídica que permitió la alianza con Patti: una lista común para el Senado y dos separadas para diputados. De ese modo, Patti obtuvo la banca que la Cámara de Diputados se negó a otorgarle por falta de idoneidad moral, luego de un procedimiento en el que Gerez fue uno de los testigos. En diciembre de 2005, cuando se discutió la suspensión de la jura de Patti, Landau fue el único diputado que lo defendió. Pero en mayo, una vez que la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos se pronunció en contra de su incorporación, Landau evitó el aislamiento votando con la mayoría por el rechazo del título de Patti. Trabajadores judiciales afiliados a ATE sostienen que ambas fiscales no ocultan sus simpatías políticas locales por el PAUFE pattista. No es extraño: en 1995 siete de cada diez votantes llevaron al policía torturador a la intendencia, y la patria judicial nunca se caracterizó por posiciones de avanzada.

El entorno

La línea investigativa que impulsan Molinari y Palacios es la que Patti sugirió en su primera declaración pública: el entorno del propio Gerez. La corresponsalía del diario La Nación en La Plata, donde tiene su sede la Procuración General a cargo de María del Carmen Falbo, ha ido adelantando las sospechas de las fiscales sobre la mujer de Gerez, Mirta Praino; sobre el dueño de casa la noche del secuestro, Jorge Altamirano; sobre el concejal Hugo Cantero, el primero con quien se comunicó Gerez al quedar en libertad; y sobre el dirigente sindical de los trabajadores rurales Orlando Ubiedo. Patti también dijo que Ubiedo había pasado cinco años preso por una extorsión a trabajadores bolivianos. Todos ellos fueron citados a declarar.

La semana pasada Praino se presentó a la fiscalía a comunicar que Gerez viajaría a la Capital para un reportaje radial; Molinari y Palacios la retuvieron en su sede y le tomaron una extensa declaración. Luego ordenaron un allanamiento de su casa, en el que secuestraron el CPU con el disco rígido de su computadora. También se llevaron uno de sus teléfonos celulares, que no había sido declarado. Esa línea, afirman, sólo era usada para comunicarse con un número en la Capital, a cuyo titular también están investigando. La fiscalía ordenó un peritaje del material informático y de las comunicaciones de Praino. Molinari también dijo que evaluaba pedirle a Gerez una ampliación de su testimonio en la causa y que participe de un rastrillaje en busca del galpón cuya precisa descripción hizo ante los técnicos que levantaron el croquis conocido. Los amigos de Gerez afirman que el propio albañil propuso a la fiscalía salir de recorrida con dos o tres expertos de la inteligencia federal, porque no confía en las fuerzas policiales que hasta ahora no han encontrado el lugar. “De ninguna manera”, fue la respuesta de Molinari. Una cuestión que intriga a los investigadores de todas las agencias que intervienen es la imposibilidad de Gerez de recordar cualquier detalle del vehículo en el que fue introducido al salir de la casa de su amigo. “Se entiende que si lo tomaron por sorpresa no haya visto el color de la carrocería. Pero Gerez en una época trabajó como gomero en un taller mecánico y tiene mucho interés en los autos. Es extraño que no pueda decir si era naftero o gasolero, por ejemplo”, dice un funcionario abocado a la pesquisa.

Cuatro de copas

Esta orientación del expediente es favorecida por el comportamiento de los dirigentes políticos que participaron en la denuncia del secuestro y la celebración del reencuentro y que organizaron dos bochornosas conferencias de prensa en un local partidario de Escobar, una antes y otra después de la liberación de Gerez, ambas a la hora exacta de iniciación de los noticieros vespertinos. Una semana después, Emilio Pérsico dijo en el programa A dos voces, que los captores de Gerez lo habían sacado de la casa para dejarlo en libertad antes de que hablara el presidente Kirchner. Ante la sorpresa de sus interlocutores agregó que así constaba en la declaración judicial de Gerez. Cuando desde el gobierno nacional le preguntaron cuál era la fuente de ese dato, que nadie conocía y que no figura en el expediente, el subjefe del gabinete del gobierno de Buenos Aires se disculpó. Lo había dicho sólo para responder al cuestionamiento del jefe del ARI, Carlos Raimundi, quien le recriminaba el uso político de la aparición de Gerez. Acostumbrado al ámbito exclusivo de la ONG Quebracho, que condujo la década anterior, Pérsico no había medido la trascendencia que tendrían sus palabras en un programa de televisión, dijo. Aunque no invocó el shock postraumático, dijo que él también estaba muy nervioso. Le pidieron entonces que explicara en forma pública su error. En vez de eso distribuyó una gacetilla en la que negó haber hecho esa afirmación, que escucharon centenares de miles de personas y que además está grabada para cotejar cualquier duda, dijo que la gravedad del hecho “no admite fisuras ni larvadas interpretaciones que sólo sirven a los enemigos de la recuperación que vive el país” y elogió a los gobiernos de la Nación y de la provincia, de cuya acción se declaró orgulloso. También acusó a “varios medios periodísticos” que querrían aprovechar el secuestro “para llevar agua al molino de los enemigos del gobierno y favorecer a los intereses políticos de quienes no quieren el juzgamiento de los responsables de la desaparición de 30.000 luchadores en el país”. Como en la conferencia de prensa de Gerez, más retórica que precisión.