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“Si se mete conmigo o con mis amigos le vamos a sacar los tanques a la calle.” La frase la pronunció un militar retirado e iba dirigida al juez federal Claudio Bonadío. Se la dijo a una persona muy cercana al magistrado. No tenía dudas de que el “mensaje” iba a llegar. Esta no es la única amenaza que recibió el juez desde que ordenó la detención de 44 represores. Allegados a Bonadío aseguraron que estudia sumar estos hechos al expediente y se prepara para disponer nuevos arrestos.
El miércoles pasado Bonadío sorprendió a civiles y uniformados al reclamar la detención de 32 militares, cuatro ex agentes de inteligencia, seis ex policías, un ex miembro del servicio penitenciario y un ex gendarme. Todos estaban acusados de los secuestros, torturas y asesinatos de dieciocho militantes montoneros en 1980, cuando regresaron al país dentro de la “contraofensiva” planeada por la organización.
La lista de reos incluía al dictador Leopoldo Fortunato Galtieri pero además a un coronel en actividad, Alberto Jorge Crinigan –director de Inteligencia para la Defensa de las Fuerzas Armadas– y un retirado considerado héroe de Malvinas, el general Juan Ramón Mabragaña. No se hicieron esperar los comentarios sobre la “inquietud militar” ni las editoriales asegurando que este hecho era un paso en falso que contribuía a generar mayor “inseguridad jurídica”.
La molestia, que hasta ese momento sólo aparecía impresa en papel de diario, se empezó a corporizar en el juzgado a fines de la semana pasada. El juez aseguró a sus colaboradores que personas muy cercanas a él le habían hecho conocer sugestivos comentarios de militares retirados. El primero es el que se reproduce arriba y habla de “sacar los tanques a la calle”. El segundo provino de otro miembro de las Fuerzas Armadas que tiene en su casa un cuadro con la imagen del ex presidente Carlos Menem. “No sé qué piensa este pibe. No sólo lo está puteando el Ejército sino que el Turco está caliente con él”, le dijo un oficial en retiro a un conocido de Bonadío. La frase llegó al juzgado. El razonamiento por detrás de esta expresión implica que los 44 arrestos ordenados por el magistrado fueron mal recibidos por el ex presidente Carlos Menem y que, por lo tanto, –en estos días en que las internas volvieron a las primeras planas– fueron avalados y hasta impulsados por el presidente Eduardo Duhalde. El argumento no resiste un análisis serio.
Pero en los tribunales de Comodoro Py se ha escuchado todo tipo de especulaciones acerca de las motivaciones que llevaron a Bonadío a avanzar en la causa sobre los desaparecidos del año 1980. Está desde la que proclama todo lo contrario de la que hizo el militar admirador de Menem, es decir, que fue una jugada del menemismo para perjudicar al Gobierno porque altera el humor castrense, hasta la que afirma que fue planeada por un maquiavélico y sutil estratega que vendría a ser el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, para forzar la intervención de la Corte Suprema en las causas en las que se cuestionaron la validez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Lo concreto es que en siete días de trabajo, Bonadío y su secretario, Diego Agüero, interrogaron a 33 acusados. Dos de ellos, Crinigan y el represor Jorge Carlos Olivera Rovere recuperaron su libertad. El primero fue involucrado en la causa porque durante la dictadura estuvo en la central de reunión del Batallón 601. En su descargo, afirmó que trabajó en un grupo “no operativo” que se dedicaba a estudiar las operaciones “de las organizaciones subversivas” (o como también dijo “BDT” –banda de delincuentes terroristas–) para sugerir medidas de seguridad destinadas a prevenir futuros atentados. Olivera Rovere fue liberado porque pasó a retiro a fines de 1977, antes de que se produjeran los secuestros denunciados en esta causa. Se trata de un hombre con suerte, también evitó quedar encerrado en la querella en la que se investiga el plan sistemáticopara apropiarse de los hijos de desaparecidos. Ex segundo comandante del primer Cuerpo de Ejército, fue beneficiado por el indulto menemista.
A Bonadío sólo le resta ahora indagar al último jefe del Ejército de la dictadura, Cristino Nicolaides, que está en su casa de Córdoba cumpliendo el arresto que le impuso el ex juez Adolfo Bagnasco. En 1981 Nicolaides reconoció en una conferencia de prensa que “había desarticulado dos células guerrilleras que habían logrado ingresar al país pese al férreo control de fronteras”. “Yo he tenido la oportunidad de hablar con uno de esos delincuentes y puedo asegurar que tienen un alto nivel de preparación en todos los sentidos”, afirmó.
Si se descartan los dos muertos que había en la lista de los acusados -Edmundo René Ojeda y el gendarme Mariano Rodolfo Pérez– restan ocho prófugos a quienes el juez ordenó buscar dentro y fuera del país. Hasta el viernes, los registros de migraciones no habían computado que hubiesen salido de la Argentina pero se sabe que cruzar las fronteras no es una operación que requiera de un compleja maniobra de espionaje y camuflaje (Ver aparte).
La causa que lleva adelante Bonadío se inició en 1983 con un pedido de hábeas corpus por 15 militantes montoneros que habían desaparecido entre fines de 1979 y principios de 1980 cuando intentaban entrar al país desde el exterior. Ellos eran: Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Jorge Oscar Benítez, Angel Benítez, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Angel Carbajal, Matilde Adela Rodríguez de Carbajal, Raúl Milberg, Ernesto Emilio Ferré Cardozo, Miriam Antonio Fuerichs, Mónica Susana Pinus de Binstock, Marta Elina Libenson, Angel Horacio García Pérez, Horacio Domingo Campiglia y Ricardo Marcos Zucker. Tiempo después fueron agregados en este expediente los casos del cura Jorge Adur y de Lorenzo Viñas (quienes fueron capturados en junio de 1980 en Uruguayana, Brasil, cuando salían de la Argentina) y el de la ex detenida desaparecida Silvia Tolchinsky, secuestrada en setiembre de 1980 en Mendoza, en el paso fronterizo Las Cuevas.
En 1994, ante la Subsecretaría de Derechos Humanos, Tolchinsky relató que fue llevada en un avión a una quinta cercana a Campo de Mayo, donde pudo ver a Viñas. La mujer se escapó del país dos años después, mientras estaba en “libertad vigilada”, y está casada actualmente con Claudio Scagliuzzi, quien está detenido en Barcelona por pedido de Bonadío porque fue señalado como ex agente de inteligencia.
En octubre de 1997, en el programa del mediodía de Mauro Viale, el sargento retirado del Ejército Nelson Ramón González aseguró que Zucker estaba enterrado en Campo de Mayo y que el Ejército lo perseguía porque tenía “listas”. La sorpresiva aparición de un supuesto “arrepentido” hizo que la ex subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Pierini, hiciera una denuncia, que fue reactivada por Claudia Allegrini –viuda de Viñas– cuando se presentó ante Bonadío con un artículo publicado por un diario brasileño en el que un militar de ese país admitía la participación de las fuerzas conjuntas argentinas y brasileñas en el operativo en el que se detuvo a su esposo en Uruguayana.
Con estos datos y basados en la declaración de Tolchinsky y documentos secretos del Batallón 601, Bonadío y Agüero iniciaron una investigación que, luego de cuatro años, produjo el arresto de Galtieri. El dictador había sido condenado por la aventura de la guerra de Malvinas (e indultado) pero había sido liberado de culpa y cargo en el juicio a las Juntas Militares a pesar de que la fiscalía lo había acusado de numerosos delitos. La pesquisa, además, parece encaminada a revolver en una cueva aún poco inexplorada pero muy relacionada con los crímenes aberrantes cometidos durante la última dictadura: el Batallón de Inteligencia 601. A pesar de la reserva con que se manejan los investigadores, colaboradores del magistrado aseguraron que las indirectas y directas quellegan a Comodoro Py preocupan a Bonadío. Sin embargo, esas mismas personas coincidieron en que los interrogatorios que se realizaron la semana pasada produjeron un importante avance en la causa. Además de las indagatorias a los acusados, el juez escuchó con especial interés a dos testigos que provienen de las fuerzas de seguridad. Uno de ellos es el coronel retirado Francisco Cabrera Carranza, quien se desempeñó en el área de inteligencia a las órdenes de Nicolaides. Con la información reunida desde el jueves 11 el juez estaría en condiciones de ordenar nuevas detenciones, aunque este paso no se produciría inmediatamente.